Maya Fernández e Isabel Allende declararán como imputadas por fallida compra de casa de Salvador Allende

El caso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, que involucraba a la ministra de Defensa Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende, ha escalado hasta convertirse en un verdadero terremoto político. Ambas serán citadas a declarar como imputadas por el presunto fraude al fisco, una situación que pone en jaque tanto al gobierno del Presidente Gabriel Boric como a la imagen pública del Partido Socialista (PS).

Puntos Claves:

• Fallida transacción de $933 millones y sus implicaciones legales: El contrato para vender la casa de Salvador Allende al Fisco, por un valor de $933 millones, desató la controversia. Este intento de transformar el inmueble en un museo no solo fue cuestionado por su viabilidad financiera, sino también por infringir la Constitución, que prohíbe a parlamentarios y ministros en ejercicio celebrar contratos con el Estado. Este punto fue central para que el caso derivara en una denuncia formal por presunto fraude al fisco.
• Declaraciones de imputadas: Maya Fernández, ministra de Defensa, y la senadora Isabel Allende deberán declarar ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, los días 23 y 24 de enero respectivamente. Esta citación como imputadas refleja la gravedad del caso y abre interrogantes sobre su eventual responsabilidad penal y política. Ambas herederas del expresidente Allende, al parecer, no habrían anticipado el impacto legal de esta operación.
• Reacción tardía del gobierno: La falta de acción oportuna del gobierno de Gabriel Boric frente a este escándalo ha sido objeto de duras críticas. Recién el pasado 6 de enero, tras semanas de creciente presión, el Presidente solicitó la renuncia de Marcela Sandoval, entonces ministra de Bienes Nacionales, señalando que su gestión en el caso fue insatisfactoria. Sin embargo, esta medida parece insuficiente frente a la magnitud del conflicto.
• Otros involucrados y testigos clave: Además de Fernández y Allende, se citó como imputada a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien ya fue removida de su cargo. También prestarán declaración, en calidad de testigos, altos funcionarios como la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, y la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, Macarena Diez. Estas diligencias buscan esclarecer el rol de cada actor en este polémico proceso.
• Fundación Fuerza Ciudadana y la denuncia: La investigación fue impulsada por una denuncia presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana, liderada por el abogado y militante del Partido Republicano Raimundo Palamara. Esta organización acusó un posible fraude al fisco, una denuncia que llevó al Ministerio Público a iniciar las pesquisas.
• Daño a la credibilidad del PS y del gobierno: Este caso ha puesto en duda la integridad y el liderazgo de figuras clave del Partido Socialista, exponiendo una desconexión entre los valores proclamados y las prácticas políticas reales. Además, el manejo de la crisis por parte del gobierno del Presidente Boric ha dejado la impresión de un liderazgo débil y reactivo, incapaz de prevenir o gestionar adecuadamente conflictos de alta sensibilidad.

El caso de la fallida compra de la casa de Salvador Allende es un golpe profundo para el gobierno y el Partido Socialista. El cuestionamiento ético, político y legal no solo impacta a las figuras directamente involucradas, sino que también afecta la credibilidad del Ejecutivo y refuerza la percepción de una gestión incapaz de evitar los escándalos. En un contexto de creciente desafección ciudadana, este episodio refuerza las críticas hacia una élite política que parece no aprender de sus errores.