Denuncia Penal Contra Presidente Gabriel Boric: Persisten Interrogantes en un Nuevo Caso de Acoso Sexual
El Presidente de Chile, Gabriel Boric, enfrenta una denuncia por acoso sexual que ha generado un intenso debate público. A pesar de los esfuerzos de su defensa por desmentir los hechos, la existencia de una causa penal, confirmada por la Fiscalía Regional de Magallanes, plantea serias dudas y cuestionamientos sobre el caso y su manejo.
Contexto de la Denuncia
- Orígenes de la Denuncia: Según el abogado de Boric, Jonatan Valenzuela, la acusación surge de una relación profesional ocurrida entre 2013 y 2014, cuando Boric realizaba su práctica profesional en Punta Arenas. La denunciante, quien habría enviado 25 correos electrónicos con contenido personal y explícito, presentó la denuncia en septiembre de 2024, alegando acoso sexual y difusión de imágenes privadas.
- Respuesta de la Defensa: Valenzuela asegura que Boric fue víctima de un “acoso sistemático” y sostiene que los correos, incluyendo imágenes de carácter explícito, fueron enviados sin consentimiento. La defensa entregó toda la evidencia al Ministerio Público, subrayando que el mandatario no tuvo contacto con la denunciante desde 2014.
- Declaraciones de la Fiscalía: El fiscal regional Cristián Crisosto confirmó la existencia de una causa penal activa, aún en etapa desformalizada, con diligencias pendientes. Insistió en el carácter reservado de la investigación, lo que dificulta la total transparencia del caso.
Cuestionamientos y Dudas Persistentes
- Tiempos y Manejo de la Información: La defensa de Boric esperó más de dos meses desde la presentación de la denuncia para hacerla pública, justificando la decisión en la necesidad de conocer el contenido del expediente antes de actuar. Esto ha generado críticas sobre la aparente falta de transparencia en la comunicación inicial.
- Naturaleza de las Evidencias: Los correos electrónicos entregados a la Fiscalía, según declaraciones, incluyen siete imágenes explícitas enviadas al Presidente. Sin embargo, la defensa aún no ha explicado cómo planean demostrar que no hubo difusión de estas imágenes por parte de Boric, uno de los puntos clave en la denuncia.
- Dimensiones Políticas y Personales: Este caso tiene implicaciones políticas de gran alcance, al tratarse de una figura pública como el Presidente. La narrativa de la defensa, que presenta a Boric como una víctima de acoso, contrasta con el hecho de que existen acusaciones penales en su contra, lo que obliga a abordar el caso con mayor rigor y transparencia.
Declaraciones Contradictorias
Valenzuela afirmó: “El Presidente rechaza categóricamente la denuncia, y estamos seguros de que la verdad será establecida en la instancia correspondiente”. Sin embargo, esta firme postura no disipa las dudas generadas por la falta de acceso a la totalidad de la información ni por la prolongada espera para comunicar el caso al público.
En ese período, Boric ya enfrentaba otras acusaciones relacionadas con acoso sexual. Cabe destacar que esta no es la primera vez que el Presidente se ve involucrado en cuestionamientos de este tipo. Además, existen antecedentes de comentarios catalogados como “machistas”, los cuales podrían ser consistentes con una actitud que incluiría la exposición no consentida de fotos íntimas a terceros.
Recordando la vez que Gabriel Boric fue acusado de acoso sexual en 2012
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El caso contra Gabriel Boric deja una pregunta central sin respuesta: ¿Compartió o no fotos íntimas de la denunciante con terceros? La defensa ha evitado abordar directamente este punto crucial, limitándose a presentar al Presidente como víctima de un acoso sistemático. Esta omisión alimenta dudas legítimas sobre la versión entregada y refleja una preocupante falta de transparencia, especialmente considerando la gravedad de las acusaciones y la importancia de su cargo.
La demora en hacer pública la denuncia y la ausencia de respuestas claras sobre las acusaciones principales erosionan la confianza en el Mandatario y su equipo. Este caso requiere un esclarecimiento contundente y sin ambigüedades, no solo para determinar la verdad de los hechos, sino para preservar la credibilidad del Presidente y de las instituciones que representa.