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“Son maltratadores”: Impactante denuncia de funcionaria de Hacienda antes de su trágico suicidio en Santiago

Ilustración acoso laboral en oficina Imagen generada con IA. Click para ampliar T
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La abogada P.M.S.T., de 37 años, falleció tras lanzarse desde el piso 14 del edificio del Ministerio de Hacienda en Santiago. Minutos antes, denunció por maltrato laboral a dos altos funcionarios de la Defensoría del Contribuyente, exigiendo sumarios y alertando a sus compañeros en un mensaje que hoy conmociona a la opinión pública. La falta de acción ante denuncias de acoso laboral en el gobierno queda expuesta, desatando críticas hacia la gestión interna de la institución.

Puntos Claves:

  • Denuncia previa al trágico suceso:
    • Mensaje enviado:
      En un mensaje enviado a las 19:39 horas del martes 14 de enero a través de la plataforma Teams, P.M.S.T. escribió: R. C. R. y V. K. son maltratadores. Avisen a la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad). Hagan sumarios”.
    • Implicados:
      La abogada apuntó directamente a dos altos rangos de la Defensoría del Contribuyente, repartición del Ministerio de Hacienda donde trabajaba. Este mensaje, actualmente en manos de la Fiscalía, es central en las investigaciones en curso.
  • El desenlace trágico:
    • Los hechos:
      Apenas minutos después de su denuncia, P.M.S.T. cayó desde el piso 14 del edificio gubernamental ubicado en calle Teatinos 120.
    • Acciones inmediatas:
      Transeúntes alertaron a los guardias del recinto, quienes informaron a Carabineros. La Fiscalía y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) descartaron preliminarmente la intervención de terceros, indicando que la causa de muerte sería un suicidio.
  • Investigaciones en curso:
    • Fiscalía de Género:
      Liderada por la fiscal Patricia Varas, indaga los antecedentes laborales de la víctima, buscando esclarecer si las acusaciones de maltrato constituyen negligencia institucional.
    • Dirección del Trabajo:
      Esta institución abrió una fiscalización al Ministerio de Hacienda para determinar posibles violaciones a la Ley Karin, diseñada para proteger a las víctimas de maltrato en el lugar de trabajo.
    • Sumario administrativo:
      El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció una investigación interna para abordar las acusaciones y evaluar la gestión laboral en la institución.
  • Críticas hacia el gobierno:
    • Declaraciones de ANEF:
      José Pérez, presidente de la agrupación, declaró: “Las autoridades pertinentes deben tomar acción inmediata para esclarecer los hechos y prevenir tragedias similares.” Además, exigió rapidez y transparencia en las investigaciones.
    • Comunicado de la Federación Nacional de Asociaciones del Palacio de La Moneda:
      Enfatizaron que es “imprescindible que las autoridades competente realicen una investigación pronta, rigurosa y transparente, que permita esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho y adoptar las medidas necesarias para prevenir que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir.”
  • La historia de la víctima:
    • Experiencia laboral:
      P.M.S.T. tenía tres años de experiencia en la Defensoría del Contribuyente y un historial profesional en el Servicio de Impuestos Internos y estudios jurídicos.
    • Historia personal:
      En un libro publicado, relató su difícil historia familiar, marcada por episodios de abuso. Sus últimas publicaciones en redes sociales reflejaban signos de agotamiento emocional. “Sí, maldito fin de año,” respondió a un comentario sobre su cansancio días antes del incidente.

Las circunstancias que llevaron a la muerte de P.M.S.T. exigen una revisión profunda y urgente de las políticas laborales del gobierno. Es particularmente irónico y alarmante que este trágico suceso ocurra en una institución que debiera ser modelo de respeto a la Ley Karin, una normativa promovida por el propio gobierno para proteger a las víctimas de maltrato laboral. Este caso expone una falla sistémica en la implementación y supervisión de la ley, poniendo en entredicho la verdadera voluntad gubernamental de garantizar espacios laborales dignos y seguros. La opinión pública exige respuestas concretas, no solo palabras, para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.