“Nadie está por sobre la ley”: Boric y Etcheverry intentan cerrar crisis de los pinchazos, pero sus acciones contradicen el discurso

El Presidente Gabriel Boric asegura confiar en la justicia y proclama que “nadie está por sobre la ley”, mientras su gobierno se enfrenta a la Fiscalía por el intento de interceptar su teléfono en el marco del Caso Convenios. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con un patrón reiterado de defensas políticas, críticas indebidas al Ministerio Público y maniobras para blindar a cercanos, lo que pone en duda su real compromiso con la transparencia.

Puntos Claves:

• El Presidente Boric apela a la institucionalidad, pero cuestiona implícitamente a la Fiscalía: Durante su asistencia a la cuenta pública del fiscal nacional Ángel Valencia, el mandatario sostuvo que “nadie en Chile está por sobre la ley” y pidió dejar que “las instituciones funcionen”. No obstante, evitó responder si fue un error que ministros de su gabinete hayan exigido explicaciones a la Fiscalía por los intentos de interceptación. Su tono ambiguo deja en evidencia una estrategia para desescalar el conflicto sin asumir responsabilidad ni rectificar las críticas de su equipo político.
• El gobierno criticó abiertamente al Ministerio Público por actuar conforme a la ley: Tras conocerse que la Fiscalía solicitó intervenir el teléfono de Miguel Crispi y posteriormente el del propio Presidente, La Moneda reaccionó con molestia. La vocera (s) Aisén Etcheverry pidió públicamente que la Fiscalía confirmara o negara la solicitud, una actitud que fue percibida como un intento de presionar a la entidad persecutora. La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se sumaron al tono crítico, pidiendo que se “acreditara” el mérito de las solicitudes, pese a que estas ya habían sido rechazadas por un tribunal de garantía, conforme a la legalidad vigente. Dado que se ha cumplido con la legalidad, el resto de declaraciones son simple acoso o presión sobre fiscalía, formalmente fiscalía no tiene por qué responder o acceder a un trato especial.
• Tensión institucional: La Moneda intentó controlar el daño tras la escalada política: El gobierno intentó bajar el perfil a la controversia con gestos de “normalidad” durante la cuenta pública del Ministerio Público. Boric se mostró en público con el fiscal Valencia y el propio fiscal Cooper, quien solicitó la interceptación de su teléfono. Sin embargo, el daño estaba hecho: el Ejecutivo había sembrado dudas sobre la legitimidad de las acciones judiciales, mientras sectores del oficialismo hablaban de “conductas temerarias” y pedían incluso la remoción de fiscales. La ministra Etcheverry y Lobos, las más críticas, fueron precisamente las únicas altas autoridades ausentes del evento.
• Fiscalía responde con firmeza a intentos de presión: La Fiscalía Regional de Coquimbo respondió de forma institucional, aclarando que “las medidas intrusivas son controladas por los respectivos Juzgados de Garantía” y que no se entregan detalles de dichas solicitudes a “terceros ajenos al proceso”. La declaración fue interpretada como un claro portazo a La Moneda y una reafirmación de la autonomía del Ministerio Público frente a los intentos del Ejecutivo por obtener explicaciones extrajudiciales.
• El doble estándar de Boric frente al actuar de la justicia: Mientras el Presidente asegura que “nadie está sobre la ley”, su gobierno ha dado reiteradas señales contrarias. Desde el blindaje político a Miguel Crispi, pasando por la negativa sistemática a entregar información en investigaciones del Caso Convenios, hasta las críticas directas a fiscales que tocan a sus cercanos, La Moneda ha operado más como una muralla de protección que como un colaborador de la justicia. Esta contradicción debilita profundamente el discurso presidencial y lo aleja de su promesa de “hacerlo distinto”.
• Aisén Etcheverry, símbolo de la contradicción gubernamental: La vocera (s) fue la primera en pedir públicamente explicaciones a la Fiscalía por la supuesta interceptación al teléfono del Presidente. Su postura marcó un quiebre institucional evidente: desde el Ejecutivo se exige respeto a la ley cuando se investiga a terceros, pero se exige aclaraciones y se siembra sospecha cuando el investigado es alguien del círculo cercano del poder. Etcheverry no rectificó ni pidió disculpas tras el portazo de la Fiscalía, y su ausencia en la cuenta pública de Valencia deja entrever una incomodidad evidente.
• Caso Convenios y pinchazos: El telón de fondo de una crisis de confianza: La solicitud de intervenir el teléfono de Boric no fue caprichosa: la Fiscalía justificó su petición por los vínculos del mandatario con Alberto Larraín, líder de la Fundación ProCultura, pieza clave en el Caso Convenios. Aunque el tribunal no autorizó la medida, sí lo hizo respecto al teléfono de Miguel Crispi, cuya interceptación destapó nuevas aristas del caso, incluyendo supuestas presiones de la senadora Isabel Allende por la venta de la casa de su padre. Estos antecedentes refuerzan la gravedad de los hechos investigados y desmontan la narrativa del gobierno de que todo se trata de un ataque institucional.
• La oposición respalda la autonomía del Ministerio Público: Desde Chile Vamos y el Partido Republicano hubo apoyo explícito a la Fiscalía. La senadora Paulina Núñez (RN) y el diputado Henry Leal (UDI) coincidieron en que “nadie está por sobre la ley”. Por su parte, el abogado John Reid fue más directo: “el Ejecutivo nada tiene que opinar”. Este respaldo no solo aísla políticamente al gobierno, sino que revela que el oficialismo ha cruzado líneas que antes defendía con fuerza: la separación de poderes y el respeto irrestricto al Ministerio Público.
• El fiscal nacional reafirma su compromiso con investigaciones sin excepciones: En su cuenta pública, Ángel Valencia evitó referirse directamente a los pinchazos, pero reafirmó con fuerza que “la Fiscalía ha respondido con igual celo combatiendo la impunidad sin excepciones ni distinciones”. Destacó los avances en el Caso Convenios, con 50 formalizaciones, más de 130 causas abiertas y un monto total investigado que supera los $70 mil millones. Además, remarcó que han adoptado medidas informáticas para proteger la información de las investigaciones y evitar filtraciones, lo que contrasta con las críticas infundadas del Ejecutivo.
• El historial contradice las palabras de Boric: El Presidente insiste en que su gobierno tiene “la disposición para colaborar con la justicia”, pero los hechos apuntan a lo contrario. El blindaje a Crispi, las críticas a fiscales incómodos, la presión para conocer detalles de diligencias reservadas, y la permanente victimización frente a acciones legales que afectan al oficialismo, debilitan su credibilidad y agravan la desconfianza pública. La falta de autocrítica y la incoherencia entre discurso y acción impiden que el mandatario cierre verdaderamente este capítulo.

"NADIE está por sobre la ley" dice Boric. Entonces… ¿A QUÉ LE TEME? ¿Por qué NO DEJA a los fiscales hacer su trabajo? Si no es esconde nada, ¿por qué se RESISTE a que escuchen su TELÉFONO si la justicia lo pide? ¿Qué sabe Boric de ProCultura? pic.twitter.com/N4ZXRx6BqV

— Dani Wolff (@DaniWolffCL) April 30, 2025

La imagen de un gobierno que se incomoda cuando la justicia toca a los suyos es difícil de revertir. Aunque Boric diga confiar en las instituciones, su historial lo desmiente. Y cuando esa contradicción se repite, las palabras pierden peso.

Las frases del Presidente Gabriel Boric apuntan a una intención de cerrar el conflicto, pero sin asumir ninguna responsabilidad por el tono ni por los actos de su gabinete. El historial del gobierno en el Caso Convenios —blindajes, dilaciones, presiones y declaraciones fuera de tono— contradice cada palabra pronunciada por el mandatario. La ausencia de una disculpa clara, la defensa férrea a los suyos, y la incomodidad evidente de Aisén Etcheverry, reflejan que más que confianza en la institucionalidad, lo que hay es cálculo político y temor al daño colateral.

Cuando la justicia avanza, lo que se espera de un gobierno es colaboración sin condiciones, no intentos de relativizar las investigaciones. En un país que exige transparencia y probidad, los gestos y las palabras deben ser coherentes. Y hoy, la principal incoherencia emana desde La Moneda.