Tribunal Constitucional rechaza recurso de inhabilidad contra Maya Fernández por fallida compra de casa de Allende
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El Tribunal Constitucional (TC) decidió no admitir a trámite el requerimiento de inhabilidad en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, por su participación en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Con una votación de 4 a 1, la Primera Sala del TC argumentó que la solicitud no cumplía con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 17.997, desestimando así una denuncia que planteaba serias dudas sobre la probidad de la secretaria de Estado. La decisión del tribunal ha sido ampliamente criticada, ya que refuerza la percepción de que la clase política está protegida por un sistema judicial complaciente y poco riguroso en la fiscalización de sus actuaciones.
Puntos Claves:
El fallo del Tribunal Constitucional: Formalidades sobre fondo
- Decisión mayoritaria: Con cuatro votos a favor y solo uno en contra, el TC determinó que el requerimiento de inhabilidad contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, «no cumplía con los requisitos legales».
- Integrantes de la sala: La Primera Sala estuvo compuesta por la presidenta del TC, Daniela Marzi, y los ministros María Pía Silva, Raúl Mera, Alejandra Precht y Héctor Mery, siendo este último el único que votó en contra del rechazo del recurso.
- Argumento del rechazo: El tribunal se amparó en el artículo 119 de la Ley 17.997, señalando que el requerimiento no se ajustaba a los requisitos formales. Sin embargo, no entregó un análisis de fondo sobre el caso ni se pronunció respecto a las acusaciones de inhabilidad.
La fallida compra de la casa de Allende y el conflicto de intereses
- Contrato irregular: El 30 de diciembre de 2024, Maya Fernández y la senadora Isabel Allende suscribieron una escritura pública en la que vendieron la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja 392, Providencia, al Ministerio de Bienes Nacionales por $933 millones de pesos.
- Posible violación a la Constitución: Según el requerimiento presentado por los abogados John Reid Echenique y Raimundo Palamara Stewart, esta operación vulneraba la prohibición constitucional que impide a los funcionarios públicos celebrar contratos con el Estado por más de 200 UTM.
- Negocios con el Estado: La ministra Fernández participó directamente en una transacción que beneficiaba su propio patrimonio, lo que representa un evidente conflicto de intereses.
Críticas al Tribunal Constitucional y la protección a la élite política
- Decisión política disfrazada de tecnicismo: Al centrarse en un argumento formalista, el TC evitó abordar el fondo del problema: si la ministra Fernández violó la Constitución al firmar el contrato de compraventa.
- Blindaje a la ministra de Defensa: La resolución del tribunal refuerza la percepción de que el TC es un órgano protector de la élite política más que una verdadera instancia de control constitucional.
- Posibilidades de reingreso del recurso: Los abogados querellantes han señalado que insistirán con la acción judicial, dado que al ser declarada «no presentada», el requerimiento puede ser ingresado nuevamente.
El fallo del Tribunal Constitucional en favor de la ministra Maya Fernández ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el control de la corrupción en el país. La decisión de la mayoría de los jueces de la Primera Sala evidencia una preocupante tendencia a priorizar tecnicismos en lugar de evaluar las faltas éticas y legales de los altos cargos del gobierno. Este caso no solo deja impune una acción que podría constituir un grave conflicto de interés, sino que también refuerza la idea de que la justicia en Chile opera con doble estándar, dependiendo de quién se encuentre en el poder.
