Justicia protege a altas autoridades: Juez frustra masivo allanamiento del fiscal Cooper a La Moneda, al Congreso y al Ministerio de Defensa en investigación por fallida compra de casa Salvador Allende
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La fiscalía regional de Coquimbo, liderada por Patricio Cooper, impulsó una intensa estrategia para allanar lugares emblemáticos como La Moneda, el Congreso Nacional y el Ministerio de Defensa, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias que involucra a la exsenadora socialista Isabel Allende. Sin embargo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó todas las solicitudes, considerando insuficientes los antecedentes presentados.
Puntos Claves:
- Investigación por tráfico de influencias contra Isabel Allende: Días después de abrir de oficio una causa contra la exsenadora socialista, el fiscal Patricio Cooper impulsó acciones para reunir evidencia que respaldara su hipótesis de tráfico de influencias relacionada con la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
- Ambiciosa jugada del fiscal Cooper: La fiscalía solicitó el allanamiento de casi veinte inmuebles, incluyendo el Palacio de La Moneda, el Congreso Nacional en Valparaíso y el Ministerio de Defensa en Santiago, buscando incautar teléfonos, correos electrónicos institucionales y personales de Isabel Allende, la ministra Maya Fernández, el abogado Felipe Vio, y los asesores Leonardo Moreno y Bernardita Nazar.
- Contenido de la solicitud: El escrito presentado pedía que la diligencia se realizara sin previa formalización ni comunicación a los afectados, con el fin de evitar la desaparición de pruebas. Esta petición fue respaldada con declaraciones judiciales y escuchas telefónicas obtenidas en la causa ProCultura, entre ellas una conversación donde Miguel Crispi alude a gestiones de Allende para acelerar la compra.
- Escuchas telefónicas reveladoras: En una conversación fechada el 7 de enero, Miguel Crispi expresó: “Bueno, ella tiene mucha responsabilidad en esto, mucha”, refiriéndose a Isabel Allende. Además, agregó: “O sea, llamó hasta al portero del Ministerio. Webiando, webiando, webiando. Que se haga, que se haga, que se haga”.
- Detalle de los inmuebles que se intentaron allanar:
- Exsenadora Isabel Allende: Tres direcciones, incluyendo el Congreso Nacional en Valparaíso.
- Exministra Maya Fernández: Tres ubicaciones, entre ellas el Ministerio de Defensa en Santiago.
- Felipe Vio: Cinco domicilios en Vitacura, Valparaíso, Providencia y Santiago.
- Asesores Moreno y Nazar: Domicilios particulares y oficinas en La Moneda.
- Portazo judicial a la Fiscalía: El juez Cristian Azócar Carmona del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago consideró insuficientes los antecedentes. A su juicio, no se comprobó influencia indebida de los investigados sobre decisiones administrativas, ya que los cambios presupuestarios se ejecutaron por instrucciones del Presidente de la República.
- Reflexión del juez sobre el caso: La resolución concluyó que, respecto a Isabel Allende y Maya Fernández, no existen pruebas de intervenciones indebidas. Sobre Fernández, el único antecedente presentado fue una llamada de Crispi calificándola de “incompetente”, insuficiente para sustentar una acusación penal. El magistrado enfatizó que el derecho penal debe utilizarse solo en casos de ataques graves a bienes jurídicos trascendentales.
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La justicia chilena, al denegar las solicitudes de allanamiento, marcó un precedente controvertido en esta investigación que involucra a figuras políticas relevantes. Pese a que el tribunal alegó insuficiencia de antecedentes, las diligencias solicitadas pudieron haber aportado mayor transparencia a un caso donde existen antecedentes de traspasos millonarios a fundaciones vinculadas a la familia Allende, incluso después de estallar la polémica pública.
La decisión del juez Cristian Azócar Carmona, aunque enmarcada en la protección de garantías constitucionales, genera cuestionamientos sobre si se actuó con la debida diligencia frente a posibles irregularidades. En investigaciones de alta sensibilidad pública, como esta, las herramientas investigativas son esenciales para esclarecer responsabilidades y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
