Gravísimo: Informe de la PDI expone desaparición de evidencia clave y posibles irregularidades en caso Monsalve

El caso que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por los delitos de violación y abuso sexual, ha dado un preocupante giro. Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) revela que detectives de contrainteligencia retiraron registros de cámaras clave días antes de que la denuncia fuera presentada, y que estas pruebas ahora se encuentran desaparecidas. A esta grave revelación se suman acciones previas de Monsalve y su entorno que podrían interpretarse como intentos de obstruir la investigación, mientras la Fiscalía continúa trabajando para esclarecer los hechos.

Puntos Claves:

• La denuncia y las acusaciones contra Monsalve: El 14 de octubre de 2024, una mujer de 32 años denunció a Monsalve por violación y abuso sexual. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido la noche del 22 al 23 de septiembre. Desde entonces, el exsubsecretario se encuentra en prisión preventiva, mientras los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir dirigen las diligencias.
• Declaraciones de Monsalve: Según declaró el propio Monsalve, conoció a la denunciante en 2017, cuando esta buscaba una oportunidad laboral en el Congreso Nacional en Valparaíso. La cercanía inicial fue mediada por el padre de la víctima, un exmilitante socialista y conocido de Monsalve. Aunque salieron a comer en varias ocasiones, no se concretó la oportunidad laboral. Años después, en 2023, la denunciante habría comenzado a trabajar en la Subsecretaría del Interior bajo la supervisión de Monsalve.
• Pérdida de evidencia crítica: Un informe de la PDI, revelado por la prensa, señala que detectives de contrainteligencia retiraron registros de cámaras de seguridad cercanas al domicilio de la víctima el 11 de octubre de 2024, tres días antes de que se presentara la denuncia. Estos videos, considerados fundamentales para reconstruir los hechos, no se encontraron en el dispositivo entregado a la Fiscalía. La desaparición de las imágenes ha generado sospechas de obstrucción a la justicia.
• Órdenes de Monsalve antes de la denuncia: Monsalve habría solicitado a la entonces jefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, realizar una serie de diligencias relacionadas con los hechos investigados, antes de que la denuncia se formalizara. Estas órdenes incluyeron la revisión de cámaras y dispositivos, así como el seguimiento a la denunciante, lo que podría interpretarse como un intento de encubrir evidencia o intimidar a la víctima.
• El rol de la Brigada de Contrainteligencia de la PDI: Testimonios indican que detectives retiraron videos de cámaras que podrían haber captado movimientos cruciales en General Mackenna y Amunátegui, donde residía la víctima. Sin embargo, esos registros desaparecieron. La versión inicial de que las cámaras “no servían” o “se sobreescribieron” fue desmentida por el hecho de que los respaldos ya habían sido retirados por la Brigada de Contrainteligencia el 11 de octubre.
• Consultas sobre gastos reservados: La investigación también incluye una arista sobre el uso de gastos reservados durante la gestión de Monsalve como subsecretario. Estas consultas, que podrían arrojar más luz sobre los posibles intentos de encubrimiento, han sido pausadas mientras la Contraloría prepara un informe solicitado por la Fiscalía. Este retraso ha despertado críticas, considerando la relevancia de esclarecer si los recursos públicos fueron utilizados para obstaculizar la justicia.
• La respuesta de Monsalve y su defensa: Mientras su familia emite declaraciones defendiendo su “colaboración total” con la justicia, las acciones de Monsalve y su entorno antes de la denuncia generan serias dudas. La defensa, encabezada por el abogado público Víctor Providel, ha intentado desviar el foco hacia una narrativa de “persecución mediática”, restando importancia a las graves acusaciones y las irregularidades documentadas.
• Impacto en la víctima: La denunciante ha enfrentado no solo la revictimización inherente al proceso judicial, sino también el manejo irregular de las evidencias, que dificulta la reconstrucción de los hechos. Su valentía al denunciar contrasta con los intentos de desviar la atención hacia la figura de Monsalve, minimizando las acciones que la han llevado a buscar justicia.
• Críticas al manejo institucional: Parlamentarios han señalado la gravedad de las acciones de la PDI, especialmente las gestiones de la exjefa de Inteligencia, Cristina Vilches. Además, cuestionan la falta de transparencia en la entrega de registros clave y exigen que los responsables rindan cuentas por las irregularidades que ensombrecen la búsqueda de justicia.

La desaparición de evidencia en un caso tan sensible es un golpe para la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar justicia. Mientras Monsalve y su defensa buscan reforzar una imagen de colaboración, las acciones previas al inicio formal de las diligencias apuntan a una preocupante estrategia de encubrimiento. En este complejo escenario, es vital priorizar la voz y los derechos de la víctima, quien sigue luchando por obtener verdad y justicia frente a una maquinaria que parece estar diseñada para proteger a los poderosos.