En solo dos meses de 2022, mientras era subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi (Frente Amplio) autorizó tres traspasos de fondos desde gobiernos regionales a la Fundación ProCultura, dirigida por Alberto Larraín. Las operaciones, que suman más de $3.400 millones, fueron visadas por la directora de Presupuestos Javiera Martínez (FA) y hoy forman parte de la investigación por presunto fraude al fisco que encabeza la Fiscalía. Uno de los convenios, firmado con el gobernador Claudio Orrego, terminó en una querella luego que la fundación se negara a transparentar el uso de los fondos y no rindiera más de $1.000 millones. Esta información fue revelada por un reportaje del medio Ex-Ante.
Puntos Claves:
- Resolución de $1.683 millones para programa de salud mental en Santiago: El 11 de julio de 2022, Miguel Crispi firmó la resolución N°52 que modificó el presupuesto del Gobierno Regional Metropolitano liderado por Claudio Orrego, permitiendo el traspaso de $1.683.788.000 a la Fundación ProCultura para el programa “Prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental”.
- Solo $600 millones fueron rendidos: De ese monto, la fundación solo ha justificado el uso de $600 millones. La gobernación terminó el convenio, demandó y presentó una querella criminal, pero hasta la fecha no ha logrado recuperar los $1.000 millones restantes.
- Visado de Javiera Martínez: Las tres resoluciones que habilitaron traspasos a ProCultura fueron visadas por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (FA), quien estampó su firma en cada documento.
Otros traspasos autorizados:
- Gobierno Regional del Ñuble: El 21 de julio de 2022, Crispi firmó la resolución N°58 que autorizó $268.100.000 a ProCultura para el proyecto “Fortalecimiento de la integración con Argentina – Encuentro Binacional Ñuble”.
- Gobierno Regional del Biobío: El 11 de mayo de 2022, el subsecretario subrogante Francisco Pinochet firmó la resolución N°24 que modificó el presupuesto del Gore Biobío para permitir $4.900 millones en transferencias al sector privado, incluyendo $1.506.270.000 a ProCultura para el proyecto “Competitividad de oferta turística y creativa, puesta en valor de la identidad cultural de Biobío”.
- Total autorizado desde Subdere a ProCultura: En total, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional bajo el mando de Crispi, se aprobaron $3.458.158.000 en traspasos a la fundación en un período de dos meses.
- Investigación del Ministerio Público: Todos estos traspasos, junto a otros provenientes de gobernaciones y seremías del Minvu, están siendo investigados por el fiscal Patricio Cooper. Se indaga un presunto fraude al fisco en convenios con ProCultura por un total de $6 mil millones.
Rol de Miguel Crispi:
- Oficio validando fundación y proyecto en Antofagasta: El 14 de junio de 2022, Crispi firmó un oficio validando a ProCultura para ejecutar un proyecto en Antofagasta por $629.815.000 para pintar tres fachadas del centro histórico, argumentando que la fundación “presenta experiencia suficiente”.
- Contradicciones en el Congreso: Aunque inicialmente justificó los proyectos como trámites técnicos, en enero de 2024 dijo en el Congreso que “no conocía a ProCultura hasta que se destapó el caso”, aunque sí admitió conocer a Alberto Larraín.
- Vínculo político de Larraín: Alberto Larraín, director de ProCultura, ha sido cercano al Frente Amplio y a figuras como Claudio Orrego, con quien compartió espacios laborales y políticos. En 2022, Orrego lo nombró director de la Corporación Regional de Santiago.
Situación de Claudio Orrego:
- Proyecto sin fondos disponibles: En noviembre de 2023, la Gobernación de Santiago solicitó a ProCultura los talonarios bancarios para verificar disponibilidad de fondos, pero la fundación se negó.
- Querella sin resultados: En 2024, la gobernación presentó demanda civil y querella criminal contra la fundación, sin lograr aún recuperar los recursos.
- Orrego investigado: Claudio Orrego fue calificado como “sujeto de interés” en la investigación del Ministerio Público. Su relación con Larraín, a quien se describía como su “ahijado político”, es parte de los antecedentes recopilados por la Fiscalía.
La rápida aprobación de multimillonarios traspasos a una misma fundación en un corto período, con respaldo de altas autoridades del gobierno y sin rendiciones completas de gastos, ha generado cuestionamientos transversales. Las acciones legales interpuestas por el Gobierno Regional Metropolitano reflejan el nivel de preocupación institucional, mientras el Ministerio Público sigue ampliando la indagatoria por el denominado Caso Convenios.