Fiscalía inicia investigación penal por acceso ilegal a antecedentes de denuncia contra el Presidente Boric

La Fiscalía Regional de Magallanes ha iniciado una investigación penal para esclarecer el presunto acceso ilegal o indebido a los antecedentes reservados de la causa penal presentada en contra del presidente Gabriel Boric. Este caso ha puesto en el centro de la polémica tanto a La Moneda como al Ministerio Público, mientras surgen cuestionamientos sobre la legalidad de las acciones y declaraciones de los involucrados.

Investigación penal por acceso indebido

• Inicio de la indagatoria: El fiscal regional Cristián Crisosto liderará esta investigación para determinar cómo se accedió a información reservada de la causa. La Fiscalía enfatizó que los antecedentes penales son estrictamente confidenciales y regulados por la ley, permitiendo el acceso únicamente a personal autorizado.
• Declaraciones de la vocera de Gobierno: La ministra Camila Vallejo afirmó que un equipo de Presidencia “pesquisó” la denuncia como parte de revisiones periódicas realizadas por el gobierno. Esta declaración generó controversia, ya que este tipo de pesquisas podría implicar un delito según expertos legales.
• Posibles implicaciones legales: La Fiscalía investiga si el acceso se realizó mediante una filtración interna, uso indebido de credenciales, o incluso un hackeo. Los delitos podrían incluir cohecho e infracciones informáticas.

Denuncia contra el presidente Boric

• Orígenes de la denuncia: La acusación fue presentada en septiembre y está relacionada con hechos que supuestamente ocurrieron hace más de una década. La defensa del mandatario, liderada por el abogado Jonatan Valenzuela, niega las acusaciones, asegurando que la denunciante es quien ha acosado al presidente durante años.
• Cronología de los hechos: Según Vallejo, Presidencia detectó la denuncia el 9 de septiembre, mientras que el contenido de esta no se conoció hasta el 24 del mismo mes. La denuncia no estaba registrada en fuentes públicas, lo que cuestiona la afirmación de Vallejo sobre el origen del hallazgo.

Reacciones y críticas

• Cuestionamientos políticos y legales: La diputada Camila Musante calificó como “peligroso” que el Ejecutivo realice pesquisas en investigaciones penales. Además, instó al fiscal nacional, Ángel Valencia, a aclarar si este tipo de prácticas son habituales o legales.
• Dudas sobre el sistema de acceso: Fuentes judiciales sostienen que no es posible para un ciudadano común acceder a denuncias en calidad de imputado. Incluso para abogados, el acceso requiere un mandato específico. Este vacío alimenta sospechas sobre cómo se obtuvo la información.

Posibles consecuencias

• Impacto en la credibilidad de La Moneda: Este caso ha generado un nuevo golpe a la administración de Boric, que ya enfrentaba críticas por casos anteriores como el denominado “Caso Monsalve”. Las contradicciones y omisiones en las versiones oficiales incrementan las dudas sobre la gestión gubernamental. Esta aparente intromisión podría abrir una nueva arista en el conflicto político, generada directamente por las acciones del propio gobierno.
• Investigación en curso: La indagatoria buscará identificar a los responsables del acceso indebido y establecer si se violaron protocolos legales. De confirmarse irregularidades, los involucrados podrían enfrentar sanciones penales.

El acceso indebido a antecedentes reservados de la denuncia contra el presidente Gabriel Boric ha desatado una crisis institucional que involucra al gobierno y a la Fiscalía. La investigación penal en curso buscará esclarecer cómo y por qué se violó la confidencialidad de esta causa, mientras surgen críticas sobre la separación de funciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. En este contexto, es crucial garantizar la transparencia y el respeto a la legalidad para salvaguardar la confianza en las instituciones.