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¡Cara de palo! Catalina Pérez disfraza su escándalo judicial de “error político” y alega “persecución política” para evitar su desafuero

Palo pintada de mujer Imagen generada con IA. Click para ampliar T
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La diputada Catalina Pérez enfrenta uno de los momentos más críticos de su carrera política tras la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía en el marco del Caso Democracia Viva. En una reciente entrevista con La Tercera, la parlamentaria reiteró su inocencia y apuntó sus críticas al Ministerio Público, asegurando que la investigación en su contra es un “conflicto político” más que un problema judicial. Sin embargo, a pesar de los múltiples antecedentes que la vinculan a la trama de corrupción de Democracia Viva, sus declaraciones vuelven a estar marcadas por contradicciones y estrategias para desmarcarse del escándalo.

Puntos Claves:

  • Catalina Pérez enfrenta solicitud de desafuero: La diputada será sometida a una audiencia el próximo 10 de febrero en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, luego de que la Fiscalía la imputara por tres delitos de fraude al Fisco.
  • Filtración de chats reveló su real involucramiento: Conversaciones privadas expuestas por la investigación mostraron cómo Pérez dio instrucciones sobre la imagen de Democracia Viva, incluyendo la ambientación de su oficina y la presencia de personas para aparentar funcionamiento.
  • Contradicciones en sus declaraciones: En entrevistas previas, la parlamentaria negó haber sostenido conversaciones con el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, sin embargo, los antecedentes revelaron que sí tuvo contacto con él antes de que el escándalo explotara.
  • Intento de victimización y ataques a la Fiscalía: Pérez ha centrado su defensa en acusar al Ministerio Público de manipular la investigación y mezclar aspectos políticos con la causa judicial, sin responder con claridad sobre su rol en la gestión de los convenios. “La Fiscalía ha logrado mezclar un conflicto político con un conflicto judicial, ganar mediante la prensa lo que no tiene fundamento judicial”, afirmó, reafirmando su postura de que es víctima de una cacería política y no de un proceso basado en pruebas.
  • Reconocimiento tardío de su “mala gestión” de la crisis: La diputada admitió que tomó decisiones “imprudentes” para proteger a su expareja, Daniel Andrade, pero insiste en que no cometió delitos, a pesar de las pruebas que la vinculan directamente con la estructura de Democracia Viva. En esa línea, enfatizó su postura de que su situación no debería derivar en acciones judiciales, sosteniendo que “equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal y eso es lo que busca hacer la Fiscalía”.
  • El papel de Carlos Contreras y otros involucrados: El exseremi de Vivienda, actualmente en prisión preventiva, ha cuestionado el enfoque de la investigación y apunta a otros funcionarios que habrían facilitado los traspasos de fondos a Democracia Viva.

La estrategia de Catalina Pérez parece ser la de alargar el proceso judicial y presentar su caso como una persecución política, sin embargo, los hechos y las pruebas en su contra muestran un panorama poco favorable. La solicitud de desafuero es un paso clave en el avance de la investigación, y si la justicia lo aprueba, la diputada quedará aún más expuesta ante el proceso penal que se avecina.