Aunque parezca increíble: nueva irregularidad golpea a Orrego tras rechazo del Servel por pagos excesivos y uso de funcionarios del GORE en su campaña

El Servicio Electoral (Servel) rechazó parte de la rendición de gastos de campaña del gobernador metropolitano Claudio Orrego, por pagos que exceden los montos permitidos a su administrador electoral y por la participación de 13 funcionarios con vínculos vigentes con el Gobierno Regional, según pudo indagar Ciper. La situación se conoce en medio de una investigación penal por presunto fraude al fisco, vinculada al uso de recursos públicos con fines electorales.

Puntos Claves:

• Rechazo del Servel a rendición de gastos por $20,6 millones: El organismo electoral observó y rechazó los honorarios rendidos por el administrador electoral de la campaña de reelección de Claudio Orrego, José Andrés Wallis, quien cobró $20,6 millones por cuatro meses de trabajo entre agosto y noviembre de 2024. El Servel había fijado un tope de $13 millones para ese cargo.
• Excesos mensuales en pagos: Según la auditoría del Servel, Wallis —exsubsecretario de Transportes durante el gobierno de Eduardo Frei— recibió pagos brutos de hasta $5,8 millones mensuales, superando el máximo de $3,2 millones establecido por la normativa vigente.
• Contratación de apoyo externo en funciones indelegables: Wallis contrató a otra persona, María Dobud, para apoyo contable, lo que también fue objetado. Esta labor fue considerada indelegable, y se buscaba su reembolso por $6,8 millones.
• Paralelismo con caso Karina Oliva: La situación recuerda al escándalo que envolvió a Karina Oliva en 2021, cuando su candidatura fue cuestionada por pagos excesivos a su círculo más cercano. El propio administrador de Orrego hizo referencia a este antecedente para justificar la elección de un colaborador de confianza.

Funcionarios del GORE involucrados

• Presencia de 13 funcionarios contratados por el GORE en la campaña: El Servel detectó que cinco funcionarios emitieron boletas por tareas en la campaña mientras seguían contratados por el Gobierno Regional Metropolitano. Los informes presentados para justificar esos trabajos fueron considerados insuficientes para acreditar la prestación efectiva de servicios. Además, en dos casos se identificaron funciones duplicadas con otros colaboradores.
• Ocho casos adicionales identificados por Ciper: Ciper detectó que otros ocho colaboradores de la campaña también tenían vínculos contractuales con el GORE. En total, 13 personas en esta situación recibieron pagos por $44,2 millones.
• Pagos y justificaciones presentadas: Algunos funcionarios usaron permisos administrativos, otros renunciaron o tomaron feriados legales para sumarse a la campaña. Por ejemplo:
  • Samantha Henríquez: emitió una boleta de $2,2 millones. Según el equipo de Orrego, renunció, aunque registros indican que pasó de honorarios a contrata.
  • María Henríquez: recibió casi $4 millones por funciones de prensa que, según Servel, se realizaron después de la elección.
  • Cristián Oyaneder: cobró $3,2 millones por tareas de comunicaciones tras hacer uso de permisos y días sin goce de sueldo.
  • Mauricio Zúñiga: participó en la campaña mientras estaba con vacaciones; sus informes al GORE entre agosto y octubre fueron prácticamente iguales.
• Lista de funcionarios que renunciaron al GORE para trabajar en la campaña: Javiera Saavedra, Iván Salinas, Andrés Chulak, Cristián Figueras y Franco Yáñez, entre otros, figuran como desvinculados antes de asumir funciones en la campaña.
• Documentación respaldatoria enviada por el comando: Desde el excomando de Orrego indicaron que toda participación remunerada fue dentro del marco legal, mediante permisos debidamente tramitados o fuera del horario laboral. Además, señalaron que algunos funcionarios renunciaron para integrarse al equipo electoral.

Postura del comando de Orrego y apelación ante el Tricel

• Defensa del pago al administrador electoral: El equipo argumentó que la remuneración fue “debidamente justificada y documentada” y que no fueron informados por ninguna vía oficial sobre el tope de $13 millones.
• Apelación en curso ante el Tricel: El rechazo a estos gastos forma parte de una apelación presentada por el comando ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), la cual fue acogida a tramitación el 11 de junio de 2025.
• Montos generales aprobados y rechazados: El Servel aprobó un reembolso total de $1.103 millones, incluyendo $792 millones para el pago de un crédito con BancoEstado y $311 millones por servicios no cubiertos. Sin embargo, rechazó gastos por $87 millones, incluyendo los vinculados a Wallis y a otros colaboradores del GORE.

El rechazo parcial a la rendición de gastos de la campaña de Claudio Orrego profundiza los cuestionamientos sobre su gestión y el uso de recursos públicos. Esta nueva arista, que se suma a la investigación penal por presunto fraude al fisco, pone el foco sobre las prácticas de financiamiento electoral y las fronteras entre funciones públicas y proselitismo.

Las explicaciones entregadas por su comando, incluyendo permisos y renuncias de funcionarios, están siendo analizadas en instancias judiciales. Mientras tanto, el caso mantiene en vilo tanto el futuro político del gobernador como la percepción ciudadana respecto al buen uso de los recursos públicos.