Juez Autoriza Videollamadas de Reos Ligados al Tren de Aragua, Generando Controversia
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Recientemente, un hecho controvertido ha surgido en el sistema penitenciario chileno, involucrando al juez Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía. El magistrado habría otorgado el permiso para que cuatro reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad realizaran videollamadas con terceros, una decisión que ha encendido las alarmas entre Gendarmería y el Poder Judicial debido al riesgo que esto podría representar.
Puntos Clave
- Autorización Judicial: El 25 de enero, el juez Urrutia concedió a cuatro internos del centro de reclusión la posibilidad de efectuar videollamadas con personas no autorizadas por la administración penitenciaria.
- Riesgos de Seguridad: Las autoridades penitenciarias han expresado su preocupación, argumentando que esta medida pone en peligro la seguridad tanto del personal como de los reclusos, especialmente considerando que entre ellos se encuentran miembros de bandas delictivas como el Tren de Aragua.
- Recurso de Protección: Ante la ratificación del juez sobre su decisión, Gendarmería apeló a la Corte de Apelaciones de Santiago, subrayando el elevado nivel de operatividad del crimen organizado y la necesidad de mantener altos estándares de seguridad dentro de la prisión.
- Suspensión Temporal: La Justicia ha emitido una orden de no innovar, pausando la implementación de las videollamadas hasta obtener más detalles sobre la decisión del juez.
- Casos Concretos: Se reveló que dos miembros del Tren de Aragua, Carlos González Vaca y Hernán Landaeta, habrían realizado videollamadas mientras estaban en prisión preventiva, lo que añade preocupación sobre la medida.
La decisión del juez Urrutia de permitir videollamadas de reos vinculados al Tren de Aragua, una organización de alta peligrosidad, ha encendido un intenso debate sobre la seguridad en el sistema penitenciario de Chile. Este caso pone de relieve la profunda preocupación y desconfianza que genera el manejo de los derechos de reos implicados en actividades criminales severas. Mientras las autoridades judiciales y penitenciarias debaten el impacto de tal medida, la sociedad chilena queda a la espera de una resolución que, ante todo, priorice la seguridad pública y la integridad del sistema carcelario. Este conflicto subraya no solo la tensión existente entre los derechos individuales y la seguridad colectiva, sino también el desafío constante que enfrenta el Estado para contener las amenazas que grupos como el Tren de Aragua representan para la sociedad.
