“Todo Queda en Familia”: 31 Funcionarios del MOP Vinculados a Contratos con Parientes
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Una detallada investigación de BBCL Investiga (Bio Bio Chile) ha revelado graves conflictos de interés en la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Según lo reportado, 31 funcionarios aprobaron millonarios contratos con empresas vinculadas a familiares directos, lo que derivó en un sumario administrativo. Este caso pone en tela de juicio la transparencia en la administración pública y expone una alarmante falta de control interno.
Puntos Claves:
- Informe de Contraloría: Un documento de 63 páginas de la Contraloría General de la República evidencia que 31 funcionarios de Vialidad no se abstuvieron de participar en contratos donde trabajaban familiares directos. Esto compromete la objetividad de sus decisiones y contraviene normas administrativas.
- Caso Juan Carlos Oviedo: El exdirector regional de Vialidad del Bío Bío aprobó contratos con una empresa en la que trabajaban su hijo, su cónyuge y su padre. Además, él mismo prestó servicios allí antes de asumir su cargo. Los contratos involucraron aumentos de obra por $29 millones y otras gestiones administrativas.
- Funcionarios y empresas vinculadas: Además de Oviedo, se identificó a otros 30 trabajadores que intervinieron en contratos relacionados con familiares. Entre los casos más destacados figuran:
- Claudia Alejandra Müller Soto: Tramitó pagos a empresas donde trabajaba su cónyuge.
- Robert Muñoz Becerra: Participó en contratos para la empresa de su hermano.
- Rafael Recabal Quijada y Héctor Ibáñez Aguilera: Gestionaron contratos donde trabajaban familiares cercanos.
- Contratos con vínculos previos: Cinco funcionarios aprobaron contratos con empresas donde habían trabajado anteriormente. Entre ellos, Jairo Andrés Mathinson, inspector fiscal, quien gestionó pagos para una firma en la que laboró un año antes.
- Actos de corrupción adicionales: El exdirector regional de Vialidad en Arica y Parinacota, Rooney Focacci Yugo, utilizó recursos destinados a contratos públicos para gastos personales, incluyendo la compra de carnes premium y whisky, además de materiales para su vivienda familiar. Este caso es investigado por la Fiscalía.
- Respuesta de la Dirección de Vialidad: Ante estas revelaciones, se implementaron medidas como capacitaciones en ética, auditorías aleatorias y actualizaciones al Código de Ética. También se exigió a todos los funcionarios la presentación de declaraciones juradas de intereses y patrimonios.
- Impacto administrativo: El informe destaca que estas acciones infringen leyes y regulaciones internas. La falta de abstención y transparencia compromete gravemente la probidad administrativa.
El informe de la Contraloría General de la República deja en evidencia una alarmante falta de controles efectivos en el Ministerio de Obras Públicas, especialmente en la Dirección de Vialidad. Casos como los de Juan Carlos Oviedo y Rooney Focacci Yugo no solo exponen la necesidad de fiscalización más rigurosa, sino también de sanciones ejemplares que disuadan futuras irregularidades. Las acciones anunciadas por la Dirección de Vialidad, aunque representan un gesto inicial, parecen insuficientes frente a la magnitud del problema. Persisten dudas sobre si estas medidas tendrán un impacto real o si son meros paliativos. Es imprescindible que los responsables enfrenten consecuencias proporcionales a los daños causados, y que se implementen reformas estructurales para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
