Narco soldado de “Los Gallegos” se fuga de Chile pese a libertad vigilada
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Un miembro colombiano del grupo criminal “Los Gallegos”, parte del Tren de Aragua, logró fugarse de Chile hacia Colombia a pesar de estar bajo libertad vigilada. Junior Suárez Hernández, condenado por tráfico de drogas, escapó del país cinco días después de recibir su sentencia, revelando serias fallas en los procedimientos judiciales y migratorios.
Claves del caso
- Condena y fuga
- Junior Suárez Hernández fue condenado el 15 de enero de 2024 a 4 años de libertad vigilada intensiva por tráfico de drogas en Cerro Chuño, Arica.
- El 20 de enero, Suárez salió de Chile a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez, rumbo a Colombia.
- Condiciones incumplidas
- Suárez debía mantener contacto regular con Gendarmería, tener un domicilio fijo y participar en programas formativos y laborales. Estas medidas fueron incumplidas casi de inmediato.
- Descubrimiento de la fuga
- El 8 de abril, Gendarmería reportó el incumplimiento de Suárez, quien no se había presentado a cumplir con las medidas de su condena.
- La jueza Paulina Zúñiga ordenó su detención el 10 de abril, pero la PDI ya había confirmado su salida del país desde el 20 de enero.
- Error en el procedimiento migratorio
- Se descubrió que Suárez no se fugó por sus propios medios, sino que fue expulsado por la PDI el 21 de enero, contraviniendo una sentencia judicial.
- El Servicio Nacional de Migraciones había dictado su expulsión el 17 de enero de 2023, pero esta estaba condicionada al cumplimiento de su pena en Chile, lo cual no se respetó.
- Acciones y contexto judicial
- Suárez fue arrestado en junio de 2022 durante un operativo en Cerro Chuño, donde se incautaron drogas y armamento.
- En prisión preventiva, Suárez fue sancionado por Gendarmería por posesión de armas blancas y otros actos de indisciplina.
La fuga de Junior Suárez Hernández expone serias deficiencias en el sistema de supervisión y en el manejo de procedimientos migratorios en Chile. La contradicción entre la sentencia judicial y la expulsión ejecutada por la PDI resalta la necesidad de una mejor coordinación entre las autoridades judiciales y migratorias para evitar que delincuentes condenados evadan sus penas.
