Auditoría revela descontrol en el uso de recursos públicos: $1,5 billones objetados por Contraloría en múltiples organismos del Estado

Un informe público de la Contraloría General de la República (dado a conocer por Bio Bio Chile) reveló graves irregularidades administrativas por más de 1,5 billones de pesos en la gestión estatal entre abril de 2024 y marzo de 2025. El reporte abarca 792 auditorías y evidencia un desorden estructural en contratos, fondos públicos, sueldos, adquisiciones y rendiciones de cuentas en organismos como Gobiernos Regionales, Carabineros, municipalidades y delegaciones presidenciales.

Puntos Claves:

• Más de $1,5 billones en observaciones por irregularidades: El monto exacto observado por la Contraloría General de la República asciende a $1.505.707.732.640. El informe, entregado al Congreso el jueves, corresponde a auditorías realizadas entre abril de 2024 y marzo de 2025, y documenta falencias estructurales en la gestión de recursos públicos en múltiples niveles del Estado.
• Áreas más críticas del gasto público:
  • Errores contables y presupuestarios: $359 mil millones
  • Fallas contractuales: $328 mil millones
  • Deficiencias en rendiciones de cuentas: $316 mil millones
  • Manejo inadecuado de fondos: $252 mil millones
  • Ingresos no percibidos: $81 mil millones
  • Pagos sin respaldo: $57 mil millones
• Auditorías masivas y categorización por gravedad: El documento se construyó a partir de 792 acciones de fiscalización, clasificando las observaciones según su complejidad. Se destacan prácticas reiteradas como falta de conciliaciones bancarias, ampliaciones de contratos sin justificación técnica, omisiones en registros contables y ausencia de seguimiento posterior a las irregularidades.

Gobiernos Regionales: los principales focos de observaciones

• Biobío, Tarapacá y Los Ríos lideran las irregularidades:
  • En Biobío, se detectaron 72 rendiciones por más de $1.500 millones sin revisión, convenios con entidades dirigidas por personas vinculadas al gobernador, y contrataciones sin garantías ni controles.
  • En Tarapacá, se aprobaron proyectos con uso de facturas sin respaldo, duplicaciones por más de $500 millones, y ausencia de multas a consultoras que no cumplieron.
  • En Los Ríos, hay $54 mil millones sin acciones de cobro, además de rendiciones archivadas por más de $5.800 millones sin revisión.
• Otros casos graves en regiones:
  • Aysén: 64% de iniciativas por $67 mil millones no ejecutadas al cierre del informe.
  • Coquimbo: viajes improcedentes, pagos indebidos y sobrecargos de IVA.
  • Arica y Parinacota: uso político de redes sociales institucionales y $21 mil millones sin rendición.
  • Antofagasta y La Araucanía: ausencia total de fiscalización, fondos rendidos sin respaldo y pagos duplicados.

Carabineros: pagos indebidos, armamento mal gestionado y falta de registros

Más de $151 mil millones objetados: Se detectó entrega de armamento a funcionarios no capacitados, uso de escopetas antidisturbios por personal sin formación, y sueldos indebidos pagados por hasta 20 años en 463 casos. Además, 754 solicitudes de videos de procedimientos fueron respondidas sin registro ni justificación.

Delegaciones presidenciales y subsecretarías: falta de controles y sobreprecios

• Contrataciones directas sin sustento y adquisiciones infladas: En Los Lagos, 15 proveedores no cumplieron con la entrega de agua potable y no fueron sancionados. En Coquimbo, se detectaron bombas de agua compradas con sobreprecios de hasta 180%.
• Cámaras de seguridad inoperativas: La Subsecretaría de Prevención del Delito instaló sistemas sin almacenamiento ni conectividad, con deficiente capacitación a operadores y sin verificación en terreno.
• Falta de acciones tras detectar irregularidades: El informe destaca que muchas entidades no iniciaron procesos disciplinarios ni de recuperación de fondos. En varios casos, los montos observados ni siquiera fueron registrados como deuda, impidiendo su cobro posterior.
• Contraloría enfatiza que el problema es estructural: Según el documento, las irregularidades no se limitan a un período específico ni a una coalición de gobierno. Se trata de una situación persistente y documentada, arrastrada por años, donde las instituciones públicas no han implementado controles efectivos ni han corregido los problemas detectados anteriormente.
• Informe público por primera vez en años: Bajo la gestión de la contralora Dorothy Pérez, el informe fue despachado a todos los congresistas, rompiendo con la práctica de mantener sus contenidos fuera del conocimiento público. En palabras del documento: “Rendición de cuentas tardía, mal hecha o incompleta no quiere decir que se robaron esa plata, quiere decir que no sabemos qué pasó con ella”.

La magnitud de las cifras y la diversidad de instituciones involucradas muestran un patrón de ineficiencia y falta de transparencia que trasciende gobiernos y periodos. Este reporte detalla por primera vez con cifras, responsables y omisiones específicas, lo que muchas veces solo se intuía.

Afecta directamente la confianza pública y el buen uso del dinero de todas y todos los chilenos. El impacto humano es profundo: proyectos detenidos, servicios deficientes y recursos públicos que podrían haber mejorado vidas, sin resultados visibles ni rendición de cuentas clara.