Finaliza Comisión para la Paz sin unanimidad: conflicto mapuche en el sur divide posturas pese a amplio consenso

El trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento llegó a su fin este 30 de abril, tras casi dos años de funcionamiento. Aunque la propuesta final fue aprobada por siete de los ocho comisionados, el rechazo de Sebastián Naveillán impidió alcanzar la unanimidad, generando críticas desde sectores políticos y gremiales. El documento será entregado al Presidente Gabriel Boric en los próximos días, en medio de expectativas y tensiones respecto a su contenido.

Puntos Claves:

• Culmina labor de la Comisión para la Paz y el Entendimiento:
  La comisión fue creada en junio de 2023 mediante el Decreto N°14, con el objetivo de asesorar al Presidente en la búsqueda de soluciones estructurales al conflicto territorial que afecta a las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. A lo largo de su mandato, la instancia desarrolló 55 sesiones oficiales, 146 audiencias, 58 encuentros autoconvocados en 31 comunas y 11 diálogos interculturales, involucrando a más de 5.000 personas.
• Propuesta de 22 puntos fue aprobada sin unanimidad:
  El documento final fue aprobado por siete votos a favor y uno en contra, rompiendo con la meta de unanimidad que los propios comisionados habían establecido en su reglamento interno. Esta situación generó críticas desde sectores políticos y gremiales, aunque desde la propia Comisión se valoró el “amplio consenso” alcanzado como un hito histórico.
• Contenido del acuerdo entregado:
  La propuesta incluye medidas en áreas como:
  • Mecanismos de reparación a víctimas de violencia.
  • Cuantificación de la demanda de tierras y propuestas de restitución.
  • Fortalecimiento de la institucionalidad regional y estrategias de desarrollo territorial.
  • Establecimiento de una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche.
    El texto también contempla la creación de un instituto lingüístico y propuestas de conectividad, educación y empleo.
• Razones del voto en contra de Sebastián Naveillán:
  El único voto disidente fue del presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, quien expresó públicamente su rechazo a 18 de los 22 puntos del informe.
  Entre sus principales objeciones, destacó:
  • Restitución de tierras sin límites claros: Rechazó que el informe contemplara la revisión de hasta 200.000 hectáreas en un plazo de cuatro años para su eventual restitución, sin un cierre definido del proceso ni mecanismos para asegurar su viabilidad.
  • Creación de nuevos derechos territoriales: Denunció la incorporación de un grupo de comunidades sin titulación formal en la categoría de pueblos indígenas con el fin de habilitarlos para reclamar tierras, lo que a su juicio equivale a la creación de privilegios “sin respaldo legal ni igualdad ante la ley”.
  • Falta de claridad fiscal: Criticó que no existieran informes técnicos oficiales sobre el costo fiscal de las medidas propuestas, que estimó en más de 4.000 millones de dólares. También lamentó la ausencia de un pronunciamiento del Ministerio de Bienes Nacionales respecto a la disponibilidad de tierras fiscales.
  • Riesgo a la seguridad agroalimentaria: Argumentó que retirar grandes extensiones de terrenos productivos afectaría la seguridad agroalimentaria del país, señalando que “no estaba dispuesto a hipotecar Chile ni el sur del país”.
  • Incorporación de temas sin previo debate: Acusó que en las últimas semanas se agregaron materias no discutidas previamente, lo que, en su opinión, rompió el espíritu de transparencia y consenso original de la comisión.
  Naveillán reconoció haber votado a favor de algunas iniciativas, como la Ley de Reparación a las Víctimas, el desarrollo económico regional y la promoción del idioma mapuche, pero consideró que estos temas fueron minoritarios frente al énfasis en restitución territorial. Aseguró que su rechazo fue una decisión “alineada con lo que piensan mis bases y la gente de la zona”, y defendió su rol como representante del sector agrícola de Malleco.
• Reacciones políticas tras el cierre:
  Desde el oficialismo, el senador DC y copresidente de la Comisión, Francisco Huenchumilla, valoró el respaldo de siete comisionados y lamentó la división interna: “Fue un error político la votación en contra del representante de los agricultores y la multigremial de la Araucanía”.
  Parlamentarios del Partido Republicano y de la UDI cuestionaron duramente la falta de unanimidad. La diputada Ruth Hurtado acusó que “la comisión cambió las reglas a última hora”, y el diputado Henry Leal advirtió que “no es posible un acuerdo duradero si no se reconoce el terrorismo ni se repara efectivamente a las víctimas”.
• Postura del sector agrícola y gremios:
  La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) valoró el esfuerzo de la comisión pero lamentó el quiebre del acuerdo interno sobre la unanimidad. En un comunicado firmado por su presidente Antonio Walker, señalaron: “Nos preocupa que Sebastián Naveillán no haya firmado el acuerdo, y reafirmamos que este conflicto no se resuelve solo con restitución de tierras. Se requiere una solución integral con desarrollo, empleo y conectividad”.
  También se mostraron inquietos por una posible burocratización excesiva de las medidas, que podría impedir que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades.
• Impacto político de la votación:
  La senadora Carmen Gloria Aravena, quien votó a favor del documento, renunció al Partido Republicano luego de recibir presiones desde su colectividad para rechazar el acuerdo. Su decisión evidenció divisiones internas en el bloque opositor y destacó el costo político que implicó la votación final para algunos de los participantes.
• Próximos pasos y rol del Ejecutivo:
  La propuesta será entregada al Presidente Gabriel Boric en los próximos días. El gobierno deberá ahora decidir qué medidas recoger y cómo implementarlas, enfrentando tanto las expectativas de las comunidades mapuche como las inquietudes de sectores productivos y políticos.
  Desde el Congreso, el diputado Francisco Jouannet (Amarillos) valoró que se haya alcanzado un acuerdo mayoritario: “Hoy día se puede avanzar en cuestiones urgentes. Si las propuestas son buenas, las vamos a apoyar”.

El cierre de la Comisión para la Paz marca el fin de una etapa institucional sin precedentes en el abordaje del conflicto territorial en el sur de Chile. Pese a no lograr unanimidad, la propuesta de 22 puntos representa el mayor nivel de consenso alcanzado hasta ahora, aunque no exento de tensiones y críticas que evidencian la complejidad del proceso.

Lo que viene dependerá en gran medida de la voluntad política del Ejecutivo y del respaldo que logre reunir en el Parlamento. La comisión no resolvió el conflicto, pero entregó un insumo relevante para una futura hoja de ruta. El desafío ahora será transformar ese documento en acciones concretas que den respuesta tanto a las demandas históricas de los pueblos indígenas como a las preocupaciones de seguridad, desarrollo y equidad que afectan a toda la macrozona sur.