En recientes eventos en Temuco, Chile, un auxiliar de mantenimiento del Colegio Aplicación ha sido formalmente acusado y detenido por abusos sexuales reiterados a tres menores de edad. Las víctimas, dos niños y una niña de seis años, asisten a primer año básico en dicho colegio. El caso ha provocado una fuerte reacción de la comunidad educativa y los padres de los estudiantes afectados.
Detalles Clave del Caso
- Identidad del Acusado: David Molina, auxiliar de mantenimiento del Colegio Aplicación, ha sido imputado por delitos de abuso sexual infantil reiterado.
- Periodo de los Abusos: Los abusos se realizaron entre marzo y el 18 de abril en las instalaciones del colegio.
- Reacción de la Comunidad: Padres y apoderados han mostrado su solidaridad con las víctimas a través de manifestaciones y actos de protesta frente al colegio, incluyendo pancartas y barricadas.
- Medidas Judiciales: El Juzgado de Garantía de Temuco ha impuesto prisión preventiva para Molina y ha otorgado un plazo de cuatro meses para finalizar la investigación.
- Incidentes Asociados: Durante las protestas, se han reportado ataques a las instalaciones del colegio, incluyendo el robo de equipos y el incendio de un vehículo perteneciente al acusado.
Impacto en la Comunidad Educativa
- Manifestaciones y Violencia: Apoderados han realizado varias manifestaciones, expresando su ira y frustración. Incluso, una apoderada intentó agredir físicamente al acusado durante una audiencia judicial.
- Suspensión de Clases: El colegio ha suspendido clases y todas las actividades educativas por una semana debido a la gravedad de la situación y los disturbios ocurridos.
- Respuesta Institucional: La Corporación San Lorenzo, responsable del colegio, admitió haber reaccionado tardíamente a las denuncias. La seremi de Educación de La Araucanía también se ha involucrado, ofreciendo apoyo a las familias afectadas.
El caso de abuso sexual en el Colegio Aplicación de Temuco ha sacudido a la comunidad, revelando no solo la gravedad de los hechos denunciados sino también las profundas fallas en la respuesta institucional inicial. El proceso judicial en curso buscará esclarecer completamente los hechos y asegurar la justicia para las víctimas. Mientras tanto, la comunidad educativa sigue exigiendo medidas de protección y prevención más efectivas para garantizar la seguridad de los estudiantes en el futuro.