Tohá afirma que el Gobierno evaluará recurrir al Tribunal Penal Internacional si se confirma vínculo con Cabello

El asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, vinculado presuntamente al ministro del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, ha generado amplio debate sobre las acciones del Gobierno chileno. La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que, de confirmarse la participación de autoridades venezolanas en el crimen, el Estado chileno recurrirá al Tribunal Penal Internacional (CPI). Sin embargo, estas declaraciones han sido calificadas como tardías frente a la magnitud del caso y la amenaza del crimen organizado.

Puntos Claves:

• Crimen de Ronald Ojeda y vínculos internacionales: El asesinato del teniente venezolano, ocurrido en febrero de 2024 en Chile, habría sido ordenado por Diosdado Cabello, utilizando células del Tren de Aragua instaladas en el país. Según la investigación, Cabello habría canalizado pagos a través de “El Niño Guerrero”, líder de esta organización criminal en Chile.
• Declaraciones de Tohá: La ministra del Interior destacó que, aunque los antecedentes actuales son preliminares, se toman con extrema gravedad. “Si esta investigación continúa confirmando esos elementos, ciertamente va a haber muchas definiciones que tomar”, señaló, subrayando que una de estas será recurrir al Tribunal Penal Internacional.
• Operativos en Chile y detenciones clave: Una serie de allanamientos en Maipú, San Miguel y Estación Central desarticuló a la facción “Los Piratas de Aragua”. Entre los detenidos se encuentra Julio César Iglesias, conserje de un edificio en Ñuñoa, acusado de colaborar en el crimen. Iglesias fue señalado como el responsable de enterrar el cuerpo de Ojeda en un campamento en Maipú.
• El papel del Tribunal Penal Internacional (CPI):
  • Definición y función: El CPI, establecido por el Estatuto de Roma en 1998, es un tribunal de última instancia que enjuicia crímenes graves como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. No reemplaza a los tribunales nacionales, pero actúa cuando estos no pueden o no quieren juzgar adecuadamente.
  • Requisitos para intervenir: Chile podría remitir el caso si se demuestra que el crimen fue cometido en su territorio y si involucra a autoridades extranjeras vinculadas a delitos contemplados en el Estatuto de Roma.
  • Posibles consecuencias: De confirmarse la participación de Cabello, el CPI podría abrir una investigación formal contra él y otros implicados. Esto incluiría citaciones, órdenes de captura y juicios en La Haya, con el respaldo de la comunidad internacional.
• Críticas a la gestión gubernamental: Aunque el Gobierno asegura actuar con seriedad, la percepción pública es de lentitud. Este caso, vinculado al crimen organizado transnacional, pone en evidencia la necesidad de una respuesta más decidida y estratégica.
• Comentarios de Gazmuri: Jaime Gazmuri, exembajador de Chile en Venezuela, comparó la seguridad en Caracas con la de Santiago, señalando que la capital venezolana es más segura “salvo para los opositores”. Estas declaraciones han sido vistas como desconectadas e innecesarias.
• Extradición solicitada por Venezuela para miembros del Tren de Aragua detenidos en el extranjero: El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, pidió a los países donde se encuentren detenidos miembros del Tren de Aragua que los extraditen para ser procesados en Venezuela y recibir la máxima pena de 30 años de cárcel. Saab aseguró que la banda ya fue parcialmente desmantelada en Venezuela, con cerca de 50 detenidos. Sin embargo, los prófugos cuentan con alertas rojas internacionales y órdenes de captura. En Chile, durante un megaoperativo, se detuvo a miembros vinculados al asesinato del exteniente Ronald Ojeda, mientras que uno de los líderes de la organización, conocido como “el Turco”, fue capturado en Estados Unidos, lo que ha activado procesos de extradición coordinados con autoridades internacionales.

El caso Ojeda expone no solo la gravedad del crimen organizado transnacional, sino también las falencias en la respuesta estatal ante amenazas complejas. Si bien la posibilidad de acudir al Tribunal Penal Internacional representa un paso importante, el tiempo y la contundencia de las acciones serán clave para evitar la percepción de un Gobierno que reacciona tarde. Asimismo, el caso resalta la necesidad urgente de reforzar la seguridad interna frente a organizaciones criminales como el Tren de Aragua.