Masacre en Pataz: hallan asesinados a 13 trabajadores mineros secuestrados por mafias de minería ilegal en La Libertad, Perú

El hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores mineros secuestrados en la provincia de Pataz, región La Libertad, expuso el alarmante nivel de violencia que enfrentan quienes laboran en zonas dominadas por bandas asociadas a la minería ilegal en Perú. La masacre ha generado duras críticas contra las autoridades por su inacción, en un contexto donde la región lleva más de un año bajo estado de emergencia.

Puntos Claves:

• Secuestro y asesinato de 13 trabajadores mineros: Los 13 hombres trabajaban para la empresa R&R, contratista de Minera Poderosa, y fueron secuestrados el 25 de abril mientras operaban en un socavón de la provincia de Pataz, región La Libertad. El último contacto con sus familias fue el 27 de abril. Los cuerpos fueron hallados el domingo 4 de mayo, desnudos, maniatados y con disparos en la cabeza, evidenciando una ejecución sistemática.
• Exigencia de rescate y posible ejecución temprana: Según reportes, los secuestradores exigieron 4 millones de soles para la liberación de los mineros. Sin embargo, familiares aseguran que las víctimas habrían sido asesinadas la misma noche del secuestro. Un video que circuló posteriormente mostraría el momento de la ejecución.
• Críticas a la inacción de la Policía Nacional: Familiares denunciaron que las autoridades conocían la ubicación de los secuestrados desde el inicio, pero no actuaron. Aseguran que fueron compañeros de trabajo quienes encontraron los cuerpos, no la policía. “Desde un comienzo les dijimos que ellos se encontraban en el mismo punto porque a ellos nunca los movieron”, indicó un familiar a los medios.
• Respuesta tardía del Gobierno y dudas iniciales sobre el secuestro: El primer ministro Gustavo Adrianzén puso en duda la veracidad del secuestro el 30 de abril. La presidenta Dina Boluarte recién decretó toque de queda y control militar en la zona el 6 de mayo, después de que se confirmara la masacre.
• Estado de emergencia y nueva medida extrema: Pataz ya estaba bajo estado de emergencia desde febrero de 2024 por el avance del crimen vinculado a la minería ilegal. Ahora, el gobierno ha decretado toque de queda de 6 PM a 6 AM, ordenado el control de las Fuerzas Armadas y suspendido toda actividad minera en la provincia por 30 días prorrogables.
• Violencia sistemática en la zona minera de Pataz: Desde 2020, al menos 39 trabajadores mineros y contratistas han sido asesinados en esta zona. La empresa Poderosa calificó a Pataz como “territorio sin ley” y criticó al Congreso y al Ejecutivo por permitir la continuidad del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que, según afirman, ha sido un “manto protector” para operaciones ilegales.
• Impacto nacional de la minería ilegal: La minería ilegal mueve hasta 3.000 millones de dólares al año en Perú, generando violencia, explotación sexual y destrucción ambiental. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía estima pérdidas por más de 6.200 millones de dólares anuales debido a esta actividad. En zonas como Madre de Dios y Puno, la situación también es crítica.
• Indignación ciudadana y exigencia de justicia: Los familiares de las víctimas exigen justicia y aseguran haber sido ignorados por las autoridades. “Que las autoridades hagan su trabajo y esto no quede impune (…) Vamos a llegar hasta el último”, declaró uno de los deudos.
• Identidad de las víctimas: Las 13 personas asesinadas fueron identificadas como:
  • Jefry Stiven Padilla Hidalgo
  • Juan Joel Ñaupari Salva
  • Yobal Martínez García
  • César Rospigliosi Arellano
  • Franklin Vicente Facundo Inga
  • Jhon Cristian Facundo Inga
  • Frank Jesús Monzón Valeriano
  • Nilver Joel Pérez Chuquipoma
  • Josué Carbonel Beltrán
  • Darwin Javier Coveñas Panta
  • Wilmer Chávez Mijahuanca
  • Deyther Domínguez Ramírez
  • Mego Yumbato Huacho
• Apoyo solicitado por familiares: Las familias enfrentan dificultades para trasladar los cuerpos desde Trujillo a sus localidades de origen. En el caso de Deiter Domínguez, su familia solicitó ayuda al Ministerio del Interior para llevar su cuerpo a Tumbes.

La masacre de los 13 trabajadores mineros ha dejado en evidencia la brutalidad con la que operan las mafias de la minería ilegal en Perú y la profunda crisis de seguridad que afecta a regiones como La Libertad. La violencia y la impunidad siguen escalando, mientras los familiares de las víctimas claman por respuestas, justicia y acciones concretas del Estado.

La tragedia de Pataz no es un caso aislado. Es el reflejo de un sistema que ha fallado en proteger a quienes se esfuerzan por trabajar de forma honesta en medio de territorios dominados por el crimen organizado. La sociedad peruana enfrenta un desafío urgente: detener la barbarie antes de que cueste más vidas.