Los $847 millones de Monsalve: el escándalo de los gastos reservados que sacude al Gobierno

Durante su gestión como subsecretario del Interior, Manuel Monsalve manejó un total de $847 millones en gastos reservados en un período de 30 meses. Estas cifras, presentadas recientemente en la Comisión Investigadora del Caso Monsalve en la Cámara de Diputados, han desatado una oleada de cuestionamientos debido a la falta de claridad en el destino de estos recursos. El caso no sólo pone en jaque a Monsalve, actualmente en prisión preventiva por otro delito, sino que también genera críticas hacia el Gobierno por la debilidad de los controles sobre estos fondos.

Puntos Claves:

1. Desglose de los gastos reservados:
   • Durante su gestión (marzo 2022 – septiembre 2024), Monsalve realizó solicitudes de montos crecientes.
   • Los meses más cuantiosos son los siguientes:
     • Diciembre de 2022: $137 millones.
     • Junio y diciembre de 2023: $150 millones cada uno.
     • Septiembre de 2024: $50 millones, de los cuales $49 millones fueron gastados en menos de siete semanas.
   • A lo largo de su administración, solicitó en total $847 millones, siendo uno de los subsecretarios con mayor asignación de fondos en este rubro.
2. Falta de claridad en el destino de los recursos:
   • Según la diputada Carla Morales (RN), la información entregada por la Subsecretaría del Interior se limita a detallar los montos y fechas de las solicitudes, pero omite explicaciones sobre el uso específico de los fondos.
   • Llama la atención que algunos montos elevados coinciden con períodos en que Monsalve incrementó notablemente su ahorro previsional voluntario (APV), como ocurrió en diciembre de 2023 con un aumento de $24,9 millones.
3. Irregularidades detectadas en la administración de Monsalve:
   • En septiembre de 2024, gran parte del último monto solicitado ($49 millones) fue gastado sin una rendición detallada. A la fecha, se espera que Monsalve -desde prisión preventiva- entregue explicaciones.
   • Uno de los cuestionamientos más serios apunta a si estos fondos fueron utilizados para cubrir gastos personales, como cenas o alojamiento, incluidos en las denuncias realizadas por parlamentarios.
4. Impacto político y críticas a la gestión del Gobierno:
   • La falta de supervisión sobre el uso de estos recursos genera críticas hacia el Gobierno actual, especialmente en lo referido a los controles sobre los gastos reservados.
   • Luis Cordero, el actual subsecretario del Interior, encontró sólo $1 millón en la caja fuerte destinada a estos fondos al asumir el cargo, lo que refuerza las sospechas sobre el manejo de los recursos por parte de su antecesor.
5. Investigaciones en curso:
   • La Contraloría General de la República examina posibles inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Monsalve y el uso indebido de los fondos.
   • En paralelo, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte lleva adelante una investigación penal, encabezada por el fiscal Francisco Jacir. La Fiscalía busca esclarecer si los fondos reservados se utilizaron para fines no contemplados por la ley, lo que podría constituir delitos graves.
   • Pese a los esfuerzos de la Fiscalía, se han encontrado trabas judiciales, como la negativa del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago a levantar el secreto bancario de Monsalve.
6. Debates en la Cámara de Diputados:
   • La Comisión Investigadora del Caso Monsalve solicitó un informe complementario para obtener un desglose más detallado de los gastos.
   • Las dudas incluyen si Monsalve utilizó los fondos reservados para cubrir costos personales, como el hospedaje en Santiago o cenas en restaurantes, en especial durante los días cercanos al presunto delito de violación que lo mantiene imputado.
7. Cambios en el presupuesto 2025:
   • El escándalo ha llevado a que el presupuesto para gastos reservados en la Subsecretaría del Interior se reduzca drásticamente, inicialmente a $1.000, aunque posteriormente se reajustó a más de $538 millones para todo el Ministerio del Interior.

El caso de Manuel Monsalve es un llamado de atención sobre las debilidades en los mecanismos de supervisión de los fondos públicos, especialmente en rubros sensibles como los gastos reservados. Las cifras abultadas y la falta de transparencia en su administración generan indignación y alimentan la desconfianza en las instituciones gubernamentales. Es imprescindible que las investigaciones en curso, tanto por parte de la Contraloría como de la Fiscalía, avancen con celeridad para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Este caso debe marcar un punto de inflexión hacia una mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de recursos públicos, protegiendo a los ciudadanos de abusos y malversaciones.