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Libertad condicional para comunero Mapuche en Lebu que transportaba munición. Cumplió menos de la mitad de su condena

Ilustracion maletin con muncion en vehiculo Imagen generada con IA. Click para ampliar T
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La Corte de Apelaciones de Concepción ha concedido libertad condicional a Robinson Parra Sáez, un comunero mapuche en huelga de hambre, a pesar de que apenas cumplió menos de la mitad de su sentencia de 5 años y 1 día por tráfico de municiones.

Puntos Clave

  1. Contexto de la Detención y Condena: Robinson Parra Sáez fue arrestado en Tirúa en mayo de 2022 después de que Carabineros descubrieran 20 cajas con 500 cartuchos de escopeta en su vehículo. Fue condenado en abril de 2023.
  2. Tiempo Cumplido y Huelga de Hambre: Parra cumplió 23 meses de su pena antes de que Gendarmería solicitara su libertad condicional en abril de 2023, mientras participaba en una huelga de hambre.
  3. Consideraciones Legales: La solicitud de libertad consideró un abono de 9 meses por una prisión preventiva de una causa anterior en 2020 de la cual Parra fue absuelto.
  4. Decisión Judicial: La libertad condicional fue otorgada con la oposición de dos magistrados, quienes expresaron preocupación por el escaso arrepentimiento del comunero y criticaron el breve tiempo de condena cumplido y la ausencia de beneficios previos como salidas dominicales.
  5. Finalización de la Huelga de Hambre y Liberación: El comunero depuso la huelga de hambre y abandonó la cárcel el 12 de abril de 2023, el mismo día que se le notificó sobre su libertad condicional.

El caso de Robinson Parra Sáez resalta problemas significativos en la aplicación de la justicia en Chile, donde se observa una aparente ligereza hacia delitos graves como el tráfico de municiones. La decisión de otorgar libertad condicional a alguien que no ha cumplido siquiera la mitad de su condena y cuya actitud de arrepentimiento es cuestionada, plantea serias preocupaciones sobre la equidad y efectividad del sistema judicial. Este caso puede ser visto como un precedente preocupante que podría socavar la confianza pública en la capacidad del sistema judicial para administrar justicia de manera justa y rigurosa.