Gobernador Claudio Orrego bajo la lupa: Contraloría detecta uso de $31 millones en coaching para campaña de reelección en Santiago y suma irregularidades en otros cinco gobiernos regionales

La Contraloría General de la República detectó un posible uso indebido de recursos públicos en el Gobierno Regional Metropolitano, al pagar más de $31 millones por sesiones de coaching que, según el ente fiscalizador, fueron utilizadas para preparar la campaña de reelección del gobernador Claudio Orrego en 2024. La situación motivó el envío de antecedentes al Ministerio Público y la apertura de un procedimiento disciplinario. Además, la auditoría reveló otras graves irregularidades en los gobiernos regionales de Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes.

Puntos Claves:

• Uso de recursos para fines electorales en Santiago: La Contraloría identificó que el Gobierno Regional Metropolitano destinó $31.366.179 durante 2024 a un supuesto “coaching directivo” que incluía 52 sesiones contratadas con la empresa Vera y Asociados S.A. De estas, solo se entregaron minutas de 28 reuniones, y en 16 se verificó que no abordaban temas propios del coaching, sino contenidos “explícitamente relacionados con la contingencia política y campaña electoral” de Claudio Orrego.
• Contenido político de las sesiones de coaching: En las minutas analizadas se incluyeron afirmaciones sobre estrategias electorales, posicionamiento político, relaciones con partidos y referencias al adversario de Orrego. En una de las sesiones se discutió cómo evitar parecer “ávido de poder” y, en otra, se evaluó cómo diferenciarse del candidato Francisco Orrego. Incluso se mencionaron referencias a Javier Milei como modelo de impacto entre jóvenes votantes.
• Contratación sin justificación normativa: Junto con el contrato de coaching, el GORE Metropolitano ejecutó otras contrataciones por trato directo por más de $200 millones que no contaban con respaldo suficiente:
  • Vera y Asociados S.A. por $31 millones.
  • IDOM Consulting por $46.154.150 sin acreditación de cumplimiento contractual.
  • AJEM Asesores y Consultores por $109.302.180 sin demostrar la idoneidad del proveedor.
  • Compras de bienes y servicios de consumo por $51.753.665 también sin justificar el uso del trato directo.
• Acciones legales y administrativas en curso: Dada la gravedad de los antecedentes, Contraloría inició un procedimiento disciplinario y remitió el informe completo (159 páginas) al Ministerio Público. Se busca determinar responsabilidades administrativas y, eventualmente, penales. El informe precisa que los fondos fueron usados para fines que “no se avienen con la finalidad y objetivos de esa entidad”.

Irregularidades en otros Gobiernos Regionales:

• Tarapacá:
  • Mal uso de redes institucionales en campañas.
  • Gastos improcedentes por $7.781.253 en contrataciones a honorarios.
  • Inexistencia de análisis contable sobre transferencias sin rendición.
• Antofagasta:
  • Saldo pendiente de rendición por más de $4.200 millones.
  • Contrataciones a honorarios para labores permanentes sin respaldo.
  • Irregularidades en bitácoras de vehículos fiscales y uso indebido de redes institucionales.
• La Araucanía:
  • Contratación directa de Ananda Comunicaciones por $49.980.000 para evaluar la figura del gobernador, situación incompatible con la probidad.
  • Pago sin justificación de $69.537.672 a empresa de transportes.
  • Firma legal contratada por 400 UF sin entregar los informes exigidos.
• Los Ríos:
  • Pendientes de rendición por más de $8.600 millones transferidos al sector público y $7.900 millones como anticipos.
  • Viáticos por $5.588.059 para labores habituales.
  • Mal uso de vehículos fiscales y débil control administrativo.
• Magallanes:
  • Servicios de difusión centrados en la figura del gobernador y no en la institución.
  • Informes de actividades con descripciones genéricas y aprobación irregular.
  • Exceso en consumo de combustible en vehículo fiscal asignado al gobernador.

La amplitud y gravedad de las observaciones detectadas por la Contraloría General de la República no solo apuntan a un patrón de uso indebido de fondos públicos en beneficio personal o político, sino que también dejan en evidencia una débil fiscalización interna en varias de las máximas autoridades regionales del país.

La investigación sobre Claudio Orrego podría marcar un antes y un después en materia de transparencia regional. Las auditorías revelan un preocupante uso de recursos con fines electorales y personales en varias regiones, lo que refuerza la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control, rendición de cuentas y sanción efectiva. Mientras la Contraloría avanza en los procedimientos disciplinarios, será la Fiscalía quien deberá determinar si existen responsabilidades penales.