Comienza juicio oral contra Miguel Ángel Aguilera (exPS): exalcalde de San Ramón arriesga 10 años de cárcel por corrupción y presuntos nexos con narcotráfico

Este miércoles comenzó en Santiago el juicio oral contra el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, acusado de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos. El proceso judicial se da tras años de investigación y está centrado en una serie de movimientos financieros irregulares ocurridos entre 2012 y 2017, cuando el exmilitante del Partido Socialista ejercía como jefe comunal.

Puntos Claves:

• Inicio del juicio oral tras años de investigación: Este miércoles comenzó el juicio oral en contra de Miguel Ángel Aguilera, exalcalde de San Ramón y exvicepresidente del Partido Socialista. El proceso se desarrolla en el 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, tras varios años de investigaciones iniciadas en 2017 y una formalización ocurrida en julio de 2021.
• Delitos imputados por la Fiscalía: El Ministerio Público acusa a Aguilera de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos, presuntamente cometidos entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017. Los hechos se habrían realizado de forma “sucesiva, continuada y reiterada”, lo cual, según la Fiscalía, interrumpe la prescripción.
• Incremento patrimonial injustificado: Según la acusación, Aguilera habría incrementado su patrimonio en más de $268 millones, a través de depósitos en efectivo por caja en billetes, sin respaldo financiero ni explicación lógica. Las cuentas analizadas corresponden al Banco Estado y al Banco Santander.
• Vínculo con empresa adjudicataria municipal: La tesis de la Fiscalía indica que los fondos provenían de licitaciones otorgadas a la empresa Asesoría en Investigación Social (AIES), vinculada a José Miguel Zapata Vergara, entonces director de la Secretaría Comunal de Planificación. Los pagos de estas licitaciones eran realizados “en cosa de días” y luego depositados en las cuentas personales de Aguilera.
• Compra de lujosa propiedad: Entre las pruebas destaca la compra de una vivienda de más de 13.000 UF (cerca de $500 millones), cuyo pie —por sobre los $115 millones— habría sido pagado íntegramente en efectivo. La Fiscalía sostiene que este desembolso no se condice con los ingresos lícitos del exalcalde.
• Medidas cautelares y presuntas infracciones: Tras su formalización en 2021, Aguilera pasó un año en prisión preventiva y desde 2022 cumple arresto domiciliario total. Sin embargo, se han denunciado múltiples vulneraciones a esta medida, incluyendo más de 80 permisos especiales y tres salidas no autorizadas, entre ellas una visita a un restaurante.
• Defensa argumenta prescripción y falta de pruebas: Los abogados de Aguilera sostienen que la mayoría de los delitos de cohecho están prescritos. Indican que en una de sus cuentas corrientes, 41 de los depósitos estarían fuera del plazo legal, y que solo 17 millones de pesos serían imputables actualmente. También alegan que las pruebas del Ministerio Público son débiles y que los depósitos se hicieron para actividades políticas del Partido Socialista, sin relación con licitaciones.
• Preocupación por la demora del proceso: Desde la Municipalidad de San Ramón, el actual alcalde Gustavo Toro expresó inquietud por la duración del proceso: “Llevamos ocho años esperando justicia (…) hay preocupación por una posible prescripción debido al tiempo transcurrido”.
• Connotación pública y extensión del juicio: El caso ha tenido alta connotación pública debido a la gravedad de los delitos y al contexto político en que ocurrieron. Se estima que el juicio oral podría extenderse por al menos un mes, con la participación de numerosos testigos y evidencia documental.
• Razones (formales) del extenso aplazamiento del juicio: Aunque las denuncias surgieron en 2017, la formalización recién ocurrió en 2021 (4 años después), debido a la complejidad del caso, la necesidad de reunir pruebas financieras y vínculos con terceros, además de retrasos administrativos, efectos de la pandemia y diversas estrategias legales de la defensa. Todo esto contribuyó a que el juicio comenzara recién este abril de 2025.

El juicio contra Miguel Ángel Aguilera representa uno de los procesos por corrupción municipal más relevantes de los últimos años en Chile, y su desenlace será clave para determinar responsabilidades en la gestión de recursos públicos. La Fiscalía busca una pena de 10 años de presidio efectivo, la inhabilitación por 17 años para ejercer cargos públicos y el pago de multas por más de $329 millones.

El desarrollo del juicio también permitirá aclarar las múltiples denuncias de presuntos vínculos con redes delictuales, así como evaluar la solidez de las pruebas presentadas por ambas partes. Las víctimas principales de este caso son los vecinos y vecinas de San Ramón, quienes durante años han exigido justicia por los eventuales abusos de poder de la exautoridad comunal.