Ministra en visita solicita que caso conscriptos sea investigado por Justicia Militar
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La ministra en visita, Jenny Book Reyes, dictó una resolución inhibitoria para que la investigación sobre la muerte del conscripto Franco Vargas quede a cargo de la justicia militar. El caso ocurrió en la Brigada Motorizada Nº 24 “Huamachuco” en Putre, y la ministra ha recopilado evidencia y testimonios como parte de la investigación.
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Puntos Claves:
- Centralización de la investigación: Jenny Book argumenta que trasladar el caso a la justicia militar permitiría centralizar y acumular todos los antecedentes relevantes en un solo tribunal especializado, lo que podría conducir a una investigación más coherente y enfocada.
- Especialización en asuntos militares: La ministra enfatiza que la justicia militar está más equipada para manejar casos que involucran personal y situaciones militares, dado su conocimiento especializado de la estructura, las normas y el funcionamiento interno de las fuerzas armadas.
- Rapidez en el proceso: Book resalta la necesidad de una resolución rápida debido a la naturaleza sensible del caso, argumentando que la justicia militar podría procesar el caso con mayor celeridad debido a su familiaridad con casos de esta índole.
- Garantías procesales: Aunque la justicia militar a menudo es vista con escepticismo respecto a la imparcialidad y transparencia, la ministra asegura que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar un proceso justo y transparente.
- Preservación de la cadena de mando: Uno de los argumentos más sutiles de la ministra es la preservación de la disciplina y la cadena de mando dentro del ejército, lo que podría verse comprometido si el caso es manejado por tribunales civiles.
La decisión de la ministra Jenny Book de solicitar la transferencia del caso de Franco Vargas a la justicia militar se basa en argumentos que enfatizan la eficiencia y especialización. Sin embargo, esta solicitud ha generado preocupaciones y críticas, particularmente sobre la imparcialidad y la transparencia de la justicia militar en casos que involucran derechos civiles y la seguridad de los conscriptos. La audiencia del 14 de mayo será determinante no solo para el futuro del caso, sino también para cómo la sociedad percibe la capacidad del sistema militar de juzgar a sus propios miembros con justicia e imparcialidad.
