Caso Procultura: Fiscalía destapa millonarios desvíos, financiamiento político y revela conversación de Boric que deja en evidencia su cercanía con los involucrados

El Caso Procultura remece al gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego que la Fiscalía confirmara millonarias irregularidades, intentos de financiar campañas del Frente Amplio y una polémica llamada del propio Mandatario que lo vincula directamente con los acusados. Aunque el gobierno insiste en minimizar el escándalo, los antecedentes revelan una red de poder que salpica al Presidente, a sus asesores más cercanos y a fundaciones que operaban con recursos públicos mientras se blindaban políticamente desde La Moneda.

Puntos Claves:

• La llamada que Boric jamás pensó que sería pública:
  El 14 de octubre de 2024, el Presidente Gabriel Boric llamó a su expsiquiatra, Josefina Huneeus, exesposa del acusado Alberto Larraín. En esa conversación, interceptada por la PDI, Boric admitió su cercanía con Larraín:
  • “Yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueón con eso”.
    Además, confesó que lo consideró para un cargo de gobierno:
  • “Yo lo pensé en algún momento pa’ MIDESO y la Izkia me lo bloqueó”. (MIDESO se refiere a Ministerio de Desarrollo Social y Familia)
• Intervención a Josefina Huneeus reveló la red de vínculos con La Moneda:
  La Fiscalía de Coquimbo, a cargo de Patricio Cooper, interceptó el teléfono de Huneeus por error, creyendo que era de Alberto Larraín. A pesar del error, la Fiscalía defendió la intervención argumentando que Huneeus tenía información clave del caso.
• Huneeus confirma que Larraín usaba el nombre de Boric para ganar poder:
  En la conversación, Huneeus alertó al Presidente:
  • “Estoy segura que él se lo dijo a todo el mundo: ‘el Presidente está muy contento con su proyecto’. Usó y abusó de tu nombre, estoy segura”.
• La estrategia para defender a Irina Karamanos:
  Durante la misma llamada, Boric y Huneeus coordinaron la defensa de Irina Karamanos, ex pareja del Mandatario, que había trabajado en Procultura. Boric le pidió a Huneeus que contactara a la representante legal de la fundación para reunir antecedentes y preparar la defensa:
  • “Le voy a decir al abogado que llame a la Cony primero y que…”.
    Huneeus respondió:
  • “Obvio que sí, por supuesto que sí”.
• El intento de Josefina Huneeus por conseguir un cargo en Mejor Niñez o el Ministerio de Salud:
  Huneeus aprovechó la llamada para ofrecerse como asesora en salud mental para el gobierno:
  • “Me da lo mismo, hueón, donde sea. Me importa un huevo”, dijo, dejando en evidencia el tono de confianza con el Mandatario y la vocación por el pituto más que el desarrollo profesional.
• Los nombres más relevantes en la investigación:
  La Fiscalía identificó a los principales miembros de la cúpula de Procultura como los responsables del desvío de recursos públicos:
  • Alberto Larraín: fundador y director ejecutivo.
  • María Constanza Gómez: representante legal y amiga personal de Huneeus.
  • Allan Mix: presidente del directorio.
  • Ilonka Csillag: cofundadora.
  • Francisco Fuentes: jefe de proyectos, clave en las triangulaciones de dinero.
  • Sebastián Balbontín: consejero regional del Frente Amplio, financiado por Procultura.
  • Elizabeth Aguilera: candidata constituyente, también beneficiada.
• $53 millones y pagos triangulados para campañas del Frente Amplio:
  La Fiscalía detectó transferencias por más de $53 millones desde cuentas de Alberto Larraín hacia Sebastián Balbontín. También se identificaron pagos por $4,4 millones triangulados a Balbontín y a Elizabeth Aguilera, utilizando a funcionarios de Procultura como intermediarios.
• Las pruebas que la Fiscalía usó para pedir intervenir el teléfono del Presidente Boric:
  El fiscal Cooper pidió en dos ocasiones interceptar el teléfono de Boric, basándose en:
  • Conversaciones de Larraín donde mencionaba haber financiado su campaña.
  • Mensajes con el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, donde Larraín decía:
    • “Ayer hablé con el presidente electo”.
• Rechazo del tribunal por falta de pruebas concretas:
  El Juzgado de Antofagasta rechazó ambas solicitudes señalando:
  • “No se advierte la existencia de hechos determinados que permitan sospechas fundadas”. Lo que resulta extraordinariamente curioso dado que explícitamente se menciona un irregular financiamiento de la política.
• El rol de Miguel Crispi y sus declaraciones contradictorias:
  El exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, aprobó transferencias por $1.683 millones a Procultura, pero luego declaró en Fiscalía que solo conocía a la fundación “de oídas”. Sin embargo, ante el Congreso, dijo:
  • “Lo conocía, sí”, reconociendo su vínculo con Alberto Larraín.
• Gobierno minimiza el escándalo y evita referirse al fondo del caso:
  La vocera Aisén Etcheverry intentó bajarle el perfil señalando que Boric no está imputado, pero la presión sobre La Moneda crece ante los antecedentes que muestran cómo el gobierno ha intentado proteger a los involucrados.
• Claudio Orrego también bajo investigación:
  El gobernador metropolitano Claudio Orrego fue imputado por aprobar un millonario convenio con Procultura y la justicia ordenó levantar su secreto bancario para investigar posibles pagos irregulares relacionados con la fundación.
• La red de favores y tercerización de proyectos:
  La Fiscalía detectó que Procultura tercerizaba proyectos a empresas relacionadas con sus propios funcionarios, como la Agencia de Turismo Patrimonial en Lota. Esto violaba las bases de los contratos y evidencia un esquema de desvío de fondos a privados.
• La contradicción sobre el supuesto financiamiento de Karamanos:
  La PDI interpretó como abonos sospechosos los pagos rebotados de su sueldo por limitaciones de su cuenta RUT. Sin embargo, Karamanos declaró ante la Fiscalía:
  • “Todo esto no se trata de abonos, sino de rebotes de mi sueldo”.
• El fiscal Cooper sigue bajo presión política y judicial:
  Diputados oficialistas pidieron su remoción, acusándolo de perseguir políticamente al gobierno. En paralelo, la oposición alista querellas por los millonarios desvíos.
• La Moneda guarda silencio mientras crecen las dudas sobre la verdadera profundidad del caso:
  A pesar de las evidencias, el Ejecutivo no ha ofrecido una explicación de fondo y continúa en una defensa cerrada del Presidente y sus cercanos.

Aviso Importante: La información de las carpetas investigativas es demasiado amplia y por desgracia no contamos con accedo directo a los documentos. No podemos confirmar ni descartar las siguientes capturas que circulan en redes sociales. Aunque claramente son consistentes y lógicos con la información que sí podemos verificar

Capturas de filtraciones en Redes (sin verificar pero consistentes con la información oficial pública)

Hay uno que acaba de morir. pic.twitter.com/ecnmVlR3SE

— Careperro 2.0 💚 (@careperro2_0) May 9, 2025

Siempre fue verdad , ha estado internado ⚠️ pic.twitter.com/fNlyfm8lxw

— APRA ARAUCANíA 👍🏽🇨🇱 (@aprachile) May 10, 2025

Boric ofreciendo pega a su psiquiatra personal, la hija de Marta Lagos, Josefina Huneeus. Cómo psiquiatra todos sabemos que era pésima pic.twitter.com/cbIVk5vSqA

— Emilia 🇨🇱 (@camilaemiliasv) May 9, 2025

La conversación con Josefina Huneeus efectivamente está publicada por The Clinic.

Esta información reciente es de suma relevancia, no solo desde una perspectiva penal y constitucional, sino también desde un enfoque humano:

#URGENTE #Chile
El Merluzo hablando fríamente d la MUERTE d un trabajador por NO PAGO en #ProCultura porq no pudo pagar sus tratamientos médicos y el muy psicópata @GabrielBoric dice "TACHADO". Esto es VIOLACIÓN a los DDHH‼️ Acusación Constitucional A BORIC #BoricElErrorDeChile pic.twitter.com/voQtyuJweI

— gemma 🇨🇱 🥦🪓 (@solo_gemma) May 10, 2025

El Caso Procultura ha dejado al descubierto una red de desvíos millonarios, favores políticos y un preocupante nivel de cercanía entre el poder político y los responsables del fraude. Las declaraciones del Presidente Boric, lejos de aclarar, confirman su involucramiento indirecto (y quizás directo) y abren nuevas preguntas sobre la real voluntad del gobierno para transparentar y sancionar estos hechos. De hecho, desde una perspectiva sumamente crítica se podría especular que los traspasos hacia ProCultura estarían devolviendo favores previos, desde apoyo a la campaña como también a un nivel más personal.

La ciudadanía merece justicia y que se terminen los pactos de silencio que hoy amenazan con convertir esta investigación en una vergüenza nacional.