Recorte al Ministerio Público y Poder Judicial: una amenaza directa a la seguridad y justicia en Chile

El pleno de la Corte Suprema y altos representantes del Ministerio Público han advertido graves consecuencias operativas y sociales debido a los significativos recortes presupuestarios implementados por el Gobierno del presidente Gabriel Boric. Estas decisiones, parte de un ajuste global de 544 mil millones de pesos, han generado una crisis institucional, particularmente en áreas clave como la seguridad pública y el acceso a la justicia.

La reducción presupuestaria para el Poder Judicial y el Ministerio Público asciende a 17 mil millones y 7 mil millones de pesos, respectivamente, comprometiendo su capacidad operativa en un contexto de alta demanda y crisis de seguridad.

Puntos Claves:

Impacto en el Poder Judicial

• Recorte de 17 mil millones al Poder Judicial: La Corte Suprema alerta sobre una sobrecarga laboral extrema y la incapacidad de mantener la operatividad de los tribunales. Según estudios internos, existe un déficit del 47% en jueces de primera instancia.
• Áreas críticas afectadas: Tribunales laborales, penales y de familia enfrentan una crisis de personal, agravada por licencias médicas y ausencias sin posibilidad de suplencia.
• Advertencia pública: “De no revertirse esta medida, enfrentaremos una grave situación durante este año”, declaró el máximo tribunal, enfatizando que la continuidad operacional está en riesgo.

Ministerio Público: golpe a la seguridad pública

• Recorte de 7 mil millones de pesos: La reducción afecta directamente áreas como la persecución del crimen organizado, la protección de víctimas y el desarrollo tecnológico. Esto ocurre en medio de una crisis de seguridad nacional.
• Menos recursos para investigaciones clave: El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, advirtió que esta decisión compromete la capacidad de realizar peritajes y proteger a testigos en casos complejos. “Es un daño severo a la operación”, afirmó.
• Sospechas de represalias: Al interior del Ministerio Público se ha planteado que el recorte podría ser una represalia por las indagatorias contra figuras de alto perfil. Aunque Valencia no tiene pruebas concretas, reconoció el temor entre fiscales.

Responsabilidad política y debate público

• Parlamento bajo la lupa: Parlamentarios que aprobaron estos recortes ahora critican sus consecuencias. Desde la oposición y el oficialismo, se buscan sesiones conjuntas para revertir la medida.
• Desconfianza en las prioridades del Gobierno: La diputada Gloria Naveillán calificó el recorte como “absolutamente incomprensible” y resaltó que golpea directamente al único organismo que ha mostrado eficacia contra el crimen organizado.
• Confusión en el mensaje gubernamental: Mientras la ministra Carolina Tohá insiste en que no hay disputas con la Fiscalía y resalta aumentos en programas específicos, los recortes a otras áreas del Ministerio Público contradicen la prioridad declarada del Gobierno en seguridad.

Impacto a largo plazo

• Proyección alarmante: La falta de avances en proyectos de ley para aumentar dotaciones y la creciente carga laboral auguran un déficit estructural que no se resolverá a corto plazo.
• Crisis institucional: Las decisiones de recorte presupuestario no solo afectan operativamente a las instituciones, sino que también erosionan la confianza ciudadana en el Gobierno y el Parlamento.

La reducción presupuestaria implementada por el Ejecutivo expone graves inconsistencias en las prioridades políticas, particularmente en un contexto donde la seguridad y el acceso a la justicia son temas urgentes. A pesar de los esfuerzos declarativos, la falta de coherencia en las decisiones refleja una desconexión con las necesidades reales del país.

Las instituciones afectadas han manifestado su disposición a buscar soluciones conjuntas con el Gobierno, pero recalcan que los daños ya generados tendrán consecuencias difíciles de revertir. El país enfrenta un llamado urgente a repensar sus prioridades, con un enfoque centrado en garantizar la seguridad y la justicia para todos.