Aunque suene increíble: Manuel Monsalve intenta anular juicio administrativo acusando a Dorothy Pérez y al Gobierno de actuar fuera de la ley tras su renuncia

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar anular el sumario administrativo en su contra. A pesar de estar formalizado por violación y cumplir arresto domiciliario, Monsalve argumenta que la investigación administrativa carece de legalidad, porque habría sido abierta después de su renuncia. En su ofensiva legal, el exsubsecretario no solo apunta contra la Contraloría y su titular Dorothy Pérez, sino también contra el propio Gobierno, en un movimiento que busca desacreditar las investigaciones en su contra, tanto penales como administrativas.

Puntos Claves:

• Recurso de protección contra el Gobierno y Contraloría:
  El exsubsecretario Manuel Monsalve interpuso una acción legal para anular el sumario administrativo que la Contraloría General de la República levantó en su contra, alegando que fue iniciado después de su renuncia al cargo el 17 de octubre de 2024. El recurso fue dirigido tanto contra la Contralora Dorothy Pérez como contra el actual subsecretario Víctor Ramos, en representación del Gobierno.
• Graves cargos administrativos y proceso penal paralelo:
  Contraloría formuló siete cargos administrativos contra Monsalve, incluyendo conducta impropia, hostigamiento a una subalterna, invocación maliciosa de la Ley de Inteligencia, y omisión grave de deberes como liberar a su escolta policial sin justificación. Estos hechos se suman a la causa penal por violación y abuso sexual que lo mantiene bajo arresto domiciliario total.
• Acusaciones contra Dorothy Pérez y el Ejecutivo:
  Monsalve sostiene que todo el proceso administrativo es “ilegal y arbitrario”, afirmando que se abrió una “comisión especial” para juzgarlo, sin notificación válida ni competencia material. También acusa al Ejecutivo de haber actuado sin respetar el debido proceso, lo que en su opinión vulnera su derecho a defensa e igualdad ante la ley.
• Cronología contradictoria y posible responsabilidad administrativa en la tramitación:
  Monsalve sostiene que presentó, y que el Presidente aceptó, su renuncia el 17 de octubre de 2024. A su vez, asegura que el sumario fue instruido ese mismo día, por lo que ya no tenía calidad de funcionario público. Sin embargo, los documentos oficiales revelan una contradicción: la resolución que da origen al sumario está firmada con fecha 16 de octubre, pero el timbre de ingreso oficial aparece fechado el 17, el mismo día en que su renuncia fue cursada.
  Esta diferencia clave alimenta la estrategia legal de Monsalve, quien alega que el proceso se tramitó “de facto” fuera de plazo. La responsabilidad de esta incongruencia recae en la Subsecretaría del Interior, específicamente en Vanesa Marimon, quien subrogaba el cargo ese día y fue quien firmó la instrucción del sumario. El desfase entre la fecha de firma y el timbre oficial deja en evidencia una posible negligencia administrativa que hoy pone en duda la validez del procedimiento. En pocas palabras, el atraso de parte del gobierno en poner este timbre arriesga la legalidad del propio sumario.
• Reclamos por doble imputación y estrategia judicial:
  En su recurso, Monsalve recalca que está siendo investigado penalmente por los mismos hechos y que este doble proceso debilita su capacidad de defensa, especialmente porque aún no ha tenido juicio oral donde podría presentar descargos. Según su versión, esto vulnera gravemente el principio de legalidad y el debido proceso.
• Respuesta del Gobierno y defensa del sumario:
  El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue enfático en señalar que “la decisión de instruir el sumario se adoptó antes de acoger la renuncia”. Según el Ejecutivo, se delegó la investigación a la Contraloría para garantizar imparcialidad. La vocera subrogante, Aisén Etcheverry, respaldó esa versión y afirmó que el Ejecutivo colaborará con la justicia, aunque no entregó detalles del procedimiento por estar en curso.
• Expertos coinciden en que la clave está en la fecha del sumario:
  Académicos consultados por medios nacionales coinciden en que el punto crítico será determinar si la resolución que instruyó el sumario fue dictada antes o después de la aceptación de la renuncia. El artículo 147 del Estatuto Administrativo establece que si el sumario se inicia antes de la aceptación, la investigación puede continuar. Si fue después, no.
• Monsalve insiste en irregularidades e ilegalidad del proceso:
  El exsubsecretario no solo cuestiona el momento del inicio del sumario, sino también la legalidad de la comisión encargada y la validez de la notificación. Según su declaración, fue notificado formalmente recién el 9 de junio de 2025 en su domicilio en Viña del Mar, meses después de haber estado recluido y sin conocimiento previo del proceso.
• Silencio incómodo del Gobierno frente al fondo del caso:
  Pese a que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a colaborar, ha evitado pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones. Esta actitud contrasta con la gravedad de los cargos y deja espacio para cuestionamientos sobre el verdadero compromiso del Ejecutivo con la probidad, considerando además que el caso involucra a la actual candidata presidencial, Carolina Tohá, quien solicitó originalmente que Contraloría asumiera el proceso.

La estrategia de Monsalve no solo busca eludir las consecuencias administrativas de su gestión, sino también tensionar aún más una ya compleja relación entre el Gobierno, la Contraloría y el sistema judicial. En su ofensiva, el exsubsecretario ha intentado reposicionarse como víctima de un procedimiento arbitrario, mientras sigue enfrentando una causa penal por delitos sexuales.

Más allá de los tecnicismos legales, el caso pone en tela de juicio los estándares éticos de quienes han ejercido cargos de alta responsabilidad. El intento de invalidar una investigación por un supuesto error de calendario es, al menos, una señal preocupante del nivel de desconexión entre las instituciones y la ciudadanía. La opinión pública espera explicaciones claras, no estrategias para evadir la justicia.