Estrategia de victimismo: Karol Cariola lleva su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para frenar la investigación en su contra (o al menos desviar atención)

La diputada Karol Cariola (PC) anunció que acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras el allanamiento a su domicilio realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de la investigación por un posible tráfico de influencias en el caso Sierra Bella. Sin embargo, su postura ha generado críticas y cuestionamientos sobre la real intención de su denuncia, especialmente considerando los antecedentes del caso y el momento en que decidió manifestar su indignación.

Puntos Claves:

• El allanamiento y el contexto judicial: La Fiscalía ordenó el allanamiento al domicilio de Karol Cariola el 3 de marzo, mismo día en que la diputada dio a luz, con el fin de incautar evidencia en la investigación del caso Sierra Bella. Esta causa involucra a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y apunta a un presunto tráfico de influencias en la frustrada compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte del municipio.
• Acusaciones de victimización: Cariola ha presentado el procedimiento judicial como una «gran violación de derechos humanos» tanto para ella como para su hijo recién nacido, argumentando que se vulneraron tratados internacionales que protegen a las mujeres en su período de puerperio. Sin embargo, la Fiscalía ha señalado que el allanamiento fue realizado dentro del marco legal y en un plazo que no podía extenderse debido a la apertura de la carpeta investigativa.
• Contradicciones en su defensa: Si bien la parlamentaria alega que el allanamiento fue innecesario porque ella estaba dispuesta a cooperar, lo cierto es que la diligencia tenía como objetivo asegurar pruebas, como su teléfono y registros de conversaciones con Irací Hassler, que podrían ser clave para la investigación. Cariola también sostiene que los chats con la exalcaldesa ya eran conocidos por la Fiscalía, pero no explica por qué estos no fueron entregados voluntariamente con anterioridad. Las declaraciones de Cariola parecen no entender (o aparentar no entender) lo que se investiga y las implicancias de tratar favores en secreto con un gobierno extranjero.
• Reacción de la oposición y de la UDI: Diputados de oposición han cuestionado la postura de Cariola, señalando que su denuncia a la CIDH es una maniobra política para desviar la atención del fondo del caso. Guillermo Ramírez (UDI) reconoció que el momento del allanamiento pudo ser desafortunado, pero enfatizó que “nadie está por sobre la ley” y que la Fiscalía actuó conforme a los procedimientos establecidos.
• Intento de desviar la atención del caso Sierra Bella: Más allá del allanamiento, el punto central sigue siendo la investigación por tráfico de influencias, en la que Cariola es una figura clave debido a sus comunicaciones con la exalcaldesa de Santiago. La diputada ha enfocado su discurso en la supuesta vulneración de sus derechos, dejando de lado el fondo de la acusación en su contra.
• Estrategia para evitar la censura en la Cámara: La denuncia ante la CIDH se da en un contexto donde la oposición evalúa una posible censura a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, presidida por Cariola. Su ofensiva mediática podría ser interpretada como un intento de blindarse políticamente en medio del complejo escenario que enfrenta.

El caso de Karol Cariola plantea interrogantes sobre el uso de instituciones internacionales para fines políticos y la estrategia de victimización ante una investigación judicial legítima. Si bien la realización del allanamiento en el día de su parto puede ser cuestionable en términos humanitarios, eso no exime a la diputada de responder por las acusaciones que pesan en su contra. El foco del debate no debe desviarse: lo central es esclarecer su rol en el caso Sierra Bella, investigar la posible injerencia del gobierno chino el financiamiento irregular de la política y el eventual tráfico de influencias.