Cámara de diputados rechaza acusación contra Gonzalo Durán tras muerte de dos hinchas: el gobierno suma otro respaldo, pero crece la crítica por falta de responsabilidades

Un empate en la Cámara de Diputados terminó por desestimar la acusación constitucional contra Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, tras los trágicos hechos en el Estadio Monumental donde fallecieron dos jóvenes hinchas. El rechazo evidencia no solo la fragilidad de las herramientas de fiscalización parlamentaria, sino también una preocupante falta de respuestas efectivas desde el gobierno ante una crisis de seguridad que costó vidas.

Puntos Claves:

• Acusación constitucional rechazada tras empate técnico: Por 63 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición contra el delegado presidencial Gonzalo Durán. La acción apuntaba a su rol en la coordinación de seguridad durante el partido entre Colo Colo y Fortaleza, donde murieron Mylán Liempi (12) y Martina Riquelme (18) tras ser aplastados por un vehículo policial.
• El argumento de la oposición: negligencia e inacción ante advertencias: El libelo sostenía que Durán “actuó de manera negligente en los hechos al no haber suspendido el encuentro a pesar de haber circulado por redes sociales la amenaza de avalancha humana, a pesar de los desórdenes y disturbios previos y a pesar de la muerte de dos personas en tal contexto”. La acusación subrayó que, pese a la gravedad del escenario, no se tomaron decisiones preventivas oportunas. También está como agravante el tardío envío de la resolución que autorizaba el encuentro deportivo, resolución que se emitió el mismo día del encuentro retrasando planificación y la logística de la seguridad.
• Informe favorable de la comisión revisora ignorado en Sala: La comisión encargada de revisar el caso entregó un informe favorable a la acusación, destacando graves omisiones por parte de Durán. Según el diputado UDI Juan Fuenzalida, la autorización del evento fue firmada el mismo día del partido, sin margen para aplicar medidas efectivas de seguridad: “No se condice con la diligencia que se le exigía al delegado en un contexto de alto riesgo”.
• Durán enfrentó la acusación con respaldo político inesperado: Aunque militante del Frente Amplio, Durán recibió apoyos públicos de alcaldes de oposición, lo que generó incomodidad en ese sector. A esto se sumó la abstención de diputados de la Democracia Cristiana y Demócratas, lo que resultó clave para el fracaso de la acusación. Este resultado marca el octavo intento fallido de la oposición por destituir a una autoridad durante el gobierno de Boric.
• Defensa técnica y legal de Durán y su abogado: Francisco Cox, abogado defensor, criticó el libelo por falta de fundamento jurídico: “Se solicita que un funcionario público viole la ley, que ignore los requisitos, porque serían una formalidad”. Argumentó que la suspensión del partido requería un informe de Carabineros que no existía, por lo que el delegado no podía legalmente tomar esa decisión de manera unilateral.
• Gobierno celebra resultado pero omite autocrítica ante tragedia: El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, catalogó la acusación como “inconducente e infundada” y reprochó su uso político: “Hoy día podríamos haber tenido una sesión para aprobar leyes que el país necesita, y sin embargo hemos estado horas debatiendo una acusación sin fundamento”. Sin embargo, desde el Ejecutivo no se han anunciado sanciones ni se ha explicado en detalle cómo se reforzará la seguridad en futuros eventos masivos.
• Críticas al gobierno por falta de respuestas efectivas y transparencia: Más allá del rechazo de la acusación, persisten las críticas a la gestión del gobierno por no asumir responsabilidades tras un operativo fallido que costó dos vidas. Pese a la legalidad formal defendida por Durán y su equipo, la tragedia evidenció una grave descoordinación institucional que ninguna autoridad ha aclarado satisfactoriamente.
• Oposición nuevamente debilitada en su fiscalización: El rechazo de esta acusación, pese al respaldo de una comisión revisora, pone en entredicho la efectividad de las herramientas de control político, especialmente en contextos de dolor social. Para muchos, este nuevo fracaso refleja una desconexión entre la ciudadanía y la elite parlamentaria, atrapada entre cálculos políticos y falta de voluntad real para corregir fallas graves del aparato estatal.

La muerte de Mylán Liempi y Martina Riquelme continúa siendo un recordatorio doloroso de las falencias institucionales en materia de seguridad y gestión de eventos masivos. El rechazo a la acusación contra Gonzalo Durán no borra el hecho de que dos menores murieron en un contexto evitable, y que hasta ahora, ninguna autoridad ha asumido responsabilidades concretas.

El gobierno, aunque celebró el respaldo a su delegado, queda nuevamente en deuda con las familias de las víctimas y con una ciudadanía que demanda más que defensas legales: exige justicia, prevención y una autocrítica real. El uso de las herramientas de fiscalización debe ser riguroso, pero la protección de vidas humanas no puede depender solo del tecnicismo jurídico.