China exige mayor seguridad en Chile tras ataque incendiario a central Rucalhue en Santa Bárbara: pérdidas por $4 mil millones y tensión diplomática

El gobierno chino, a través de su embajada en Chile, exigió al presidente Gabriel Boric una investigación exhaustiva y medidas concretas de seguridad tras el violento ataque incendiario ocurrido la madrugada del domingo en Santa Bárbara, Región del Bío Bío. La central hidroeléctrica Rucalhue, propiedad de una filial de la corporación estatal China International Water & Electric Corp (CWE), fue objeto de un atentado que dejó al menos 50 vehículos destruidos y pérdidas estimadas en $4.000 millones. El hecho ha generado reacciones del Ejecutivo, que anunció una querella por Ley Antiterrorista, y ha encendido las alarmas respecto a la seguridad de inversiones extranjeras en el sur del país.

Puntos Claves:

• Grave ataque incendiario a central hidroeléctrica Rucalhue: Durante la madrugada del domingo, cerca de las 02:30 horas, un grupo estimado en 12 personas ingresó a las faenas de la central en construcción Rucalhue, en Santa Bárbara, Región del Bío Bío. Maniataron a dos de los cuatro guardias presentes, utilizando armas de fuego, y posteriormente incendiaron masivamente la maquinaria en el lugar.
• Destrucción de maquinaria y cuantiosas pérdidas: Según la información entregada por Carabineros, fueron quemados al menos 45 camiones, un camión de combustible, una moto niveladora y dos excavadoras. La empresa afectada estimó las pérdidas en torno a los $4.000 millones, afectando gravemente a empresas subcontratistas.
• Reacción del gobierno chino: La Embajada de China en Chile emitió un comunicado exigiendo una “investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad, tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile”. Señalaron que este tipo de actos “socavan gravemente la confianza de las empresas chinas en la seguridad local”.
• Respuesta del presidente Gabriel Boric y el Ejecutivo: El mandatario expresó su condena al atentado y aseguró que se perseguirá a los responsables con todo el peso de la ley. Además, anunció una querella invocando la Ley Antiterrorista. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, enfatizó que el Gobierno no permitirá que la violencia afecte las inversiones, y reafirmó el compromiso con el Estado de derecho.
• Declaraciones de autoridades regionales y gremios: El delegado presidencial del Bío Bío, Eduardo Pacheco, confirmó que se presentará una querella sustentada en la nueva Ley Antiterrorista. Gremios como Irade y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones calificaron el ataque como un punto de inflexión, exigiendo acciones urgentes del Gobierno. “La violencia en el sur del país llegó a un punto límite”, señalaron desde la CNDC.
• Evaluación del impacto y acciones legales: Rucalhue Energía SpA rechazó el atentado y aseguró estar colaborando activamente con las autoridades. Informaron que iniciarán acciones legales y que están evaluando las pérdidas, aclarando que el proyecto cumple con toda la normativa vigente y ha sido desarrollado de forma transparente ante las instituciones del Estado.
• Hallazgo de lienzo reivindicatorio y posible motivación política: En el sitio del ataque se encontró un lienzo con mensajes que pedían “Libertad a Luis Tranamil y todos los P.P.M.”, así como referencias a causas mapuche y a figuras como Jordan Llempi y Matías Catrileo. El mensaje concluye con la frase “Nuestro objetivo es todo el Wallmapu”.
• Contexto de las relaciones Chile-China: China es el principal socio comercial de Chile y uno de los mayores inversionistas en sectores estratégicos como el energético, salmonero y minero. Las relaciones se han fortalecido con el Tratado de Libre Comercio firmado en 2005 y actualizado en 2019.
• Gobierno destaca políticas en la Macrozona Sur: La vocera subrogante de Gobierno, Aisén Etcheverry, resaltó que los hechos son graves, pero que las políticas aplicadas en la zona han reducido los hechos de violencia en un 70% respecto a 2021, y en un 48% en 2024 en comparación con 2023 en regiones como La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La magnitud del atentado y la presión diplomática ejercida por China han elevado el nivel de tensión y urgencia por parte del Gobierno chileno, que ahora enfrenta el desafío de fortalecer la seguridad en el sur del país, especialmente en proyectos estratégicos con inversión extranjera. La empresa afectada y el Ejecutivo han coincidido en que este tipo de actos no pueden quedar impunes y deben ser abordados con firmeza.

El incidente pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en zonas de conflicto y el impacto directo que puede tener en la confianza internacional sobre Chile como destino de inversiones. Las víctimas del atentado, tanto trabajadores como comunidades locales y pequeños contratistas, quedan al centro de una problemática que exige soluciones estructurales y coordinadas.