Gobierno desiste de compra de casa del expresidente Salvador Allende debido a irregularidades legales

El Gobierno de Chile decidió no continuar con el proceso de adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Providencia, tras detectar complicaciones legales relacionadas con la copropiedad del inmueble. Sin embargo, las declaraciones de los involucrados, incluyendo la ministra de Defensa Maya Fernández y el presidente Gabriel Boric, han provocado críticas al ser consideradas insuficientes y, para muchos, indignantes.

Puntos Claves

• Compra detenida por “estructura de copropiedad”: Según el Ministerio de Bienes Nacionales, la adquisición de la casa de Salvador Allende se descartó debido a problemas derivados de la estructura de copropiedad entre los herederos del expresidente. Sin embargo, este argumento ha sido recibido con escepticismo dado que dichos problemas eran predecibles desde el inicio.
• Millonario gasto público involucrado: La propiedad sería adquirida por 24.291 UF, equivalentes a más de $933 millones, una cifra que levantó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos. Además, parte del monto beneficiaría directamente a Maya Fernández, actual ministra de Defensa, y a su hermano Alejandro Fernández, copropietarios de la casa.
• Posible inconstitucionalidad: La Constitución chilena prohíbe a ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado durante su mandato. Este punto fue completamente ignorado en las primeras etapas del proceso, lo que plantea dudas sobre la diligencia y transparencia del Ejecutivo. El decreto original también incluyó como copropietarias a la senadora Isabel Allende y a Carmen Paz Allende, lo que agrava las posibles irregularidades.
• Gabriel Boric defiende la integridad de los Allende: El presidente declaró que “nadie está buscando enriquecerse a costa del Estado” y sostuvo que las instituciones están funcionando. Sin embargo, sus palabras han sido calificadas como insuficientes, ya que no abordan las fallas administrativas ni los posibles conflictos éticos y legales del proceso.
• Maya Fernández se mantiene en silencio: La ministra de Defensa abordó escuetamente el tema, afirmando que “no queremos nada que vaya contra la ley”. Sin embargo, la falta de explicaciones detalladas y la necesidad de corregir su declaración de patrimonio han erosionado aún más la confianza pública.
• Críticas al Ejecutivo por falta de previsión: Las irregularidades legales, como la inconstitucionalidad del proceso, eran previsibles desde el inicio. Esto refuerza la percepción de que el Gobierno actuó con negligencia al avanzar con esta operación sin realizar un análisis exhaustivo de sus implicancias legales y éticas.

Las explicaciones entregadas por el Gobierno y las figuras involucradas no solo han resultado insatisfactorias para muchos, sino que también dejan en evidencia una falta de rigor y transparencia en la administración pública. El hecho de que se haya ignorado una posible inconstitucionalidad, sumado a los elevados costos involucrados, genera legítimos cuestionamientos sobre las prioridades del Ejecutivo.

En un contexto en el que la ciudadanía demanda mayor austeridad y transparencia, resulta difícil aceptar las justificaciones de que “las instituciones están funcionando”. Más aún, el respaldo entregado por Boric y Fernández a las gestiones parece subestimar la indignación que este tipo de episodios genera en un país que sigue exigiendo un estándar ético más alto de sus autoridades.