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Nueva Ley Antiterrorista en Chile: Todo lo que necesitas saber sobre sus penas, delitos y herramientas contra el crimen organizado

Ilustración refuerzo a la seguridad en Chile Imagen generada con IA. Click para ampliar T
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Este martes, en el Palacio de La Moneda, el presidente Gabriel Boric promulgó la nueva Ley Antiterrorista, destacando que esta norma moderniza la legislación para enfrentar de manera más efectiva el crimen organizado. Durante el acto, el mandatario enfatizó que “Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia”, subrayando la necesidad de un consenso político para combatir estas amenazas. La nueva ley introduce penas más severas para quienes integren asociaciones terroristas, facilita la persecución de delitos de esta índole y otorga mayores facultades investigativas al Estado.

Puntos Claves:

  • Modernización de la Ley Antiterrorista: La nueva normativa reemplaza la Ley 18.314, vigente desde 1984 y creada en dictadura, por una legislación más alineada con estándares internacionales, tomando como referencia las normativas de España, Alemania y Estados Unidos.
  • Facultades del Ministerio de Seguridad Pública: La nueva ley otorga al recién creado Ministerio de Seguridad Pública la capacidad de querellarse en casos de terrorismo y la obligación de presentar al Presidente de la República una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas, incluyendo una propuesta de reparación para las víctimas.
Definición y sanción del delito terrorista
  • Nuevas penas para integrantes de asociaciones terroristas: Se establecen sanciones específicas para quienes pertenezcan a una organización con fines terroristas, independientemente de que cometan o no delitos. Las penas varían según el grado de participación:
    • Jefes, fundadores y financistas: Presidio mayor en su grado medio (10 años y 1 día a 15 años).
    • Encargados de reclutar o entrenar en combate: Presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y 1 día a 15 años).
    • Miembros generales de la organización: Presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años).
  • Delitos individuales considerados terroristas: La ley sanciona con penas agravadas crímenes como amenazas, robo con violencia, extorsión, porte y fabricación de explosivos, lavado de activos, tráfico de drogas y delitos informáticos cuando se cometan con fines terroristas.
  • Figura del “lobo solitario”: Se introduce la tipificación de individuos que cometan actos terroristas sin pertenecer formalmente a una organización. Si actúan en adhesión a una asociación terrorista, recibirán una pena aumentada en un grado.
  • Atentados contra autoridades: Quienes atenten contra autoridades públicas y causen su muerte recibirán penas de presidio perpetuo a perpetuo calificado. Si generan lesiones graves, la pena será de 15 a 20 años.
  • Sanción a funcionarios públicos: Si un funcionario público comete un acto terrorista, la pena se agravará en un grado y se le inhabilitará de ejercer cargos en el Estado.
Nuevas herramientas investigativas y cooperación judicial
  • Técnicas especiales de investigación: La ley armoniza su aplicación con otras normativas sobre crimen organizado y reincidencia, permitiendo la interceptación de comunicaciones, el uso de agentes encubiertos, registro de equipos informáticos y la captación de imágenes o sonidos de manera encubierta. Además, se habilita el uso del dispositivo IMSI Catcher para rastrear celulares y direcciones IP.
  • Protección a jueces, fiscales y testigos: Se establecen medidas para resguardar a los funcionarios judiciales que participen en casos de terrorismo.
  • Reubicación de juicios en Santiago: En situaciones de alarma pública o alta complejidad, el fiscal podrá solicitar a la Corte Suprema trasladar la causa a un tribunal de la capital para su tramitación.
Reacciones y debate político
  • Amplio respaldo en el Congreso: La nueva Ley Antiterrorista fue aprobada con apoyo transversal en diciembre de 2024, como parte de una estrategia del Gobierno para fortalecer la seguridad.
  • Intentos de impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC): Algunos parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio intentaron presentar reservas de constitucionalidad, especialmente contra el uso del IMSI Catcher. Sin embargo, el TC no consideró los reclamos debido a la falta de apoyo suficiente en el Congreso, sentando un precedente sobre la validez de estos recursos.

La promulgación de esta nueva ley se enmarca en un contexto de crisis de seguridad en Chile, con un alza significativa en los delitos violentos y la consolidación de bandas criminales organizadas. El gobierno ha impulsado más de 60 leyes en materia de seguridad y promete seguir avanzando en 2025 con medidas para reforzar el control fronterizo y mejorar el equipamiento de las fuerzas policiales.