Revelan detalles del plan de compra de Casa Allende: el gobierno intentó pagar $993 millones a la familia para que mantuviera el control del inmueble en un negocio redondo

Un reportaje de Ciper Chile revela que el gobierno de Gabriel Boric intentó concretar la compra de la casa del expresidente Salvador Allende por $993 millones con fondos públicos, a pesar de que dos de las vendedoras eran autoridades en ejercicio: la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández. Lo más grave es que el plan contemplaba que, una vez vendida, la casa seguiría bajo control de la familia a través de la Fundación Salvador Allende, presidida por Marcia Tambutti, nieta del exmandatario. Todo se hizo a espaldas de la opinión pública y con advertencias de ilegalidad que fueron ignoradas. Finalmente, la operación se frustró por ser inconstitucional, y hoy el Ministerio Público investiga un posible fraude al fisco.

Puntos Claves:

• Un plan para vender la casa y seguir controlándola: En marzo de 2024, el abogado Felipe Vio, representante de la familia Allende y pareja de Marcia Tambutti, presentó un proyecto donde se proponía que el fisco comprara la casa y luego la entregara en comodato a la Fundación Salvador Allende, organización en la que la familia tiene un rol clave. La compra sería financiada con fondos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), pero ejecutada por el Ministerio de Bienes Nacionales.
• Conflicto de interés descarado: La senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, eran parte de la comunidad hereditaria que vendía la casa. Sin embargo, la Constitución prohíbe que autoridades en ejercicio celebren contratos con el Estado. Este hecho terminó bloqueando la operación y desató la denuncia por fraude al fisco que hoy investiga la justicia.
• Un mecanismo de compra inédito y turbio:
  • Los fondos provenían del Serpat, pero la transacción sería ejecutada por Bienes Nacionales.
  • Nunca antes el fisco había comprado un inmueble para luego cederlo en comodato a privados.
  • La tasación no se hizo sobre criterios patrimoniales, sino comerciales, y el monto a pagar estaba por sobre el avalúo fiscal.
• Las advertencias que el gobierno ignoró: Funcionarios del propio gobierno alertaron que la operación era irregular:
  • Macarena Díez, jefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, advirtió sobre el conflicto de interés y la falta de justificación para la compra.
  • La exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, avisó a asesores de Presidencia que la operación podía ser ilegal, pero le respondieron que “se manejaría de forma comunicacional”.
  • El abogado del Serpat, José Cortés, también alertó sobre los problemas jurídicos, pero el proceso continuó.
• El Tribunal Constitucional y la Fiscalía investigan: Tras conocerse el caso, abogados ligados al Partido Republicano denunciaron el hecho ante tribunales por posible fraude al fisco. Además, se ingresaron requerimientos ante el Tribunal Constitucional para destituir a Isabel Allende y Maya Fernández.
• No era la única compra sospechosa: Se intentó replicar el mismo mecanismo con la casa del expresidente Patricio Aylwin, pero tras el escándalo con la casa de Allende, esa compra también se cayó.
• Silencio absoluto de los involucrados: Ni la senadora Isabel Allende, ni la ministra Maya Fernández, ni la Fundación Salvador Allende han querido dar explicaciones sobre el caso. El gobierno también ha evitado pronunciarse mientras avanza la investigación.

Este escándalo expone una grave falta de transparencia en la gestión de fondos públicos y el uso de mecanismos irregulares para favorecer a particulares, en este caso, la familia del expresidente Salvador Allende. Ahora, la justicia deberá determinar si se cometieron delitos y si las responsables deben enfrentar consecuencias legales.