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Violenta emboscada armada en Ercilla (Región de La Araucanía) deja a funcionario de Cesfam herido de bala durante operativo rural

Ilustración asalto en zona rural a camionetas municipales y de fumigacion ercilla Imagen generada con IA. Click para ampliar T
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Un violento ataque armado ocurrido la mañana de este sábado en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, dejó a un funcionario del Centro de Salud Familiar (Cesfam) herido de bala, luego de que él y un compañero fueran emboscados mientras realizaban una ronda de comisión de servicio. Los hechos ocurrieron en el sector rural de Chacaico, en medio de un operativo sanitario conjunto con una empresa de fumigación, lo que ha generado una ola de condenas por parte de autoridades y gremios de salud.

Puntos Claves:

  • Funcionarios de Cesfam emboscados en ruta rural de Ercilla:
    Durante la mañana del sábado, un equipo del Cesfam de Ercilla fue interceptado por un grupo de sujetos armados y encapuchados en la ruta hacia la posta rural de Chacaico. El equipo se encontraba realizando un operativo sanitario en colaboración con la empresa Insecplagas.
  • Ataque armado dejó a un funcionario herido de bala:
    Los atacantes, movilizados en una camioneta negra, intimidaron al personal del Cesfam, efectuando disparos. Uno de los proyectiles rebotó en el suelo e impactó la pierna derecha de un nutricionista, quien fue posteriormente trasladado al Hospital de Victoria. Su estado de salud se encuentra fuera de riesgo vital.
  • Robo de vehículo institucional:
    Además de agredir al personal, los agresores sustrajeron la camioneta municipal Nissan Navara en la que se desplazaban los funcionarios. El vehículo estaba equipado con GPS y fue visto huyendo hacia el poniente.
  • Declaraciones del municipio y activación de protocolos:
    La Municipalidad de Ercilla informó que se activaron de inmediato todos los protocolos de seguridad y se realizaron las denuncias pertinentes. En un comunicado, destacaron que “a pesar de la gravedad de la situación, ambos funcionarios se encuentran fuera de riesgo y ya han sido derivados a los centros asistenciales correspondientes para recibir atención médica”.
  • Reacciones de asociaciones gremiales y autoridades de salud:
    La Asociación de Funcionarios de Salud Municipal (Afusam) de Ercilla expresó su “más profundo repudio y rechazo” ante la “cobarde agresión”, señalando que el hecho provocó no solo daños físicos y psicológicos, sino también una pérdida material significativa. Por su parte, la Confusam instó al gobierno a garantizar condiciones mínimas de seguridad para el personal de Atención Primaria, recalcando que “no es aceptable que funcionarios públicos deban ejercer su vocación bajo amenazas sin respaldo ni protocolos adecuados”.
  • Suspensión de atención y convocatoria a asamblea:
    Afusam Ercilla informó que el lunes 5 de mayo no se atenderá al público en señal de protesta, ya que realizarán una asamblea interna para definir las medidas a seguir tras este grave episodio de violencia.
  • Condena del Ministerio de Salud:
    El Ministerio de Salud condenó el ataque a través de redes sociales, señalando que “su labor es esencial para el bienestar de la sociedad, y merecen respeto y seguridad en el desempeño de sus funciones”.
  • Boric también condenó el ataque:
    El mandatario menciona «Como en todos estos casos los perseguiremos, los encontraremos y el Estado hará valer el peso de la ley y nuestro Estado de derecho» y condena lo sucedido. Aunque el mensaje es simple y no hay mayor análisis de contexto o plan de acción, es esperable que dentro de las siguientes horas exista un pronunciamiento más profundo de parte del gobierno.

A pesar de la violencia del ataque, se confirmó que los dos funcionarios se encuentran fuera de riesgo vital y están recibiendo atención médica. El hecho ha provocado indignación entre autoridades, comunidades y gremios del área de salud, que exigen respuestas claras y acciones concretas para prevenir este tipo de agresiones en el futuro.

Este nuevo hecho de violencia en la Macrozona Sur reabre el debate sobre la seguridad del personal de salud y otros funcionarios públicos que desarrollan labores en terreno en zonas de conflicto y el costo de vivir cerca de zonas con alta peligrosidad o derechamente terrorismo.