Importante recordar: El Tribunal Constitucional revierte prohibición y habilita financiamiento estatal para terapias hormonales en menores, imposición ideológica e irresponsabilidad

El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anula una norma aprobada por el Congreso, la cual prohibía al Ministerio de Salud financiar terapias hormonales en menores de edad transgénero, ha generado un intenso debate en Chile. Esta decisión, respaldada por el presidente Gabriel Boric, refleja una tendencia impulsada por sectores progresistas que priorizan políticas controversiales en desmedro de los derechos de los niños y las atribuciones parlamentarias.

Puntos Claves:

• El fallo del TC habilita financiamiento estatal para terapias hormonales en menores de edad: El TC declaró inconstitucional la prohibición incluida en la Ley de Presupuesto 2025, argumentando que esta interfería en las atribuciones exclusivas del Ejecutivo y en las funciones del Ministerio de Salud. Esto permite que menores de edad puedan acceder a tratamientos hormonales, incluso sin diagnóstico clínico formal.
• Argumentos del fallo: El TC consideró que la norma invadía competencias reservadas al presidente de la República y establecía una “prohibición absoluta” que afectaba derechos fundamentales, como la identidad de género. Sin embargo, el fallo ha sido criticado por priorizar ideologías políticas sobre el bienestar integral de los menores.
• Respaldo del gobierno y movimientos LGBTIQ+: Organizaciones como el Movilh celebraron el fallo, calificándolo como un “como un triunfo para los menores de 18 años con identidades de género diversas y sus familias”. Por su parte, el gobierno de Boric defendió la medida como una política de inclusión, mientras la oposición y expertos han cuestionado la falta de regulación y evidencia científica sobre los efectos a largo plazo de estos tratamientos.
• Polémica sobre el rol del Estado y la autonomía de los menores: La glosa aprobada por el Congreso buscaba proteger a los menores de tratamientos irreversibles hasta alcanzar la mayoría de edad. El rechazo de esta norma ha sido interpretado por sectores críticos como un paso hacia la imposición de una visión ideológica que ignora los derechos de los padres y el desarrollo natural de los niños.
• Impacto presupuestario y falta de información: A pesar de que el Ministerio de Salud no cuenta con datos claros sobre cuántos menores están recibiendo estos tratamientos, el gobierno financiará dichas terapias a través de programas como el PAIG. Esto, sin un debate profundo sobre el uso de recursos públicos y las implicaciones éticas y médicas.
• Críticas: Sectores conservadores han denunciado que el fallo del TC valida una agenda progresista que promueve la “irresponsabilidad como norma”, permitiendo intervenciones médicas irreversibles en menores. Argumentan que estas decisiones deberían posponerse hasta la mayoría de edad, cuando las personas tengan plena capacidad para decidir sobre su cuerpo.

La controversia también pone en el centro del debate la creciente influencia de sectores ideológicos en decisiones judiciales y políticas públicas, generando cuestionamientos sobre el respeto a las instituciones y al proceso democrático.

La resolución del TC, aunque celebrada por sectores progresistas, plantea interrogantes sobre el balance entre derechos individuales, protección infantil y responsabilidad estatal. Más allá de la controversia política, esta decisión debería impulsar una discusión seria y basada en evidencia sobre el impacto de las terapias hormonales en menores, priorizando su bienestar físico y psicológico por sobre consideraciones ideológicas.

El fallo refleja un escenario preocupante donde los valores de prudencia y respeto por el desarrollo natural de los niños son desplazados en favor de una agenda que parece buscar validar conductas antes que proteger a quienes aún no tienen la madurez necesaria para tomar decisiones trascendentales sobre su vida.