Fiscalía investiga a Catalina Pérez por delito de aborto: acusada de ser corrupta y asesina

La diputada Catalina Pérez enfrenta una nueva arista en su ya controvertida carrera política. A la acusación de fraude al Fisco por el caso Democracia Viva, se suma una investigación penal por aborto, en la que la Fiscalía Regional de Antofagasta analiza evidencias que podrían comprometerla seriamente. Este caso no solo pone en tela de juicio la conducta de la parlamentaria, sino que también expone el manejo discursivo del gobierno y de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quienes parecen ignorar deliberadamente el marco legal vigente en Chile.

“Y Cagamos”: Los Explosivos Chats de Catalina Pérez en el Caso Democracia Viva que Sacuden al Oficialismo

La diputada Catalina Pérez, exmiembro del Frente Amplio, enfrenta una compleja investigación judicial tras la divulgación de chats con su expareja, Daniel Andrade, en el contexto del caso Democracia Viva […]

Puntos Claves:

• Delito de aborto fuera de las tres causales: Según la Fiscalía, conversaciones extraídas de los teléfonos incautados en el caso Democracia Viva muestran que Catalina Pérez habría interrumpido un embarazo clandestinamente, fuera de las tres causales legales: inviabilidad fetal, riesgo de la madre o violación. Este hecho, de comprobarse, constituye un delito en el país, donde el aborto sigue siendo penalizado.
• Caso Democracia Viva y cuestionable integridad: Catalina Pérez no solo enfrenta esta acusación, sino que sigue bajo la lupa por su presunta participación como cómplice en el desvío de millonarios fondos públicos a la ONG liderada por su expareja, Daniel Andrade. Este contexto agrava su posición y plantea serias dudas sobre su ética y compromiso con la transparencia.
• Defensa polémica y acusaciones de persecución: Pérez calificó como “miserable” la investigación por aborto, alegando que se trata de un exceso de la Fiscalía para desacreditarla. Este tipo de declaraciones parecen desviar la atención de las posibles ilegalidades cometidas y enfocarse en un relato de victimización.
• Ministra Antonia Orellana: discurso que ignora la ley: La ministra de la Mujer y Equidad de Género, lejos de referirse a las implicancias legales del caso, utilizó el episodio para insistir en la necesidad de despenalizar el aborto en todas sus formas. Aunque cada persona tiene derecho a opinar, resulta preocupante que una autoridad de gobierno defienda implícitamente la transgresión de una ley vigente.
• Gobierno y prioridades legales: El enfoque del gobierno en este caso refleja una peligrosa priorización de agendas ideológicas sobre el respeto a la legalidad. En lugar de garantizar el cumplimiento de las normas, las declaraciones de Orellana normalizan conductas que contradicen el marco regulatorio actual, subestimando la gravedad de lo sucedido.
• Impacto en la confianza pública: Este episodio suma otro capítulo oscuro en una serie de escándalos que afectan a figuras del Frente Amplio y del actual gobierno. Más allá de las acusaciones específicas contra Pérez, el manejo de estos casos pone en entredicho la capacidad de las autoridades para liderar con integridad.

La gravedad del caso no radica únicamente en los hechos concretos, sino en la señal que se envía a la ciudadanía: el respeto a la ley parece supeditado a la conveniencia política o ideológica.

Catalina Pérez y el gobierno deben rendir cuentas no solo por las acusaciones concretas, sino también por un discurso que debilita la legitimidad del estado de derecho en Chile. Mientras no exista un compromiso real con la transparencia y el respeto a las normas, la confianza en las instituciones seguirá erosionándose.