El ex jefe de gabinete de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, J.E.M.V., fue formalizado por el delito de violación contra una funcionaria subordinada. La denuncia fue presentada el mismo día del ataque, el 13 de agosto de 2023, pero a pesar de la gravedad del caso, el imputado continuó en su cargo por más de un año, cobrando sueldo estatal y ejerciendo funciones en la delegación. La víctima, quien había viajado sola desde Santiago para trabajar en Puerto Natales, quedó completamente desamparada por las autoridades. Este nuevo escándalo deja en evidencia la contradicción de un gobierno que se autodenomina feminista, pero que protege a los agresores cuando son parte del oficialismo.
Puntos Claves:
Graves acusaciones de violación y pruebas contundentes
- El ataque ocurrió el 13 de agosto de 2023: La víctima, una funcionaria de la Delegación Presidencial de Última Esperanza, fue violada por su jefe en su domicilio tras compartir bebidas alcohólicas en distintos locales nocturnos de Puerto Natales.
- La víctima estaba en una posición vulnerable: Había viajado sola desde Santiago para asumir su trabajo en la delegación, sin familiares ni redes de apoyo en la zona.
- Denuncia inmediata: La víctima logró presentar la denuncia ese mismo día ante Carabineros, lo que permitió una rápida recopilación de pruebas.
- Evidencia clave:
- Registros de cámaras de seguridad muestran la inestabilidad de la víctima debido al consumo de alcohol, lo que le impidió defenderse.
- Informes periciales confirman el uso de fuerza en el ataque.
- Intento de contacto con la pareja de la víctima el mismo día de los hechos, lo que fue considerado un agravante.
- Prisión preventiva para el imputado: La jueza Marianela Chacur acogió la solicitud de la Fiscalía, considerando la gravedad del delito y el peligro que representa su libertad para la víctima y la sociedad.
Más de un año de impunidad: Gobierno permitió que siguiera en su cargo
- El imputado siguió trabajando en la delegación hasta octubre de 2024: A pesar de la denuncia, el gobierno no tomó medidas inmediatas, permitiendo que J.E.M.V. continuara en su cargo por más de un año.
- Responsabilidad de las autoridades:
- La ex delegada Romina Álvarez aseguró que denunció el caso ante la Policía de Investigaciones, pero el sumario administrativo tardó más de un año en resolverse.
- En julio de 2024 asumió el delegado Guillermo Ruiz Santana, quien tampoco removió al imputado de inmediato.
- Excusas del Gobierno: Desde la Delegación Presidencial argumentaron que el Estatuto Administrativo impide suspender sueldos antes de una destitución, permitiendo que el acusado cobrara remuneraciones estatales mientras era investigado por violación.
Meganoticias publicó recientemente un reportaje sobre este caso poco conocido, ofreciendo una perspectiva más humana de lo sucedido:
“Monsalve lo sabía desde el día cero”: Habla familia de mujer que denunció por violación a funcionario de Gobierno
El jefe de gabinete de la Delegación Presidencial de Puerto Natales habría violado a una subalterna. La presunta víctima denunció al agresor horas después del ataque, cuando Manuel Monsalve aún era subsecretario del Interior.
La administración de Gabriel Boric ha basado su discurso en la lucha feminista, pero este caso demuestra que la supuesta agenda de género del gobierno es selectiva. Cuando el acusado pertenece al oficialismo, el feminismo se silencia y las víctimas quedan abandonadas.
La víctima no solo enfrentó una agresión brutal, sino también el abandono del Estado. Viajó sola desde Santiago a Puerto Natales con la esperanza de un desarrollo profesional, pero en lugar de respaldo y justicia, encontró impunidad y negligencia. La contradicción de un gobierno que dice defender los derechos de las mujeres, pero protege a sus agresores, no solo es una traición a las víctimas, sino también una señal de que el poder sigue protegiendo a los suyos, sin importar las consecuencias.