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Denuncian grave irregularidad en contrato de $700 millones con Unholster: ex PDI acusa violación a la Ley del Lobby

Ilustración sistema judicial abuso para sacar dinero corrupción Imagen generada con IA. Click para ampliar T
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El exdetective de la Policía de Investigaciones (PDI), Sandro Gaete, renunció a su cargo en el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) el 1 de agosto, cuestionando la transparencia y la legalidad del contrato firmado con la empresa Unholster para desarrollar una plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos. Gaete argumenta que esta contratación se realizó en condiciones cuestionables, sin cumplir con los procedimientos requeridos, y que el trabajo ya estaba siendo realizado sin costo por otros organismos. Todo esto se ha dado a conocer gracias a una importante entrevista realizada por La Tercera

Puntos claves

  1. Renuncia de Gaete y cuestionamientos al contrato con Unholster:
    • Sandro Gaete, con una extensa carrera en la PDI dedicada a casos de derechos humanos, renunció a su cargo en el PNB tras la firma de un contrato directo con Unholster por más de $700 millones. Gaete argumenta que esta contratación se realizó para un trabajo que ya estaba siendo efectuado de manera gratuita por el Instituto Milenio de Fundamentos de Datos (IMFD) y otros colaboradores.
    • En sus declaraciones, Gaete afirmó: “No podía seguir ahí. Se están pagando más de $700 millones a una empresa por algo que se estaba haciendo gratis. Se le está ocultando información a los familiares y se está faltando a la verdad respecto a la capacidad técnica del Instituto Milenio”.
  2. Reuniones no registradas y falta de transparencia:
    • Gaete denunció que la reunión en la que se decidió la contratación de Unholster no fue registrada en la plataforma de lobby, como lo exige la ley. “Ese tipo de reuniones obligadamente se tienen que registrar”, señaló Gaete, cuestionando la transparencia del proceso.
    • En cuanto a la reunión, Gaete indicó que estuvo presente el ministro de Justicia, Luis Cordero, junto con otros funcionarios y Cristóbal Huneeus, dueño de Unholster. “No está claro cómo llega Unholster; hay versiones encontradas. El ministro dice que no la registró en la plataforma de lobby porque ellos no eran vendedores de nada”, explicó Gaete, sugiriendo que hubo un conflicto de intereses no declarado.
  3. Cuestionamientos al proceso de licitación:
    • Según Gaete, Unholster ganó una licitación para el diseño de una base de datos siendo la oferta más cara y luego consiguió un trato directo para la implementación del mismo proyecto. Esto, según él, es irregular, ya que el diseño e implementación de una base de datos no deberían ser contratos separados. Además, afirmó que se mintió al decir que no había otra empresa que pudiese brindar el servicio, cuando en realidad otros organismos ya estaban realizando ese trabajo.
    • “Mienten al decir que no había ninguna otra empresa que pudiese brindar ese servicio. Y esa mentira se cae porque es el trabajo que está haciendo ahora el Instituto Milenio de Datos con el Museo de la Memoria y la Fundación de Archivos de la Vicaría”, afirmó Gaete.
  4. Impacto en la gestión del Plan Nacional de Búsqueda:
    • Gaete manifestó su preocupación por la falta de sentido de urgencia en la gestión del PNB bajo la dirección actual. Aseguró que los trabajos prometidos a las víctimas, como la identificación de trayectorias y sitios de interés, ya estaban avanzados, pero no por Unholster, sino por los analistas del Programa de Derechos Humanos.
    • Además, criticó que la información crucial no se está compartiendo con las familias de las víctimas, generando desconfianza y retrasos en un tema tan sensible como la búsqueda de detenidos desaparecidos.

La renuncia de Sandro Gaete y sus denuncias sobre la contratación de Unholster para el desarrollo de la plataforma del Plan Nacional de Búsqueda han generado un fuerte cuestionamiento sobre la transparencia y la eficiencia en la gestión de este programa. La falta de registros formales de reuniones y la aparente falta de consideración por los recursos ya disponibles plantean serias dudas sobre la conducción del PNB y el manejo de los fondos públicos. A pocos días de conmemorar el aniversario del PNB, la promesa de “verdad, justicia y reparación” parece estar en riesgo, según las preocupaciones planteadas por el exdetective.

Preguntamos a la IA. ¿Qué normas y leyes se podrían estar incumpliendo en este caso?

Es muy importante ser consciente que la Inteligencia Artificial puede contener errores, esta información es solo una referencia. Nosotros lo hemos revisado a grandes rasgos y parece correcto, pero siempre existe la posibilidad de que se nos pueda pasar un detalle, sobre todo cuando son múltiples faltas o posibles delitos

La IA reconoce dos faltas principales en Ley de Lobby y otros 3 posibles delitos en código penal:

1. Falta de registro de reuniones en la plataforma de lobby

  • Artículo 3 de la Ley N° 20.730 (Ley del Lobby) establece que los sujetos pasivos, incluyendo ministros y otros funcionarios de alto rango, deben registrar todas las audiencias, viajes y donativos en un sistema electrónico público.
  • Incumplimiento: La reunión entre el ministro y representantes de Unholster, según las declaraciones de Sandro Gaete, no fue registrada. Esto constituye una falta de transparencia y una infracción a la ley de lobby, que podría entenderse como una omisión deliberada de información relevante para el escrutinio público.

2. Conflicto de intereses

  • Artículo 4 de la Ley del Lobby dispone que los funcionarios deben actuar con probidad y evitar cualquier situación que pueda interpretarse como un conflicto de intereses.
  • Incumplimiento: El involucramiento de Cristóbal Huneeus, gestor de intereses privados, en reuniones sin el debido registro podría ser interpretado como un conflicto de intereses, especialmente si su empresa se beneficia directamente de decisiones tomadas en esas reuniones.

3. Omisión en la declaración de intereses y patrimonios

  • Artículo 8 de la Ley del Lobby obliga a los sujetos pasivos a declarar intereses y patrimonios que podrían verse afectados por sus decisiones.
  • Incumplimiento: Si los involucrados en la firma del contrato o en las reuniones previas poseían intereses no declarados relacionados con Unholster, estarían violando esta disposición.

4. Uso de información privilegiada

  • Artículo 62 del Código Penal podría interpretarse en casos donde un funcionario público utiliza información privilegiada para beneficiar a terceros o a sí mismo.
  • Incumplimiento: Si se demostrara que se utilizó información privilegiada para beneficiar a Unholster en el proceso de licitación y adjudicación del contrato, esto podría constituir un delito penal.

5. Negligencia en la administración pública

  • Artículos 233 y 239 del Código Penal definen delitos de negociación incompatible y fraude al fisco, respectivamente. La adjudicación directa de contratos en condiciones cuestionables puede caer bajo estas categorías si se evidencia una gestión negligente de los recursos públicos.
  • Incumplimiento: El otorgamiento de un contrato directo a la oferta más cara, sin justificación adecuada y sin considerar alternativas más económicas que ya estaban siendo implementadas gratuitamente, podría interpretarse como una gestión indebida de los fondos públicos.