Luis Cordero, Regularización y ‘efecto llamada’: críticas al gobierno y caos interno en Barrio Meiggs

El reciente anuncio de una “regularización acotada” para miles de migrantes en situación irregular, impulsada por el gobierno y defendida por el subsecretario del Interior, Luis Cordero, ha generado una ola de críticas y desorden interno que se evidencia hoy mismo en el Barrio Meiggs, donde la población migrante presiona al Registro Civil con la esperanza de obtener documentación, creando un “efecto llamada” palpable en las calles y alimentando el descontento opositor frente a una gestión que, según los detractores, incentiva la migración ilegal y perjudica a las familias chilenas más vulnerables.

Confusión entre enrolamiento y regularización genera caos en el Estadio Víctor Jara: Miles de inmigrantes colapsan el sector Meiggs

Esta mañana miles de migrantes se congregaron en el Estadio Víctor Jara, en Santiago, para participar en el proceso de enrolamiento anunciado por el Registro Civil.r […]

Puntos claves:

• La oposición denuncia un incentivo a la migración ilegal: Diputados republicanos califican la propuesta de regularización como una medida irresponsable, asegurando que el Ejecutivo, con Luis Cordero a la cabeza, estaría promoviendo indirectamente la llegada de más migrantes irregulares y aumentando la presión sobre los ya debilitados servicios públicos.
• “Efecto llamada” y presión en el territorio: Lejos de ser una teoría abstracta, el fenómeno se observa en el propio Barrio Meiggs, donde desde temprano la comunidad migrante se arremolina frente al Estadio Víctor Jara (arrendado por Registro Civil), esperando obtener beneficios de una política gubernamental que aún no se implementa formalmente. Este caos interno demuestra el grave impacto que generan los anuncios poco claros y la falta de control en la administración del Estado.
• Cifras preocupantes y mínima expulsión: Entre 2021 y 2023 ingresaron de forma irregular más de 150 mil personas, mientras que apenas un 0,4% ha sido expulsado. Para críticos y opositores, esto demuestra que el gobierno y Luis Cordero han fracasado en su promesa de controlar la migración, tolerando en la práctica una situación que sobrecarga los sistemas de salud, educación y seguridad pública.
• Falta de fiscalización laboral y confusión legal: La oposición pone el acento en la contradicción de regularizar a individuos que no cumplieron la ley desde el inicio. Además, cuestiona la inacción de la Dirección del Trabajo ante empleadores que contratan a migrantes sin documentos, generando mayor incertidumbre y arbitrariedad en el mercado laboral.
• Argumentos gubernamentales bajo fuego: El Ejecutivo, con Cordero defendiendo la iniciativa, asegura que la regularización busca seguridad y beneficios económicos. Sin embargo, la oposición sostiene que estas justificaciones carecen de sustento real, y los datos —además de la tensión en las calles— desmienten el supuesto ordenamiento que se pretende alcanzar.
• Cero aprendizaje de experiencias anteriores: Críticos recuerdan que gobiernos anteriores ya intentaron procesos de regularización sin lograr mejoras sustantivas. La administración actual, lejos de aprender de estos precedentes, agrava la situación al mostrar ambigüedades, plazos inciertos y falta de una normativa clara avalada por ley.
• Postergación a las familias chilenas más vulnerables: Mientras el gobierno defiende la regularización, las familias chilenas que compiten por recursos limitados —como cupos en jardines infantiles, acceso a atención médica y beneficios sociales— resultan perjudicadas. Según los parlamentarios opositores, esta política entrega prioridad a quienes ingresaron de forma ilegal, relegando a los más pobres del país.

El desorden en Barrio Meiggs, la presión sobre el Registro Civil y las denuncias de un “efecto llamada” demuestran que las políticas del gobierno y la defensa a ultranza de Luis Cordero no solo son insuficientes, sino también contraproducentes. Más allá de cifras y promesas, la realidad en las calles es una señal inequívoca de que la administración actual ha fallado en la gestión migratoria, dejando a las comunidades locales más vulnerables en un estado de incertidumbre y tensión. Hoy más que nunca, se hace urgente que las autoridades asuman su responsabilidad, articulen soluciones claras y trabajen por un equilibrio justo, evitando que las familias más afectadas, tanto chilenas como migrantes, sigan sufriendo las consecuencias de una política carente de dirección y rigor.