Benjamín Huerta Escobar: Detenido beneficiario de Pensión de Gracia, estaba prófugo por conducir bajo influencia de drogas
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Según informa Ex-Ante, este miércoles Carabineros detuvo a Benjamín Huerta Escobar en Ovalle, quien había sido declarado prófugo de la justicia desde marzo. Huerta, conocido en la región de Coquimbo por recibir una pensión de gracia del 18-O, enfrentaba cargos por conducir sin licencia y bajo la influencia de drogas. Su caso ha generado controversia y cuestionamientos sobre la continuidad de su beneficio.
Puntos Claves
- Detención y Prófugo: Huerta Escobar fue detenido por Carabineros en Ovalle el pasado miércoles, luego de ser declarado prófugo de la justicia por la jueza Ethel Henríquez. Su orden de detención estaba vigente desde marzo.
- Incidente Inicial: El 21 de octubre de 2023, Huerta fue detenido por conducir sin licencia y drogado con cocaína, THC y anfetaminas.
- Audiencias Ausentes: Huerta se ausentó repetidamente de sus audiencias de formalización de cargos, programadas inicialmente para diciembre de 2023.
- Pensión de Gracia: Huerta recibió una pensión de gracia otorgada por el gobierno de Sebastián Piñera y aumentada por la administración de Gabriel Boric a $444.767 mensuales.
- Antecedentes Previos: Huerta tenía antecedentes por maltrato de obra a Carabineros y receptación de vehículo motorizado.
- Controversia Política: La detención de Huerta ha generado críticas de diputados de oposición que exigen la revocación de su pensión. Argumentan que no se deben financiar a personas con antecedentes delictuales.
- Respuesta del Gobierno: El gobierno ha evaluado la revocación de pensiones de gracia en otros casos de condenados por delitos graves, siguiendo un proceso de revisión de beneficios.
El caso de Benjamín Huerta Escobar, detenido por conducir sin licencia y bajo efectos de drogas, y su estatus como beneficiario de una pensión de gracia del 18-O, ha suscitado un debate político sobre la asignación y continuidad de estos beneficios. La administración actual enfrenta presiones para revocar pensiones a individuos con antecedentes delictuales, mientras se mantiene la necesidad de evaluar cada caso en particular para asegurar la justicia y el uso adecuado de los recursos públicos.
