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Dorothy Pérez no descansa: Contraloría destapa escándalo con ex-alcaldes de Chile Vamos y les pasa la cuenta a profesores por paro, se les descontará los días no trabajados

Ilustración Dorothy Perez apoyo ciudadano Imagen generada con IA. Click para ampliar T
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La Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Dorothy Pérez, lanzó un nuevo y contundente informe que deja al descubierto graves irregularidades en la extinta Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), compuesta por Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. La mayoría de los involucrados son figuras cercanas a Chile Vamos. Además, la entidad fiscalizadora ratificó que los profesores que participaron del paro verán descuentos en sus sueldos, respondiendo así a una consulta del senador Esteban Velásquez (FRVS).

Puntos Claves:

  • Irregularidades millonarias en asociación liderada por alcaldes de Chile Vamos: La Contraloría detectó múltiples faltas graves en la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), que operó hasta su disolución en 2024. La entidad agrupaba a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, tres comunas emblemáticas del sector oriente de Santiago. El informe final N° 258 de la CGR será enviado al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
  • Figuras investigadas incluyen a Lavín, Peñaloza, Merino, Lira, Guevara y Torrealba: El documento menciona gestiones de seis exalcaldes, todos ellos con cercanía a Chile Vamos, que encabezaron o integraron el directorio de la AMZO entre 2018 y 2023. También se incluye a concejales actuales que firmaron el acta de disolución de la asociación en febrero de 2024.
  • Proyecto inconcluso con $1.348 millones sin justificar: Uno de los principales hallazgos corresponde al proyecto “Reurbanización de Av. Las Condes con autovía soterrada”, que quedó abandonado pese a estar en sus últimas etapas. Contraloría ordenó a los municipios informar si corresponde reactivarlo, señalando que su estado vulnera la eficiencia en el uso de fondos públicos.
  • Pagos sin respaldo por más de $440 millones: Se identificaron transferencias a honorarios por $170 millones sin informes de actividades, y otros $271 millones donde sí existían reportes, pero sin evidencia de productos concretos como minutas, documentos u oficios. La CGR enviará estos antecedentes al Ministerio Público y al CDE para eventuales sanciones.
  • Asesorías políticas con fondos públicos: La empresa Ideograma SpA fue contratada por $69 millones para asesorías comunicacionales. Los talleres incluyeron contenidos como “Twitter en política – Equipo Joaquín Lavín Chile” y “Escenografía política”. Contraloría cuestionó la pertinencia de estos servicios en el contexto de una asociación municipal.
  • Viajes al extranjero sin justificación formal: El informe detalla la compra de un pasaje a Países Bajos para Joaquín Lavín, entonces alcalde de Las Condes, sin respaldo que lo vincule al objeto de la AMZO. También se señala que Cristián Palacios, exdirector ejecutivo, realizó viajes internacionales sin autorización del directorio.
  • Tercerizados giraban dinero sin control: Tres personas ajenas a los municipios mantuvieron autorizaciones para girar desde cuentas bancarias de la asociación, sin informar a la CGR. Se suma la falta de manuales de funciones y conciliaciones bancarias sin fecha ni firma, lo que reflejaría una ausencia de controles básicos.
  • Cuotas sin aprobación y devoluciones injustificadas: Las cuotas ordinarias y extraordinarias que financiaban a la AMZO no fueron aprobadas por el directorio, como exige su estatuto. Además, parte del dinero fue devuelto a los municipios sin documentación que justificara esos reembolsos.
  • Disolución y saldo final de $76 millones: En febrero de 2024, los municipios decidieron de manera unánime disolver la AMZO. Se nombró como liquidador a Cristóbal Varela, quien redistribuyó los fondos restantes proporcionalmente. Aun así, Contraloría optó por remitir el informe a las autoridades judiciales para evaluar responsabilidades.
  • Más de $2.700 millones gastados, mayoría en sueldos y asesorías: Entre 2018 y 2023, la AMZO gastó $2.714 millones, de los cuales la mayor parte fue destinada a remuneraciones y asesorías externas. Las Condes aportó el 56,7% del total, seguida por Lo Barnechea (25,2%) y Vitacura (17,7%).
  • Contraloría también le pone freno a paros docentes: Ante una consulta del senador Esteban Velásquez (FRVS), la CGR reiteró que los profesores que participaron del paro del 4 y 5 de junio deben recibir descuentos proporcionales a los días no trabajados. Recordó que los funcionarios públicos no pueden declararse en huelga, como lo indica la Constitución.
  • Recuperar clases no justifica no descontar sueldos: El organismo fue tajante al indicar que la recuperación de clases no impide aplicar descuentos, ya que la inasistencia no tiene justificación legal. Señaló que los dictámenes existentes son reiterados y que los sueldos deben ajustarse en el mes siguiente, sin límite y con preferencia frente a deducciones voluntarias.
  • Educadores respaldan a Contraloría y critican a Mario Aguilar: La Asociación de Educadores de Chile (AseduCh) apoyó el dictamen y lamentó que el presidente del Colegio de Profesores atacara a Dorothy Pérez. “Lo que ha señalado la Contraloría es simple: aplicar descuentos correspondientes por los días que no se trabajaron”, afirmaron, defendiendo el uso responsable de los recursos públicos.
  • Caso GORE La Araucanía también en la mira de la CGR: La Fiscalía Regional de La Araucanía solicitó oficialmente el informe de Contraloría sobre las irregularidades detectadas en el gobierno regional liderado por Luciano Rivas. El fiscal Roberto Garrido indicó que se evaluará si hay hechos constitutivos de delito, como ha ocurrido con otras regiones.
  • Diputados RN apuntan a Fundación Salvador Allende: En paralelo, parlamentarios de Renovación Nacional citarán a la ministra de Cultura y a la directora del Patrimonio para aclarar traspasos de recursos públicos hacia la Fundación Salvador Allende, denunciando privilegios políticos y contratos irregulares.

El trabajo liderado por Dorothy Pérez en la Contraloría no ha dejado a nadie indiferente. Con firmeza y sin temor a incomodar, el organismo ha demostrado su compromiso por garantizar la correcta administración del dinero público. Ya sea en alcaldías, asociaciones o gremios, la institución ha marcado la pauta con fiscalización rigurosa y sin doble estándar.

En un contexto marcado por escándalos y cuestionamientos transversales, la labor fiscalizadora cobra más relevancia que nunca. La ciudadanía necesita instituciones firmes, técnicas e imparciales, que velen por el buen uso del patrimonio de todos. Dorothy Pérez y su equipo han enviado un mensaje claro: el control del poder no es optativo, es un deber constitucional.