La casa de Allende tenía un precio original de $828 millones: El gobierno elevó el precio $100 millones más en dos semanas para máximo beneficio de la familia

En la investigación penal sobre la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, se reveló que el gobierno aumentó el valor de la transacción en casi $100 millones en solo dos semanas, tras una solicitud de la familia Allende-Bussi. La Fiscalía indaga si esta modificación exprés es regular y si ha ocurrido en otras adquisiciones del Estado.

Puntos Claves:

• Compra y rápida anulación: El 31 de diciembre de 2024, el Ministerio de Bienes Nacionales anunció la compra de las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende. Sin embargo, el 3 de enero de 2025, tras críticas y denuncias sobre la constitucionalidad del proceso, el gobierno anuló la compra de la casa de Allende.
• Vinculación con autoridades: La transacción generó controversia porque involucraba a la senadora Isabel Allende (PS) y a la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), quienes, por ley, tienen restricciones para celebrar contratos con el Estado.
• Cambio en el precio de compra: La casa inicialmente fue valorada en $828 millones según un informe del Ministerio de Bienes Nacionales del 12 de septiembre de 2024. Sin embargo, el 9 de octubre, la familia Allende-Bussi presentó una carta reclamando el monto. En solo 14 días, el gobierno realizó una nueva tasación y fijó el precio en $922 millones.
• Investigación en curso: El fiscal regional Patricio Cooper lidera la indagatoria, en la que han declarado más de 10 funcionarios del gobierno, incluyendo la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (FA), quien renunció tras el escándalo y fue citada en calidad de imputada.
• Intento de control del inmueble: Según la declaración del abogado José Rafael Cortés, la familia Allende-Bussi tenía un plan para mantener el control de la propiedad tras su venta, a través de la Fundación Salvador Allende, que recibiría la casa en comodato del Fisco.
• Irregularidades en los pagos: Inicialmente se emitieron cuatro cheques a nombre de los herederos, pero luego se cambió a un solo cheque a nombre del representante legal de la familia, Felipe Vio, sin una justificación clara.
• Advertencias desoídas: Funcionarios públicos alertaron sobre las irregularidades del proceso desde abril de 2024. La exministra Sandoval reconoció haber advertido a asesores de La Moneda sobre la complejidad del caso, pero se priorizó manejar el tema a nivel comunicacional.
• Rol de la Contraloría: La entidad aprobó el decreto que autorizaba la compra, pero aclaró que la evaluación de eventuales conflictos de interés debía hacerse en la segunda etapa, cuando se firmara la escritura de compraventa.
• Acusación constitucional contra Maya Fernández: La oposición, liderada por Chile Vamos y el Partido Republicano, presentará un libelo acusatorio contra la ministra de Defensa por vulnerar la prohibición constitucional de celebrar contratos con el Estado. Sin embargo, los votos necesarios para su aprobación aún no están asegurados.
• Defensa del gobierno: La ministra Fernández ha realizado gestiones para sumar apoyos y evitar la acusación. En el oficialismo descartan su renuncia y aseguran que la respaldarán hasta la votación en abril.

El caso de la fallida compra de la casa de Salvador Allende representa un intento flagrante de utilizar recursos públicos en beneficio de intereses privados. No solo se elevó el precio de forma exprés tras una petición de los vendedores, sino que la familia Allende-Bussi buscaba seguir controlando el inmueble después de la venta, lo que convierte esta operación en un acto de absoluta falta de ética y probidad. Las advertencias de funcionarios fueron ignoradas, y el proceso estuvo plagado de irregularidades que ponen en duda la transparencia del gobierno en este tipo de transacciones.

A pesar de lo evidente de la situación, el Ejecutivo ha optado por blindar a la ministra Maya Fernández, quien sigue aferrada a su cargo mientras la oposición intenta llevarla a juicio político. La Fiscalía deberá determinar hasta qué punto llegan las responsabilidades penales, pero más allá de lo jurídico, este escándalo refleja una grave desconexión con la ciudadanía y una preocupante falta de compromiso con la transparencia en el uso del dinero público.