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Boric cita sesión especial para la reforma de pensiones mientras acusa a “la ultraderecha”, alineándose a la incapacidad de la izquierda por tolerar diferencia de opinión

Ilustración peces izquiedistas sobre la ultraderecha Imagen generada con IA. Click para ampliar T
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El presidente Gabriel Boric convocó a una sesión extraordinaria en el Congreso para impulsar la aprobación de la reforma de pensiones, una de las principales propuestas de su administración. Sin embargo, lejos de unir voluntades, el Mandatario optó por culpar a lo que denominó “la ultraderecha chilena” por no dar la unanimidad requerida. Este gesto refleja una estrategia política que busca polarizar en lugar de construir consensos, en un tema que afecta directamente a millones de chilenos.

Puntos Claves:

  • Culpa a “la ultraderecha” por la falta de unanimidad: En lugar de admitir las dificultades para generar un consenso amplio, Boric recurrió a la descalificación política. En su cuenta de X, aseguró que “la ultraderecha chilena no dio la unanimidad requerida”. Esta narrativa simplista reduce el debate a una dicotomía política, ignorando las críticas legítimas hacia la reforma desde diversos sectores.
  • Sesión extraordinaria convocada por urgencia política: La reforma, que ha tardado más de dos años en ser debatida, será votada este miércoles en un tercer trámite constitucional. Boric hizo uso de su facultad presidencial para convocar esta sesión, un recurso que subraya la falta de planificación y consenso previo por parte del Ejecutivo.
  • Críticas al modelo propuesto: La reforma plantea un sistema mixto de pensiones, pero su diseño ha sido cuestionado tanto desde la izquierda como desde la derecha. Por un lado, sectores de izquierda critican que el modelo sigue dependiendo de las AFP, lo que contradice las promesas de campaña del gobierno, como “No + AFP”. Por otro lado, desde la derecha rechazan cualquier componente de reparto, defendiendo un enfoque estrictamente individual. En última instancia, el resultado parece ser un punto intermedio que refleja las concesiones hechas durante las negociaciones, dejando insatisfechos a ambos extremos del espectro político. Como ironizó la ministra Tohá: “Vamos a seguir teniendo AFP, esa es la verdad”.
  • Ironías en el discurso oficial: Es curioso cómo cualquier opinión contraria a las ideas del Ejecutivo se etiqueta como “ultraderecha”, una táctica que banaliza el debate político y descalifica posturas legítimas de oposición. Para la izquierda, parecería que disentir es sinónimo de extremismo.
  • La ministra Tohá y su defensa poco convincente: Carolina Tohá destacó que la reforma “pone fin al monopolio de las AFP”. Sin embargo, reconoció que estas continuarán operando, aunque con menos atribuciones. Este intento de vender un “triunfo parcial” no logra ocultar las concesiones realizadas, alejándose de las promesas originales del gobierno.
  • La reforma como legado político: Según analistas, esta reforma busca posicionarse como un hito para el gobierno de Boric. Sin embargo, más allá de las cifras y los discursos, el proyecto no resuelve de fondo los problemas estructurales del sistema previsional chileno. Se trata más de un avance cosmético que de una verdadera transformación.
  • Reacciones divididas: Mientras oficialismo y oposición intentan atribuirse el éxito de esta reforma, las críticas apuntan a la falta de profundidad en los cambios. Por ejemplo, la cotización adicional del 6% ha sido señalada como insuficiente para garantizar mejoras sustantivas en las pensiones.
  • Incertidumbre sobre el resultado final: Aunque el Senado aprobó el proyecto con amplia mayoría, la votación en la Cámara de Diputados podría enfrentarse a obstáculos. El gobierno espera que la sesión extraordinaria permita aprobar la reforma antes del receso legislativo, pero persisten dudas sobre si logrará los votos necesarios.

La insistencia del gobierno en culpar a la oposición y polarizar el debate revela una incapacidad para construir consensos sólidos en torno a una reforma tan crucial como la previsional. Aunque se presente como un avance hacia la justicia social, la propuesta parece más un intento desesperado por salvar un legado político que una solución efectiva para las pensiones en Chile.