Patio Bellavista exige millonaria indemnización al Estado por inseguridad desde el estallido social
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La empresa Inversiones Las Arenas Ltda., propietaria de Patio Bellavista, presentó una demanda por $13.744 millones contra el Estado de Chile, acusando “falta de servicio” en materia de seguridad tras el estallido social de octubre de 2019. La acción legal destaca graves perjuicios económicos, un entorno inviable para operar y la frustración de proyectos de expansión debido a la violencia descontrolada en el sector.
Puntos Claves:
- Demanda millonaria presentada ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago: Inversiones Las Arenas Ltda., dueña de Patio Bellavista, exige $13.744 millones al Estado, argumentando que la inseguridad en la zona tras el estallido social ha generado pérdidas económicas severas y daños a su actividad comercial.
- Deterioro del entorno de Plaza Baquedano: Según la empresa, Plaza Italia y sus alrededores se transformaron en una “zona de sacrificio”, comparable a áreas afectadas por desastres ambientales, pero centrada en problemas de seguridad pública. Esto provocó el éxodo de locatarios y una drástica disminución de visitas al recinto.
- Impacto económico significativo: Antes del estallido social, Patio Bellavista recibía 125.545 visitas semanales. En enero de 2023, esta cifra había disminuido en un 45,5%. Además, los ingresos por arriendos cayeron un 27,6% respecto a los niveles de 2018.
- Reconocimiento de autoridades: El Ministro de Economía, Nicolás Grau, pidió disculpas en 2022 por la incapacidad del Estado para garantizar un entorno seguro, pero, según la demanda, no se tomaron medidas efectivas para resolver la problemática.
- Plan de expansión frustrado: Un proyecto de $43.210 millones, que incluía nuevos restaurantes, locales comerciales y espacios de coworking, quedó paralizado por el entorno inseguro. La empresa también renegoció su deuda siete veces, incrementándola de 916.575 UF ($35.227 millones) a 1.085.599 UF ($41.723 millones).
- Falta de acción del Estado: La demanda, patrocinada por el estudio Ovalle Consejeros Legales, subraya la responsabilidad constitucional del Gobierno y el Ministerio del Interior en garantizar el orden público, afirmando que su omisión agravó la situación.
La acción legal destaca la importancia del Estado en mantener un entorno seguro para la actividad económica, argumentando que su “falta de servicio” generó un impacto irreversible en Patio Bellavista y el barrio Bellavista en general.
El caso de Patio Bellavista refleja las consecuencias económicas y sociales derivadas del estallido social de 2019 y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y garantizar un entorno propicio para el desarrollo económico y social. La resolución de esta demanda será un precedente importante en la relación entre el sector privado y las responsabilidades estatales.
