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Senado aprueba acusación constitucional contra Sergio Muñoz: el segundo ministro supremo destituido desde el retorno a la democracia

Ilustración caída de Muñoz Imagen generada con IA. Click para ampliar T
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El Senado chileno aprobó la acusación constitucional contra Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema, por notable abandono de deberes. Este hecho marca la segunda vez que un juez del máximo tribunal es destituido desde el retorno a la democracia. La destitución de Muñoz no solo sacude el sistema judicial, sino que también expone los límites de la independencia judicial y las influencias internas.

Puntos claves:

  • Contexto del juicio político: Sergio Muñoz, considerado uno de los jueces más influyentes de la Corte Suprema, fue acusado de interferir en el caso de su hija, Graciel Muñoz, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago. Según la acusación, Muñoz la habría advertido sobre un fallo judicial que afectaría sus intereses económicos en un proyecto inmobiliario.
  • Votación histórica: La acusación constitucional incluyó dos capítulos, ambos aprobados en votación separada. El primer capítulo obtuvo 27 votos a favor y 21 en contra, mientras que el segundo fue aprobado por 25 votos a favor y 23 en contra. Esta votación fue impulsada por la oposición, con el apoyo clave del senador independiente Karim Bianchi.
  • Antecedentes del caso: El núcleo de la acusación se basó en que Muñoz no se inhabilitó en un caso donde su hija tenía intereses financieros, lo que implica una grave falta de imparcialidad. Además, no denunció las acciones indebidas de su hija, quien teletrabajó desde Italia sin notificar al Poder Judicial, violando el Código Orgánico de Tribunales.
  • El rol del gobierno y la defensa: A pesar de los esfuerzos del ministro de Justicia, Luis Cordero, y de varios senadores oficialistas para salvar a Muñoz, la oposición consiguió los votos necesarios para destituirlo. Cordero argumentó que la acusación era más una cuestión de interpretaciones judiciales que de infracciones claras. Sin embargo, estas gestiones no lograron detener el juicio político.
  • Divisiones en el Senado: El voto de los senadores fue influido por factores ajenos al caso en cuestión. Por ejemplo, la derecha votó en bloque a favor de la destitución, mientras que varios senadores oficialistas expresaron su preocupación sobre la legitimidad del proceso, señalando que podría afectar la independencia del Poder Judicial. El hecho de que algunos senadores, como Francisco Chahuán, no se inhabilitaran pese a tener vínculos familiares con el sistema judicial, generó polémica adicional.
  • Un precedente peligroso: Sergio Muñoz alegó que su destitución podría sentar un precedente peligroso para la independencia de los jueces en el futuro. Su defensa subrayó que los cargos no estaban relacionados directamente con sus funciones judiciales, sino con la vida personal y familiar, lo que pone en riesgo el equilibrio entre las esferas pública y privada de los magistrados.
  • La inhabilitación de cinco años: Como resultado de esta votación, Muñoz ha sido destituido de su cargo y no podrá ejercer funciones públicas durante cinco años, un golpe contundente para uno de los jueces más prominentes del país.

La destitución de Sergio Muñoz representa un momento crítico para el sistema judicial chileno, poniendo en el centro del debate la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial. Si bien las acusaciones contra Muñoz estaban relacionadas con actos personales y familiares, el proceso ha abierto una discusión más amplia sobre los límites entre la ética judicial y la intervención política. Las víctimas en este caso son, en última instancia, la confianza pública en el sistema judicial, que ahora enfrenta nuevos retos en su búsqueda de legitimidad.