Investigación en ProCultura deriva en posibles presiones de Isabel Allende en venta de casa de Salvador Allende: exsenadora califica lo dicho como “falso y una falta de respeto” ; ahora es investigada por tráfico de influencias

Una conversación privada entre Miguel Crispi y su madre, interceptada durante la investigación del caso ProCultura, ha derivado en una nueva indagatoria penal contra la exsenadora Isabel Allende. El abogado de Crispi alega que el diálogo fue sacado de contexto y no constituye delito, mientras la Fiscalía avanza en una investigación por presunto tráfico de influencias. La situación añade un nuevo capítulo a las controversias que involucran al entorno cercano de La Moneda.

Puntos Claves:

• Interceptación telefónica a Miguel Crispi: Durante una investigación relacionada al caso ProCultura, el Juzgado de Garantía de Antofagasta autorizó la interceptación del celular de Miguel Crispi. En una conversación privada del 7 de enero de 2025 con su madre, Claudia Serrano, se discutió la fallida compra de la casa de Salvador Allende, derivando en una nueva causa penal contra la exsenadora Isabel Allende.
• Contenido de la conversación: En el diálogo, Crispi atribuyó responsabilidad a Isabel Allende y al abogado de la familia en la frustrada transacción. Según la transcripción, Crispi comentó: “O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio. Weveando, weveando, weveando, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”. Además, afirma que la familia Allende es “totalmente incompetente”. Según informa Ex-Ante.
• Abogado de Crispi denuncia tergiversación: Guillermo Chahuán, abogado defensor de Miguel Crispi, sostuvo que la conversación fue “sacada de contexto” y que no existe ninguna atribución de delito o presión indebida hacia Isabel Allende. “Es una conversación en un espacio familiar y, por supuesto, sacada de contexto, se presta para otras interpretaciones”, señaló el jurista.
• Apertura de nueva investigación: La Fiscalía Regional de Coquimbo decidió separar este hallazgo del caso ProCultura e iniciar una nueva indagatoria por presunto tráfico de influencias. El fiscal jefe Eduardo Yáñez destacó que el contenido de la llamada, aunque ajeno a la causa inicial, contenía “indicios de posible comisión de delitos”.
• Respuesta de Isabel Allende: La exsenadora Isabel Allende emitió un comunicado calificando las declaraciones de Crispi como “falsas” y una “falta de respeto” hacia su familia. En su mensaje, exigió que Crispi “explique sus dichos a la brevedad”, reiterando que no intervino en el proceso de venta de la casa de su padre y que actuó siguiendo instrucciones del gobierno.
• Contexto político y consecuencias: La grabación ocurre en un contexto donde Miguel Crispi ya enfrentaba presiones para renunciar por su vínculo con los casos ProCultura y Democracia Viva. Su rol como principal asesor del presidente Gabriel Boric agrega implicancias políticas adicionales, dado que Boric firmó la autorización para la compra de la casa de Allende.
• Declaraciones de Crispi: Miguel Crispi declaró como testigo en el marco de esta nueva investigación y minimizó el contenido de la conversación, calificándola de “discusión política” dentro de un espacio familiar. Además, su defensa sostuvo que recién en esa instancia tuvieron conocimiento de la interceptación.
• Efectos colaterales en el Gobierno: La situación tensiona aún más al Gobierno, especialmente considerando que en la fecha de los hechos Crispi era uno de los asesores más cercanos al Presidente Boric. También incrementa las dudas sobre el conocimiento que pudo tener La Moneda respecto a las presuntas presiones para concretar la fallida compra.
• Otros antecedentes relevantes: La fallida transacción no solo provocó la apertura de una investigación penal, sino también la salida de altas autoridades como la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y la ministra de Defensa, Maya Fernández. Adicionalmente, informes señalan advertencias internas sobre posibles conflictos de interés, que habrían sido ignoradas o minimizadas.

La interceptación telefónica y sus consecuencias añaden un nuevo episodio de tensión y controversia, dejando en evidencia las complejidades políticas y jurídicas de los casos de tráfico de influencias y convenios estatales que han sacudido la administración actual.

A medida que avance la investigación, se espera que más detalles emerjan, tanto sobre la participación de Miguel Crispi como sobre el eventual rol de otros actores políticos en la fallida operación de compra del inmueble histórico.