Un informe de la Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en el Programa de Útiles Escolares 2024, gestionado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). El organismo detectó un retraso de hasta siete meses en la entrega de más de 1,4 millones de kits, originalmente destinados a estudiantes de colegios públicos y del 40% más vulnerable de establecimientos particulares subvencionados con gratuidad. Las anomalías se atribuyen a fallidas licitaciones, deficiencias en planificación y problemas logísticos graves, lo que motivó la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
Puntos Claves:
- Demora significativa en la entrega de útiles escolares: La Contraloría constató que, al 6 de septiembre de 2024, solo se había distribuido el 34% de los kits escolares del Programa de Útiles Escolares (PUE), quedando pendientes 1.425.852 unidades de un total de 2.656.214. La entrega comenzó recién el 26 de julio, pese a que el año escolar inició en marzo.
- Licitaciones fallidas e ineficiencia técnica: La primera licitación fue declarada desierta porque el único oferente no cumplía con la exigencia formal de proporcionar lápices de forma hexagonal, una condición excluyente sin justificación técnica. La segunda licitación permitió ambas formas, pero los tiempos perdidos generaron un fuerte impacto en la logística de distribución.
- Kits insuficientes e incongruentes con el currículum: El informe advirtió que los materiales entregados no cubrían las necesidades del currículum escolar. Se detectaron reducciones arbitrarias en la cantidad de lápices y cuadernos, llegando estos últimos a cubrir solo un tercio de las asignaturas requeridas.
- Distribución sin requisitos adecuados: La empresa contratada para la distribución, Unión Temporal de Proveedores “UTP Fyrma-Sils”, no contaba con el giro comercial necesario ni con flota de vehículos propios. Se verificó el uso de empresas subcontratadas, sin acreditar que cumplieran con el límite del 30% de subcontratación permitido por las bases.
- Falta de planificación institucional: Junaeb no elaboró una planificación de entrega de útiles escolares para el año 2024, delegando esta tarea al proveedor adjudicado, lo que evidenció una grave omisión en sus responsabilidades logísticas y de gestión.
- Sumario administrativo en curso: Frente a las irregularidades, la Contraloría anunció la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas dentro de Junaeb.
- Reacción institucional y medidas correctivas: Desde Junaeb informaron que el total de útiles pendientes fue entregado en octubre de 2024, siete meses después del inicio de clases. Añadieron que se incorporaron las observaciones de la Contraloría en su auditoría y que el proceso 2025 finalizó exitosamente en abril, con más de 25 millones de artículos distribuidos.
- Nuevas bases para evitar errores futuros: Junaeb indicó que ya ingresó a Contraloría las bases de licitación del programa para el período 2026-2027, adelantando las fechas para asegurar la eficiencia lograda en 2025. Además, se reforzaron controles de plazos y se elaboró un nuevo informe técnico para definir los estándares de los productos.
- Advertencias previas y presunto perjuicio fiscal: Según señaló el exdirector Jaime Tohá, “hay una secuencia de irregularidades que concluyen con el beneficio de algunas empresas particulares”, lo que podría haber generado un perjuicio fiscal estimado entre $12.000 y $16.000 millones.
- Otros antecedentes preocupantes: La auditoría también reveló que Junaeb abandonó seis demandas civiles contra proveedores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), por no realizar gestiones útiles durante al menos seis meses en los respectivos juicios.
La situación ha dejado en evidencia fallas estructurales en la planificación, control y ejecución del programa por parte de Junaeb. Aunque la institución asegura haber corregido los errores en el ciclo siguiente, el daño ya estaba hecho: millones de estudiantes comenzaron el año escolar sin los materiales necesarios, en un reflejo preocupante de descoordinación estatal.
Los retrasos y deficiencias en la entrega de útiles escolares afectaron a niñas, niños y adolescentes que dependen de este apoyo estatal para desarrollar su aprendizaje en condiciones mínimamente adecuadas. Aunque se completó la entrega de los kits con meses de retraso, las consecuencias pedagógicas y sociales de estas fallas aún están por dimensionarse completamente.
La apertura del sumario y las nuevas medidas anunciadas por Junaeb ofrecen una señal de corrección institucional, pero también subrayan la necesidad urgente de revisar en profundidad los mecanismos de licitación y control de programas sociales críticos, especialmente cuando afectan directamente el acceso equitativo a la educación.