El brutal secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en Chile, ocurrido en febrero de 2024, ha desatado una grave preocupación internacional, especialmente después de que un reportaje de The New York Times revelara que agentes de contrainteligencia del régimen de Nicolás Maduro habrían operado desde la embajada de Venezuela en Santiago para ejecutar el crimen. Las investigaciones apuntan a un móvil político, una presunta orden directa desde Caracas y una amenaza latente contra otros opositores venezolanos en el extranjero.
Puntos Claves:
- Secuestro y asesinato de Ronald Ojeda en Chile:
Ronald Ojeda, exteniente del ejército venezolano y opositor al régimen de Nicolás Maduro, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 desde su domicilio en Santiago por cinco individuos que se hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI). Nueve días después, su cuerpo fue encontrado en una toma en Maipú, enterrado bajo metro y medio de cemento y dentro de una maleta. La Fiscalía chilena descartó desde el inicio que se tratara de un secuestro extorsivo, confirmando que no hubo solicitudes de rescate, lo que llevó a considerar un móvil político detrás del asesinato. - Móvil político y vinculación con el régimen de Maduro:
Según el fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), las primeras etapas de la investigación incluyeron el nombre de Diosdado Cabello, mano derecha de Maduro y ministro del Interior en Venezuela. “Este crimen tenía un móvil político y no fue un caso de extorsión ni de dinero. Fue un sicariato encargado por el Tren de Aragua”, afirmó el fiscal Barros. La víctima había sido calificada de «traidor» por el régimen chavista, tras ser vinculada con presuntos planes para derrocar a Nicolás Maduro. - Presunta participación de Diosdado Cabello y el Tren de Aragua:
Testimonios protegidos mencionan directamente a Diosdado Cabello como quien habría dado la orden del secuestro y asesinato. “Se me dijo que Diosdado Cabello dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, declaró un testigo a CHV Noticias. El pago habría sido realizado en Perú, según el relato de otro testigo, lo que sugiere una coordinación internacional para ejecutar el crimen. Los presuntos autores materiales serían integrantes de la banda “Los Piratas de Aragua”, brazo operativo del Tren de Aragua en Chile. - Operación desde la embajada venezolana en Santiago:
The New York Times reveló, citando fuentes anónimas cercanas a la investigación, que agentes de contrainteligencia venezolanos habrían operado desde la embajada de Venezuela en Santiago para planificar el asesinato de Ojeda. Según el medio estadounidense, esta táctica reflejaría una estrategia similar a la utilizada por Rusia bajo el liderazgo de Vladimir Putin, consistente en perseguir y asesinar disidentes en el extranjero. Actualmente, la embajada venezolana en Chile se encuentra cerrada, lo que ha dificultado diversos trámites migratorios para ciudadanos venezolanos residentes en el país. - Reacción de autoridades chilenas ante la posible injerencia extranjera:
La ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció la gravedad de la situación y aseguró que, si se confirma la participación de agentes extranjeros, se tomarán medidas en consecuencia. “Si esta investigación continúa confirmando esos elementos, ciertamente va a haber muchas definiciones que tomar. El Estado de Chile no va a dejar pasar esto sin tomar acciones… lo consideramos de una enorme gravedad”, advirtió Tohá. Por su parte, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, reiteró que la investigación está en manos del Ministerio Público y que el Gobierno seguirá colaborando estrechamente con la Fiscalía para esclarecer los hechos. - Fiscal venezolano desacredita a la Fiscalía chilena:
Desde Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab negó cualquier participación del régimen en el crimen y lanzó duras críticas contra las autoridades chilenas. “Esto fue una operación de falsa bandera que el propio Estado chileno encubrió”, declaró Saab, agregando que “no hay Fiscalía más pirata en el mundo que la chilena”. Estas declaraciones han sido interpretadas como un intento de desviar la atención de las graves acusaciones en contra del gobierno venezolano. - Miedo entre exiliados venezolanos y temor a más asesinatos:
El exfiscal venezolano Zair Mundaray, actualmente exiliado, manifestó su preocupación ante este modus operandi. “Ahorita todo el mundo tiene miedo. Nadie dice dónde están ni cómo se refugiaron”, comentó, destacando que el asesinato de Ojeda marcó un punto de inflexión para los disidentes venezolanos que viven en el extranjero. Mundaray aseguró haber recibido amenazas de posibles agentes venezolanos, lo que aumenta la incertidumbre y el temor en la comunidad de exiliados. - Presiones políticas internas en Chile:
El Partido Republicano solicitó al Gobierno convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para evaluar las medidas a tomar ante la posible injerencia extranjera. “Esto es una amenaza directa a nuestra soberanía. Exigimos que el Cosena aborde este tema con la urgencia que amerita”, declaró el diputado Luis Fernando Sánchez. Otros sectores políticos han exigido medidas claras y contundentes para proteger al país de posibles operaciones encubiertas dirigidas desde el extranjero. - Comparaciones con tácticas de Rusia y su impacto internacional:
El artículo de The New York Times destacó las similitudes entre este crimen y las tácticas utilizadas por Rusia para eliminar disidentes en el extranjero. De confirmarse la participación de agentes venezolanos, el régimen de Maduro estaría replicando estas prácticas, lo que podría derivar en sanciones internacionales y una mayor presión diplomática contra Caracas.
El asesinato de Ronald Ojeda no solo ha conmocionado a Chile, sino que ha encendido las alarmas a nivel internacional sobre la creciente presencia e influencia de organizaciones criminales extranjeras en el país. La posible participación de agentes venezolanos desde una sede diplomática plantea un desafío para las autoridades nacionales y para la protección de los disidentes políticos que buscan refugio en el extranjero.
Mientras la investigación avanza, la comunidad internacional observa con atención, y el Gobierno chileno mantiene abierta la posibilidad de tomar acciones contundentes si se comprueba que el crimen fue orquestado desde Venezuela, en lo que podría constituir un caso inédito de injerencia política y criminal en territorio nacional.