Este martes, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad. La decisión, adoptada por unanimidad, marca un hito histórico en la política argentina y cierra definitivamente las puertas a una nueva postulación de la líder peronista.
Puntos Claves:
- Fallo unánime de la Corte Suprema confirma condena por corrupción: La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por la defensa de Cristina Fernández y dejó firme la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal en diciembre de 2022. Los tres jueces del máximo tribunal —Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti— coincidieron en confirmar la pena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, así como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
- Irregularidades en 51 obras públicas adjudicadas a Lázaro Báez: La causa, conocida como Causa Vialidad, se refiere a la concesión de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La Justicia determinó que cerca del 85% de los contratos viales fueron adjudicados a empresas de Lázaro Báez, amigo personal de los Kirchner, en un esquema que implicó beneficios económicos personales a través de contratos con empresas familiares de Fernández.
- El rol central de Fernández en una “maquinaria de corrupción”: Según la sentencia, la expresidenta tuvo un “rol central” en una estructura de corrupción, señalando sus “lazos promiscuos y corruptos” con Báez. La Corte destacó que las adjudicaciones priorizaron beneficios privados por sobre los intereses del Estado, lo que constituye una grave falta en el ejercicio del poder público.
- La expresidenta apela a la victimización política: En declaraciones recientes, Cristina Fernández se autodefinió como una “fusilada que vive” y calificó la sentencia como un “certificado de dignidad”. Acusó al Poder Judicial de actuar como “tres monigotes” al servicio de “un poder económico concentrado” y afirmó que el fallo tiene un “calendario electoral diseñado” para excluirla de los próximos comicios legislativos.
- Solicita prisión domiciliaria y rechaza uso de tobillera electrónica: Fernández, de 72 años, solicitó cumplir su condena en su residencia en el barrio Constitución, amparada en su edad y en la ley argentina que permite arresto domiciliario para mayores de 70 años. Su defensa pidió además no utilizar tobillera electrónica, aludiendo a “secretos de Estado” y al intento de homicidio que sufrió en 2022 como argumentos de seguridad.
- El presidente Milei celebra el fallo: Javier Milei reaccionó rápidamente al fallo publicando en X: “Justicia. Fin”. Más adelante criticó duramente a la prensa y desestimó rumores sobre un supuesto “pacto de impunidad”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, agregó: “Muy extraño resultó el ‘pacto de impunidad’. Fin”.
- Reacciones políticas y sociales divididas: Si bien sectores del kirchnerismo acusan una persecución judicial, otros analistas como Pablo Lacoste consideran que el fallo marca un “día histórico” comparable con los juicios a las juntas militares de 1985. Lacoste aseguró que “se termina la carrera política de Cristina Fernández” y consideró la sentencia un alivio para la sociedad argentina.
- Fin de una era para el kirchnerismo: Cristina Fernández, dos veces presidenta y figura clave del peronismo, ha dominado la política argentina durante más de dos décadas. Su ascenso desde el Senado hasta la presidencia, y luego a la vicepresidencia, estuvo acompañado de un fuerte liderazgo, polarización social y denuncias de corrupción. La ratificación de esta condena representa un punto de inflexión que podría reconfigurar el mapa político de Argentina.
- Comparación histórica y consecuencias a largo plazo: El fallo contra Fernández podría tener un efecto estabilizador institucional, fortaleciendo la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, también plantea desafíos a corto plazo, como posibles movilizaciones sociales impulsadas por sectores sindicales y políticos afines al kirchnerismo, en un clima de creciente tensión económica y social bajo el gobierno de Milei.
La decisión de la Corte Suprema cierra una etapa marcada por el poder absoluto, el clientelismo estatal y escándalos de corrupción que durante años afectaron la confianza en las instituciones argentinas. Aunque Fernández aún podría cumplir su condena en prisión domiciliaria, el fallo representa un hito simbólico: por primera vez, una figura del más alto nivel político en Argentina recibe una condena penal firme por corrupción.
Para sus seguidores, Cristina Fernández seguirá siendo una víctima del “lawfare”; para sus detractores, es el emblema de la impunidad que finalmente empieza a derrumbarse. En cualquier caso, el país asiste al fin de una era, con todas las implicancias políticas y sociales que ello conlleva.