Contraloría revela más de 5 mil perfiles de fallecidos aún activos en sistema de la SUSESO y alerta por fallas graves en fiscalización de licencias médicas

Una auditoría de la Contraloría General de la República volvió a poner en entredicho la gestión de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), esta vez por mantener activas más de 5.000 cuentas informáticas de personas fallecidas. Aunque ya se conocían falencias en el control de licencias médicas, el nuevo informe expone riesgos aún más estructurales en el sistema tecnológico y en la gestión interna del organismo.

Puntos Claves:

• Cuentas activas de fallecidos: un riesgo concreto para el sistema público:
  El hallazgo más impactante del Informe Final N° 180/2025 de Contraloría es que 5.104 perfiles de usuario pertenecientes a personas fallecidas seguían activos en el sistema informático de la Suseso.
  • Estas cuentas corresponden a registros digitales utilizados para operar dentro del sistema que gestiona la fiscalización de licencias médicas y otras funciones administrativas.
  • El mantener estos perfiles habilitados representa un riesgo grave de uso indebido, suplantación o manipulación de información, ya que podrían ser aprovechados por terceros sin autorización.
  • El dato fue verificado mediante un cruce con los registros del Servicio de Registro Civil.
• Sobre el poco control de las licencias médicas:
  Este nuevo informe profundiza en una situación que ya venía siendo cuestionada: las debilidades en la fiscalización del uso irregular de licencias médicas.
  • Desde 2023, la Contraloría había evidenciado que miles de funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica.
  • Aunque no es un hallazgo nuevo, el informe actual muestra que las fallas no se limitaron a casos puntuales, sino que reflejan problemas estructurales dentro de la Suseso.
• Demoras injustificadas en la tramitación de multas:
  La auditoría revisó 102 expedientes del sistema PAE, todos con resolución de multa, y encontró que en 96 casos se superó el plazo legal de 30 días hábiles para resolver recursos de reposición presentados por los profesionales sancionados.
  • En 62 expedientes (65% del total), la demora superó los 180 días, llegando en algunos casos hasta 427 días hábiles, es decir, casi dos años sin resolución.
  • Contraloría advirtió que esto genera acumulación de casos y una pérdida de eficiencia operativa, además de afectar los derechos de los profesionales y entidades involucradas.
• Falta de control interno en la asignación de funciones clave:
  El informe detectó que la plataforma tecnológica usada por la Unidad de Control de Licencias Médicas permite asignar funciones críticas —como la visación de oficios o la firma de resoluciones— sin un criterio definido ni controles adecuados.
  • Esto implica que cualquier funcionario puede ser designado para tareas sensibles, sin considerar su rol o unidad, lo que aumenta el riesgo de errores o decisiones arbitrarias.
• Funcionarios externos con acceso al sistema:
  Se detectó que personas ajenas a la dotación oficial de la Suseso han tenido acceso al sistema e incluso realizado movimientos internos.
  • Esta situación, sumada a la existencia de perfiles de fallecidos activos, refuerza los riesgos de acceso no autorizado y falta de trazabilidad en la gestión de datos sensibles.
• Incumplimientos en convenios con Fonasa y Tesorería:
  La CGR analizó los convenios de colaboración entre la Suseso y otros organismos clave, detectando nuevos problemas:
  • Fonasa no ha cumplido con entregar oportunamente los archivos de cotizaciones de salud, como lo exige el protocolo firmado en 2016.
  • La Suseso, por su parte, no ha realizado las notificaciones formales cuando ocurren estos incumplimientos.
  • En el caso del convenio con la Tesorería (vigente desde 2021), se comprobó que el proceso de carga de multas se hace manualmente, lo que eleva el riesgo de duplicación de registros y errores humanos.
• Normativa desactualizada en temas clave:
  La auditoría también evidenció que la circular N° 3.523, que regula el control sobre el otorgamiento y uso de licencias médicas electrónicas, no ha sido actualizada.
  • Esta normativa es fundamental para el trabajo fiscalizador de la Suseso, y su desactualización dificulta la aplicación eficiente de sanciones y controles.
• Medidas ordenadas por Contraloría:
  Ante la gravedad de los hechos, la CGR instruyó a la Suseso a:
  • Iniciar un procedimiento disciplinario para establecer las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
  • Desarrollar una funcionalidad dentro del sistema PAE que permita la segregación clara de funciones (visadores y firmadores), y entregar evidencia de ello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe.
• Críticas políticas y cuestionamientos públicos:
  La gestión de la Suseso ya había sido objeto de críticas. La semana pasada, su titular Pamela Gana fue citada al Senado a rendir cuentas.
  • El senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud, expresó: “Mi opinión personal es que la Suseso no solamente no ha estado a la altura de las circunstancias, sino que además ha sido deficiente en el cumplimiento de sus deberes”.
  • También recordó que desde 2014 existe un convenio entre la Suseso y la PDI para compartir información sobre viajes al extranjero durante licencias médicas, el cual nunca ha sido aplicado en pacientes, lo que habría permitido detectar irregularidades mucho antes.

Los hallazgos de Contraloría exponen no solo una falta de modernización del sistema informático de la Suseso, sino también una débil capacidad de control y seguimiento en áreas críticas como las licencias médicas y la gestión de sanciones. La existencia de perfiles de usuarios fallecidos activos, sumada a demoras excesivas y fallos operativos, refuerza la percepción de que el organismo no ha logrado responder de forma adecuada a las exigencias de fiscalización que le competen.

Este nuevo informe se suma a una serie de cuestionamientos que la Suseso ha enfrentado en los últimos meses, y vuelve a poner en el centro del debate la necesidad urgente de modernizar la fiscalización en el sector público y fortalecer los controles sobre el uso de recursos y beneficios estatales.